Recibe CEDH queja de familiares de supuesto baleado por Agentes Estatales

Comision Estatal De Derechos Humanos del Estado de SLP

San Luis Potosí, S.L.P.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió queja de familiares de Leonel Salvador Ramos Villegas, de 26 años de edad, en la cual hacen señalamientos directos de que fue baleado por agentes de policía de Seguridad Pública del Estado,  y actualmente se encuentra grave en el Hospital Central.

Leonel Salvador recibió tres lesiones producidas por proyectiles, disparados por arma de fuego, en la región clavicular y el costado izquierdo, en hechos registrados el sábado 24,a las 4:30 de la mañana.

De acuerdo con la información recabada por la CEDH en este acto intervinieron agentes de Seguridad Pública del Estado, quienes informaron haber acudido a una llamada de auxilio sobre supuesta riña registrada en la colonia Ricardo B. Anaya.

Ante estos acontecimientos, la CEDH hace patente que no se opone a la prevención ni al combate a la delincuencia, sino a que con pretexto de ello, las autoridades policiacas vulneren los derechos humanos de los ciudadanos, como en este caso.

El organismo estatal protector de los derechos humanos hace un llamado a la autoridad de la secretaría de seguridad pública, para que revise los  protocolos de actuación de sus elementos, particularmente en lo que se refiere al uso correcto de la fuerza pública y armas de fuegos, y como lo solicitó en la recomendación No 9, se emitan protocolos de actuación y se aplique adiestramiento permanente a los policías, sobre el uso correcto de las armas de fuego.

Esta Comisión hace también un llamado a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, para que en el caso de Leonel Salvador Ramos, quien actualmente presenta una condición grave de salud, debido a sus lesiones, realice las investigaciones a la brevedad posible, esclarezca los hechos y ejercite la acción penal contra quien resulte responsable de los mismos.

La Comisión Estatal por su parte, ha solicitado los informes correspondientes a la autoridad señalada como responsable; ha requerido el certificado médico del agraviado y recaba testimoniales para acreditar la violación de los derechos humanos.