Ocho municipios no han cumplido con sus cuentas

Delia

San Luis Potosí, S.L.P.- La diputada Delia Guerrero Coronado, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, informó que concluyeron la revisión de los 107 informes de cuentas públicas de los 58 ayuntamientos, organismos operadores de agua potable y sistemas DIF municipales, correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Dijo que únicamente quedan pendientes de revisión las cuentas públicas de los 3 poderes del Estado para concluir con la revisión a los informes que fueron presentados por la Auditoría Superior del Estado.

“Aquí quiero reconocer el trabajo de la Comisión de Vigilancia de que muy a tiempo terminamos la revisión de estos informes; el viernes los entregaran al pleno porque el sábado es el último día de plazo que tenemos para la entrega, para ser votados y discutidos el próximo jueves”.

Agregó que entre los municipios que tienen la mayor cantidad de observaciones financieras se encuentran Cedral con cerca de 400 millones de pesos y la capital con 234 millones de pesos; aunque, detalló que las observaciones varían dependiendo de la cantidad de recursos que reciben las administraciones municipales.

Sobre el caso de los ex funcionarios del municipio de Matehuala que fueron detenidos, la legisladora indicó que se debió al desahogo de la denuncia penal que fue presentada por la Auditoría Superior del Estado ante la Procuraduría de Justicia, por incumplir con la presentación en tiempo y forma de su cuenta pública, mismo caso que enfrentan otros 6 municipios.

“La Auditoria Superior del Estado hizo lo que le corresponde al interponer denuncias penales en la procuraduría y ahorita se está ejecutando y haciendo esas detenciones, ahorita es de los municipios que no entregaron en tiempo la cuenta. Son 7 municipios que ya habíamos comentado que incumplieron con esta obligación y  que son Matehuala, Ébano, Tamuín, Tanquian, Villa de Hidalgo y Rayón”.

Guerrero Coronado señaló que luego de la presentación al pleno de estos informes, los funcionarios cuentan con un plazo para desahogo de las mismas ante la Auditoría Superior del Estado, antes de que se determinen las sanciones correspondientes.