San Luis Potosí, SLP.- El pleno del Congreso del Estado aprobó la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado, la cual tiene como fin el mejorar la atención y los procedimientos para brindar a la ciudadanía una atención integral.
Con esta legislación se atiende a las necesidades del Ministerio Público, y se determinan sus atribuciones; la organización y funciones de la Procuraduría General de Justicia, así como de los órganos que la integran, para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público le competen.
Se crea la Unidad de Atención Temprana, como la entidad encargada de recibir de forma inmediata las quejas y reclamos sociales que se presenten para canalizarlas a las unidades de investigación, o al Centro de Solución de Controversias; y se crea el Centro de Solución de Controversias de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en observancia a la disposición constitucional que determina la previsión de mecanismos alternativos de solución de controversias.
Además, se fortalecen las atribuciones del Centro de Evaluación y Control de Confianza para su correspondiente incorporación en la base de datos nacional, a fin de mantener actualizada la información y evitar la contratación de personal que no haya aprobado los exámenes respectivos.
Destacan las atribuciones de las que se dota a la Subprocuraduría Especializada en delitos sexuales, contra la familia y grupos vulnerables, además de ampliar los asuntos que va a conocer, como intervenir en las políticas, estrategias y programas en materia de derechos humanos de la Procuraduría; vigilar la correcta atención a las quejas que formule la población en materia de derechos humanos; dictar órdenes de protección de emergencia, preventivas y de naturaleza civil, medidas cautelares, como acciones de protección en función del interés de la víctima u ofendido, entre otros.
En lo relacionado a la Policía Ministerial, se modifica su esquema de jerarquización y se denomina a su titular Comisario, a quien se le brindan atribuciones para actualizar a los integrantes de la Policía Ministerial, los métodos y técnicas de investigación, y para garantizar la recopilación técnica y científica de evidencias mediante el uso de los protocolos de investigación y de cadena de custodia que adopte la Procuraduría General de Justicia; además, deberá fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo, y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando.
Resalta el tema de la publicidad, y la prohibición de informar acerca de la identidad de los detenidos, imputados o acusados, víctimas, testigos o personas que pudieran estar vinculadas con un hecho punible.