DE DIPUTADOS… VORACES Y DESCARADOS

Por: ELDE

El martes amanecimos con la noticia de que algunos diputados pidieron a la Secretaría de Finanzas que reintegre recursos que desde el principio de la administración estuvieron donando. 25 mil cada uno, supuestamente, sin embargo este asunto no es tan simple como parece.

Primero, cabe recordar que desde que los legisladores decidieron donar 25 mil pesos ellos mismos establecieron qué debía hacerse con ese dinero, lo cual Finanzas hizo sin mayor problema. El caso estaba cerrado y según lo que los diputados donaban es lo que la dependencia enviaba al DIF.

Para poner las cosas en perspectiva la cosa es tan simple como que una dependencia cualquiera, tenga destinado cierto recurso que al término del plazo no utilizó, en ese caso se reintegraría a Finanzas y la dependencia que no aprovechó el dinero no tendría facultad de pedir cuentas sobre qué se hizo con ese recurso.

Ahora, en el caso de los diputados, ellos mismos estuvieron enviando cheques a Finanzas para que los destinara al DIF, de eso hay pruebas incluso fotográficas y la cosa ahí termina, pues se cumple con lo que los propios diputados dispusieron.
Pero como no son tontos, ahora salen con que quieren ese dinero de vuelta. Sería bueno que se aventaran un clavado a sus cuentas para que vieran que su intención no solo está fuera de lugar, sino que raya en el abuso.

“Yo desde el principio me manifesté en contra, sé que la Secretaría de Finanzas hizo una retención para asociaciones civiles y que sería distribuido posteriormente, se hizo cinco quincenas y sé por lo que escucho que no se ha reintegrado ni se le entregó a nadie, por lo que he escuchado de varios compañeros”, dijo para PULSO la diputada Lucila Nava, quien funge en el Congreso como una extensión de Eugenio Govea.

Vale recordar que la señora diputada ni siquiera entró en la dinámica de los 25 mil, ella misma, supuestamente, se encargó de destinar directamente el donativo a quien sabe dónde, pues pruebas de que lo haya hecho no existen. En la misma circunstancia estaban Héctor Mendizábal Pérez y Jesús Cardona Mireles.

De la voracidad y falta de vergüenza de los diputados se ha hablado durante toda la legislatura y muy seguramente se seguirá hablando incluso cuando se vayan, así que dejémoslos descansar con eso, sin embargo, hablando de Mendizábal, vamos a otro asunto.

Mediante un comunicado enviado por su oficina de prensa Mendizábal dice: “Nuestra función como Comisión Especial de Atención a Denuncias de Periodistas es darle el seguimiento, apoyar en que estos casos se resuelvan, insistir en ello, no somos una instancia jurisdiccional, de hecho por ahí se puede malinterpretar nuestra acción o nuestra solicitud de información a las dependencias y a las comisiones de Derechos Humanos, tanto la estatal como la nacional, pero creo que se han logrado algunos avances y a ningún caso se le ha dado carpetazo, entonces vamos a seguir insistiendo en este sentido”, esto con respecto a las denuncias de violencia contra periodistas.

No nos hagamos, señor diputado, la cosa es muy clara, si les dictan línea desde el Palacio de Gobierno es muy fácil lavarse las manos y justificar su falta de acción con el asunto de la responsabilidad de cada quién. Las amenazas de muerte e incluso los hechos que han terminado en tragedia no conocen de instancias, y lo peor, tampoco conocen la justicia. No esperemos otra tragedia para actuar.

La explicación los diputados deben pedírsela al líder de los priistas, Fernando Chávez, quien seguramente tiene la información exacta de lo que pasó con ese recurso, en qué se utilizó y cuánto fue lo que los diputados “donaron”.

LAS CUENTAS ALEGRES

Ya para acabar, otra de los diputados. Resulta que está prácticamente planchada la aprobación de las cuentas públicas a cambo de que el Ejecutivo no le mueva a las denuncias por los abusos, excesos, fraudes y demás casos de corrupción de los mal llamados legisladores.

Hace unos días fueron citados a reunión en casa de gobierno, diputados de diversas fracciones, quienes fueron puestos a prueba para ver si estaban dispuestos a pasar las cuentas públicas a cambio de algún tipo de compensación.

Parece incluso normal que el Ejecutivo haga sus “gestiones” y ofrezca el pago de favores, pues a eso nos tienen acostumbrados. Habrá que ver qué hace la flamante auditora superior del estado, Rocío Cervantes, quien funge más como cómplice que como revisora, en fin…

La publicación se ampara el el Artículo 6 Constitucional.