San Luis Potosí, SLP.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos informa, que el Presidente Municipal de Rioverde, Ing. Alejandro García Martínez, a través del oficio 653/14, aceptó en su totalidad las MEDIDAS CAUTELARES, que se emitieron en el caso de un ciudadano que denunció posibles actos violatorios del Director y elementos de Seguridad Pública de ese lugar.
Cabe recordar que el pasado 26 de marzo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, dio vista al Congreso del Estado, para que cite a comparecer al Presidente Municipal de Rioverde, por la negativa de aceptar una medida cautelar de protección de los Derechos Humanos de un habitante de aquel municipio.
El documento dirigido al Presidente del Congreso del Estado, Fernando Pérez Espinosa y firmada por el Presidente de la CEDH, Jorge Vega Arroyo, refiere que el 6 de febrero de 2014, esta Comisión Estatal radicó el expediente DQ-112/14 con motivo de la queja que presento un ciudadano, quien denunció actos de posibles violaciones a sus derechos humanos atribuibles al Director y elementos de seguridad pública municipal de Rioverde.
El Presidente Municipal de Rioverde, en respuesta a la solicitud que hizo este Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, precisó que ofrece la mayor colaboración al trabajo que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, que desde luego otorgará, las facilidades y apertura, para que se lleve a cabo la investigación correspondiente.
Además de ello, ha girado instrucciones a efecto que se lleven a cabo las MEDIDAS CAUTELARES correspondientes para garantizar la protección a los Derechos Humanos de la Víctima, y que estará al pendiente del resultado que en este asunto determine la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos dará vista de lo anterior al Congreso del Estado, para que los efectos a que haya lugar. Reconoce también la voluntad que el gobierno municipal de Rioverde, ya que en ello se enmarque en el compromiso, y señala el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala la obligación de toda autoridad, de respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos.
El Organismo Público autónomo, señala que continuará la investigación del caso, ya que las MEDIDAS CAUTELARES, se emiten para el efecto de que no se vulneren los Derechos Humanos o que se causen daños de difícil o imposible reparación.
