Diputada pugna por derechos de conductores discapacitados

San Luis Potosí, SLP.- A fin de establecer claramente los requisitos para que las personas con discapacidad puedan obtener las placas y tarjeta de circulación que identifique sus vehículos con el distintivo respectivo, la diputada Lucila Nava Piña presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito.

Mediante esta iniciativa se propone que las personas con discapacidad que requieran de este distintivo, acrediten su estado con la certificación que los acredite estar inscritos en el Registro Estatal de las Personas con Discapacidad a que se refiere la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí o bien, con la certificación que expida un especialista médico en la que se contenga; nombre, registro y especialidad del médico que la expide, datos del paciente y descripción del tipo de discapacidad.

Además, indica que en el caso de las placas y tarjeta de circulación con el distintivo de discapacidad, éstas deberán ser dadas de baja en caso de muerte del beneficiario por parte de sus sucesores en un plazo máximo de 30 días contados a partir de que verifique el descenso.

Indica que con esta iniciativa, se busca asegurar a las personas con discapacidad desde la legislación, el acceso a la expedición de placas y tarjeta de circulación que identifique a esos vehículos con el fin de que accedan a los espacios que por disposición de las leyes y reglamentos deben ser exclusivos para el uso de esas personas.

“En nuestro estado, se aplican criterios que son emanados de acuerdos administrativos y que, han representado obstáculos que impiden el acceso a las placas que contengan el logotipo de uso internacional en favor de las personas con discapacidad”.

Detalla que la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establecen principios básicos y obligatorios para que el Estado diseñe, ejecute y evalúe políticas públicas a favor de las personas con discapacidad.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes; y, Derechos Humanos, Equidad y Género.