Senadores deben nombrar a los magistrados electorales

Dip. José Francisco Martinez Ibarra

San Luis Potosí, SLP.- Francisco Martínez Ibarra, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa que busca reformar la fracción VI del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.

El legislador señaló que esta reforma es para armonizar la Constitución Estatal con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se tienen que realizar cambios en el marco jurisdiccional electoral en el ámbito local adecuando la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de San Luis Potosí.

Explicó que actualmente a la Secretaria General de Gobierno corresponde el despacho del asunto contemplado en dicha fracción que establece tramitar ante el Congreso lo relacionado con los nombramientos de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal Electoral, y de conformidad con los dispuesto en el artículo transitorio décimo del decreto citado los  magistrados de órganos jurisdiccionales  locales  en materia electoral, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor  de las normas previstas transitorio segundo continuaran en su encargo hasta en tanto se realicen los nuevos nombramientos, en los términos previstos por la fracción IV del artículo 116 de la Constitución.

Agregó que el Senado de la República llevará a cabo  los procedimientos para que el nombramiento de los magistrados electorales se verifique con antelación  al inicio del siguiente proceso electoral posterior a la entrada en vigor del decreto, y remitiéndose a la fracción e inciso señalados del artículo 116 Constitucional.

Martínez Ibarra dijo que además las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, de lo que se desprende que la atribución deja de ser competencia del Secretario General así como del Congreso del Estado.