San Luis Potosí, S.L.P.- En sesión ordinaria se aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de resolución que presentaron las comisiones de Puntos Constitucionales; Primera; y Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal que contempla un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado exhorte a los 58 ayuntamientos de San Luis Potosí a no incrementar el sueldo a los integrantes del cabildo, ni a los funcionarios, ni tampoco asignarles compensaciones, bonos y sobresueldos, ante la situación económica que vive la hacienda pública del Estado.
Sobre todo porque San Luis Potosí, al igual que muchas entidades federativas de nuestro país, atraviesa una difícil situación económica en las finanzas públicas debido a varios factores que en algunos casos las han vuelto prácticamente insostenibles: nóminas engrosadas históricamente, laudos laborales impagables, deuda pública acumulada poco manejable, grandes necesidades sociales y recursos económicos en declive y siempre insuficientes.
El 15 de diciembre del año pasado los medios de comunicación de la entidad registraron una información relativa al ayuntamiento de Matehuala en el que se consignaba que a “tres meses de gobierno, los regidores no aguantaron más y se dieron un aumento del 20 por ciento a sus compensaciones para el 2013, y que no conformes con eso se aprobaron 30 mil pesos de bono navideño pagadero en dos etapas, lo que contradice el plan de austeridad, argumento para el despido de un buen número de trabajadores. Al autorizar el aumento del 20 % a las compensaciones de los regidores, los representantes populares que devengaban 20 mil pesos mensuales comenzaron a recibir a partir de entonces $ 24 mil.
Justamente por eso, es necesario hacer un respetuoso llamado para que con sensibilidad social se evite incurrir en estas prácticas que a los ojos de los ciudadanos caen en el supuesto de francos abusos, según se establece en la exposición de motivos del dictamen aprobado.
Se aclara que los ayuntamientos tienen la libertad de decidir aquellos asuntos de orden interno relativos al manejo de su hacienda municipal y toma de decisiones públicas, sin embargo, ello no es impedimento para destacar que el espíritu de este diseño constitucional parte del hecho de que las decisiones autónomas que toma un gobierno municipal son en favor del interés público y para honrar la representación popular que ostentan y no en aras de su propio beneficie, y mucho menos si para satisfacer ese apetito se pone en riesgo los recursos que le permitan al ayuntamiento cumplir con su obligación de otorgar servicios públicos de calidad y solventar sus distintas responsabilidades legales.
También se aprobó por unanimidad el dictamen Minuta Proyecto de Decreto que presentó la Comisión de Puntos Constitucionales que valida la reforma de las fracciones II, III y IV; y deroga párrafo último del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
