Ciudad de México.- Con relación a la puesta a disposición del Ministerio Público de 22 personas, entre ellas 18 hombres, tres mujeres y un menor, por los hechos ocurridos durante la marcha denominada “Halconazo”, celebrada este 10 de junio, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informa:
En todo momento se han respetado los derechos humanos de estas personas, quienes han tenido las facilidades para entrevistarse con el grupo de abogados; han mantenido contacto directo con los cerca de 15 litigantes que los representan y se entrevistaron con ellos previo a rendir declaración ministerial.
Asimismo, mantienen contacto con sus familiares y desde el momento que fueron detenidos ha estado presente personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Se recabó declaración ministerial de los probables responsables, quienes se ubican en el lugar de los hechos y manifestaron que formaban parte de la marcha denominada “Halconazo”.
El Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación ha tomado declaración a 28 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que participó en el operativo de la mencionada marcha, quienes son testigos de los hechos.
Se tiene denunciado el daño a bienes en las instalaciones de un partido político, del Gobierno del Distrito Federal, a la plancha del Zócalo y a una tienda de conveniencia, así como a equipos de protección del personal de la Secretaría de Seguridad Pública.
Por lo que hace a la puesta a disposición de un menor de edad, el Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, resolvió su situación jurídica esta madrugada, toda vez que de las constancias solamente se le ubica en el lugar de los hechos y no se registró imputación en su contra. Imágenes de video no captaron acción agresiva del menor, por lo quedó bajo custodia y atención de sus familiares.
Cabe destacar que el término constitucional, de 48 horas, para resolver su situación jurídica concluye a las 23:00 horas, de hoy, por la probable comisión de los delitos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad, lesiones y lo que resulte, tiempo en el que el representante social, dentro de sus atribuciones y facultades, resolverá con estricto apego a derecho y respeto irrestricto a los derechos humanos.
