CMIC, la mafia de la construcción y sus contratos leoninos

San Luis Potosí, SLP.- El líder de la CMIC en San Luis Potosí Marco Antonio Uribe Ávila vive a expensas de las cuotas de sus socios a pesar de que sólo les consigue obras millonarias a sus cuates y de convenios leoninos a con 30 ayuntamientos, a los que les impone el 15 por ciento del valor de cada licencia de construcción que expiden y el .1 por ciento por cada obra social.

Mientras que la revista Proceso le señala al alcalde de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Juárez bienes inmuebles por más de 100 millones de pesos, presuntamente acumulados en los últimos nueve años, valdría la pena que la revista también analizara el enriquecimiento inexplicable de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que en dicho Estado se lleva a la bolsa más de 40 millones de pesos anuales a través de cuotas gremiales y convenios leoninos con los ayuntamientos a cambio de cursos y diplomados “patito” y sin reconocimiento oficial.

Hace unos días, el presidente de la CMIC en San Luis Potosí José Marco Antonio Uribe Ávila contribuyó con su testimonio a un artículo publicado por la revista Proceso, que le señala al alcalde de San Luis Potosí bienes millonarios -sin considerar que el empresario avícola los enlistó en su declaración patrimonial 2009, al momento de convertirse en alcalde del municipio conurbado de Soledad- y de forma directa, el constructor le achacó al funcionario el favorecer a empresas constructoras de su propiedad para la obra pública municipal.

La molestia de Uribe Ávila radica en dos aspectos fundamentales que no le mencionó a Proceso: a su entrada como alcalde de San Luis, Gallardo Juárez eliminó una injusta aportación adicional a lo que marcaba la ley de Ingresos que todo constructor tenía que dar si quería una licencia de construcción y que iba a parar a la caja chica de la CMIC, equivalente nada más y nada menos que al 15 por ciento del valor de cada licencia.

Tan sólo en el trienio 2012-2015, gobernado por el priista Mario García Valdez, la CMIC obtuvo sin mover un solo dedo 22 millones 293 mil pesos que no le dio el Ayuntamiento, sino la ciudadanía. A cambio de este dinero pagado “voluntariamente a fuerzas”, la CMIC brindaría diversos cursos y diplomados patito, sin sustento y sin personal capacitado a los trabajadores municipales.

Como si el pago de impuesto predial, agua y otros servicios municipales no fuera suficiente, la ciudadanía también tenía que pagar este tipo de capacitaciones a los burócratas municipales. Dicha aportación aparecía en las licencias de construcción como “I.C.M.C.” (Instituto de Capacitación de Ingenieros Constructores), la cual engordaba el de por sí abultado impuesto para quienes deseaban ampliar, construir o remodelar sus viviendas o comercios.

En 2012 el gobierno de Mario García Valdez le transfirió 16 mil pesos; en 2013: la cantidad de 5 millones 729 mil 811 pesos; en 2014: 7 millones 602 mil 978 pesos y en los meses de 2015 correspondientes a su trienio, el gobierno priista le transfirió a la CMIC 8 millones 943 mil pesos que suman un total de 22 millones 293 mil pesos, cantidad que hay que sumar a lo recaudado en los 30 municipios en los que la CMIC mantiene su ilegal cuota. Reciben dinero por hacer nada.

Para ser más claros: si en los años antes mencionados usted quería remodelar su casa de interés social y el Ayuntamiento le cobraba mil pesos, la CMIC le exigía a usted 150 pesos más que recibían las cajas municipales pero que le eran transferidos a las cuentas del presidente local de la CMIC en turno. En octubre de 2015, el alcalde Ricardo Gallardo Juárez eliminó de tajo esa injusta práctica, ganándose la enemistad del presidente en turno de dicho gremio.

El segundo aspecto es que en 2015, la leonina Cámara pretendía imponer otro convenio con el Ayuntamiento capitalino para que le transfiriera a su cuenta el.1 por ciento de toda la obra pública social bajo el argumento de continuar brindado “asesoría y apoyo” a través de sus imperfectos y limitados cursos de capacitación como Autocad, Excel y Windows –que a decir de los participantes bien podría brindarlos una preparator.

De no haber cortado la injusta aportación adicional de las licencias de construcción y de haber suscrito el segundo leonino convenio, el Ayuntamiento tendría que transferirle anualmente un aproximado de más de 22 millones de pesos por I.C.I.C. y 4 millones de pesos más considerando que lo invertido para desarrollo social en San Luis capital fue de 400 millones de pesos: más de 26 millones de pesos (tan solo por convenios con el municipio de San Luis), que mejor se destinaron para pavimentar más calles y ampliar los beneficiarios de los programas sociales.

La supuesta riqueza que le señalan al alcalde de 100 millones de pesos en propiedades acumuladas en 9 años como servidor público sería entonces superada por la CMIC en San Luis Potosí con sus contratos leoninos suscritos con 30 municipios del Estado que sí cayeron en su chantaje mediático, pues estaría obteniendo más de 40 millones anuales ( a través de éstos convenios municipales y cuotas gremiales), para sumar un total de 360 millones de pesos en el mismo lapso en que los Gallardo supuestamente incrementaron su riqueza.

Si un municipio no cae en su juego, los presidentes de la CMIC en turno recurren al chantaje mediático y al desprestigio público de los alcaldes, a quienes les cuestionan presuntos actos de corrupción cuando es el mismo organismo el que promueve la corrupción tratando de que la ciudadanía les pague su vida de lujos.

Con las cuotas ilegales que la CMIC pretende imponer en San Luis Potosí, José Marco Antonio Uribe Ávila, su secretario José Iga Sabag, su tesorero Salvador Peña Pérez y su grupo de vicepresidentes, incluido Leopoldo Stevens se la pasan de lo lindo en restaurantes de lujo, vuelos de avión, casas, autos y congresos internacionales. Todo un negocio redondo de la CMIC de imponer cuotas con convenios irrelevantes a los que los alcaldes menos preparados e informados se prestan por miedo al chantaje mediático de dicho organismo.

Otro dato denunciado por algunos de sus agremiados (los menos favorecidos) es que la CMIC en San Luis Potosí sólo consigue obras de relevancia para los socios de alcurnia, para la cúpula, para los “top of the top”, un grupito de potosinos de abolengo que se va pasando la estafeta en la dirección del organismo y que se enriquecen de manera descarada con los contratos de obra con los gobiernos federal, estatal y municipales.

Mientras que, al vulgo, a la mayoría de sus agremiados les ofrece “beneficios” más indignos que los botellones de agua purificada que le critican al alcalde capitalino: convenios de poca monta como el de Banorte para “acceder a mejores productos financieros” y otro con una sola notaría pública de la capital que les ofrece 20 por ciento de descuento en sus de por sí injustos y elevados honorarios.

“Tenemos que ir a buscar obra a los municipios porque la CMIC no nos consigue nada, apenas podemos conseguir obras chiquitas y encima le tenemos que reportar todas las obras que tenemos, incluso las empresas tienen que presentar su acta constitutiva y su declaración patrimonial para quitarnos un porcentaje, Marco Antonio Uribe también tiene empresas y son las que obtienen las mejores obras”, denunció un miembro de la CMIC que pidió anonimato.

La última razón por la que la CMIC en San Luis Potosí, con su acostumbrada doble moral y su afición por el dinero fácil dispara sus dardos mediáticos contra el alcalde Ricardo Gallardo Juárez es que, siendo candidato a la alcaldía, el empresario pollero se reunió en un desayuno con los miembros de dicha Cámara y les pidió que le cobraran a Mario García Valdez la deuda supuestamente tenía su administración con los constructores, porque el municipio estaba en bancarrota y los recursos disponibles los utilizaría en obra social y pagar la deuda pública que entonces ascendía a mil 300 millones de pesos.

Gallardo Juárez nunca firmó compromisos con la CMIC y al contrario, benefició a la ciudadanía, que dejó de pagar cuotas adicionales por licencias de construcción.