Histórica sesión en Ciudad Valles

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San Luis Potosí, SLP.- En sesión ordinaria realizada en el municipio de Ciudad Valles, el pleno del Congreso del Estado aprobó por  mayoría, con 17 votos a favor y 10 votos en contra,  el dictamen con proyecto de decreto que presentaron las comisiones de Desarrollo Territorial  Sustentable; Gobernación; y Hacienda del Estado que expide la Ley  del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. Deroga de los artículos 32 la fracción XXXII, y del 33 la fracción XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí. Y reforma el artículo 47 en su fracción X del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

Esta ley tiene el objetivo de preservar la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario en el Estado, con base en los principios registrales de publicidad, legitimación, rogación, prelación, calificación, consentimiento, inscripción, especialización,  tracto sucesivo y  fe registral.

Establecer el procedimiento catastral para el Estado y municipios de San Luis Potosí, y Regular la organización y funcionamiento del Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí.

El Catastro del Estado y el Registro Público deberán vincularse, integrando además sus procesos con los de las oficinas catastrales municipales, en términos de los convenios que para tal efecto se celebren, con el propósito de diseñar y operar mecanismos que sirvan para reforzar la certeza jurídica que otorga el Registro Público, para dar congruencia a la información técnica con la que cuente el Catastro, y la jurídica existente en el Registro Público,  y enriquecer  el inventario de inmuebles ubicados en la Entidad.

En todo lo no previsto por la presente Ley se aplicarán supletoriamente, los códigos, Civil, y de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí; la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí; la Ley de Desarrollo Urbano; el Código Fiscal del Estado; la Ley para la Regularización de la Firma Electrónica Avanzada del Estado, y demás ordenamientos aplicables.

Esta ley contempla la creación del Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, el cual contará con personalidad jurídica y patrimonio propios; autonomía técnica, de gestión y económica.

El Instituto estará sectorizado a la Secretaría General de Gobierno. La sede central o el domicilio principal del Instituto se establecerá en la ciudad capital del Estado de San Luis Potosí, y podrá contar con oficinas en los diversos municipios de la entidad.

El Instituto se constituye como autoridad, para los efectos de las atribuciones que se le confieren, entre las que se encuentran todas las de carácter fiscal, con respecto de las materias de su competencia, incluyendo la facultad económico coactiva, para el cobro de contribuciones y demás créditos de carácter fiscal, en los términos de la legislación aplicable.

En consecuencia, el Instituto tendrá el carácter de autoridad fiscal, con atribuciones para determinar créditos, las bases de su liquidación, así como fijarlos en cantidad líquida e imponer las sanciones que, en el ámbito de su competencia, correspondan por las infracciones a las disposiciones que rigen en la materia.

Los ingresos derivados del pago de los derechos, impuestos y productos que se obtienen por los servicios que se presten en materia de registro público de la propiedad y catastro, en los términos de la Ley de Hacienda para el Estado, formarán parte, de manera permanente, del patrimonio del Instituto.

Cuando menos el diez por ciento de los ingresos y recursos recaudados por la prestación de servicios del Instituto, deberán ser destinados a los procesos de modernización y actualización del mismo. La Junta de Gobierno determinará de manera anual el aumento de dicho porcentaje en la medida de las necesidades de modernización del Instituto.

El Estado no podrá contratar financiamiento otorgando en garantía bienes o ingresos presentes o futuros del Instituto. El Instituto tendrá por objeto integrar, electrónicamente, la información de las bases de datos y archivos públicos del Registro Público de la Propiedad y el Catastro del Estado, con el objeto de brindar seguridad y certidumbre a los actos jurídicos celebrados o con efectos en el Estado, promover y procurar la eficiencia y eficacia de las funciones administrativas del Gobierno del Estado y fortalecer el funcionamiento racional de la sociedad, procurando que se cuente con información veraz y confiable; así como realizar las funciones y prestar los servicios relativos al Registro Público de la Propiedad y el Catastro en la entidad; entre otras atribuciones de dicho instituto.

Después de este asunto, fue  aprobado por mayoría, con 24 votos a favor y 3 votos en contra, el dictamen con proyecto de decreto; y resolución que presentaron las comisiones de Puntos Constitucionales; Gobernación; Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Hacienda del Estado y que reforma los artículos 92 y 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; los artículos 11, 158 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado; el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Y desecha por improcedente iniciativa que proponía reformar el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; los artículos 57, 133, 138, 149, 150 y 157 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado; y el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

Las reformas aprobadas tienen el objetivo de dotar de responsabilidad al Poder Legislativo a efecto de dictaminar las iniciativas y puntos de acuerdo que recibe en tiempos definidos. En ese sentido, esta Soberanía coincide que la figura de la caducidad legislativa debe concebirse como una herramienta de evaluación ciudadana.

La reforma también Además dota de eficacia el quehacer de los actores que hacen posible la confección de la norma para que atiendan de manera más diligente los temas estratégicos y prioritarios de la agenda legislativa, mismos que son permeados por figuras como la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de las atribuciones del Congreso del Estado de San Luis Potosí. También se dota de instrumentos a las comisiones para que puedan enfocar su atención en temas relevantes y estratégicos para la vida pública del Estado, que además les permita superar el déficit a partir de la proliferación de iniciativas en variados temas y que, en ocasiones, por ser coyunturales pierden su trascendencia con el paso del tiempo.

Con estas reformas la legislación establecerá que las iniciativas deberán dictaminarse por las comisiones aprobándolas en sus términos, con modificaciones de las comisiones o, en su caso, desechándolas por improcedentes en un término máximo de seis meses. Si la complejidad de la misma lo requiere, la comisión citada en primer término podrá solicitar hasta dos prórrogas de tres meses cada una a la Directiva.

Los puntos de acuerdo que presenten los diputados se resolverán preferentemente en la misma sesión; cuando la Directiva lo determine serán turnados a comisiones, las que los presentarán para su resolución al Pleno, en un plazo máximo de treinta días naturales, que son improrrogables, de no ser resueltos en el plazo dispuesto, el presidente de la Directiva, o el presidente de la Diputación Permanente declarará su caducidad, en términos del artículo 11 fracción XIV, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.

Por determinación del Pleno, en caso de que los asuntos propuestos por ciudadanos no sean resueltos en los plazos dispuestos en los párrafos anteriores, el asunto será turnado por la Directiva, a una comisión creada ex profeso, la que deberá resolver en un término máximo de tres meses.

Para el caso de las iniciativas presentadas por los diputados; el Gobernador del Estado; el Supremo Tribunal de Justicia; y los ayuntamientos, que no hayan sido resueltas en los plazos dispuestos en los párrafos anteriores, el Presidente de la Directiva, o de la diputación permanente declarará su caducidad, en términos de los artículos 11 fracción XIV, y 157 fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, y sólo podrán volver a ser promovidas hasta el siguiente periodo ordinario.

Solicitar, por conducto de su Presidente, la información o documentación a las dependencias centralizadas o descentralizadas del Poder Ejecutivo del Estado, ayuntamientos u organismos autónomos, cuando se trate de un asunto sobre su ramo, o se analice una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables.

Las autoridades y funcionarios municipales, estatales y de sus organismos descentralizados, así como los organismos constitucionales autónomos, están obligados a proporcionar la información solicitada por las comisiones, en plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir del día en que fueran notificados; apercibidos que para el caso de no hacerlo, o se negaren a entregarla dentro del término señalado, o no entreguen satisfactoriamente la información o documentos solicitados por las comisiones, el Presidente de éstas podrá dirigirse oficialmente en queja al superior jerárquico que corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa aplicable a los funcionarios, en términos de la fracción XXIII Ter del artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Turnar, en cumplimiento de la determinación del Pleno, los asuntos propuestos por ciudadanos, que no sean resueltos en los plazos dispuestos por la Ley Orgánica, a una comisión creada ex profeso, la que deberá resolver en un término máximo de tres meses; además declarar la caducidad de las iniciativas presentadas por, los diputados; el Gobernador del Estado; el Supremo Tribunal de Justicia; y los ayuntamientos, que no hayan sido dictaminadas en los plazos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y este Reglamento; así como declarar la caducidad de los puntos de acuerdo presentados por los diputados, que no hayan sido resueltos en los plazos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

En el caso de las iniciativas que presente el titular del Poder Ejecutivo del Estado, éste deberá adjuntar dictamen sobre el posible impacto presupuestario que originen éstos o, señalar, bajo su más estricta responsabilidad, que dicho efecto no se producirá, en términos de lo dispuesto por la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente.

Las comisiones y comités podrán apoyarse en el Instituto de Investigaciones Legislativas para allegarse información, estudios comparativos, doctrina, jurisprudencia, datos y análisis financieros, o cualquier otro material de consulta que sea de utilidad, para contar con elementos suficientes previos a la emisión de sus dictámenes o resoluciones; debiendo formalizar sus solicitudes a través del director, o del coordinador del mismo; quienes designarán a un investigador para que se encargue del asunto.

Los indicadores de gestión que debe publicar de oficio el Poder Legislativo deberán incluir numeralia general e individual de iniciativas y puntos de acuerdo que hayan promovido sus integrantes;  dichos registros deberán clasificarse en rubros tales como: aprobados; improcedentes; pendientes; sin materia; archivados; y caducados.

Comparecer y proporcionar en forma oportuna y veraz, la información o documentación solicitada por el Congreso del Estado, o sus comisiones, cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se analice una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables; entre otros preceptos.

Fue aprobado por mayoría, con 23 votos a favor y 3 votos en contra, el dictamen con proyecto de decreto que presentaron las comisiones de Puntos Constitucionales; y Derechos Humanos, Equidad y Género  que adiciona al Título Quinto el capítulo VIII Bis  “De la Coordinación de Derechos Humanos” y los artículos 88 Bis y 88 Ter de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Con el objetivo de establecer que  sólo en aquellos municipios del Estado que cuenten con población mayor a cuarenta mil habitantes, será obligatorio contar con la Coordinación de Derechos Humanos. En el resto de los municipios, el responsable de atender los asuntos jurídicos del ayuntamiento, será quien ejercerá las atribuciones de la Coordinación de Derechos Humanos.

Para elegir al del titular de la Coordinación de Derechos Humanos en cada municipio, los ayuntamientos, a través de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, determinarán las bases y lineamientos de elección, así como la publicación de la convocatoria respectiva.

El nombramiento del Coordinador de Derechos Humanos del municipio será por un período igual a la duración de la administración que lo eligió, por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo, sin responsabilidad para el ayuntamiento.

Quien ocupe la titularidad de la Coordinación de Derechos Humanos, rendirá ante el cabildo un informe semestral de actividades, en sesión solemne, debiendo asistir el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o quien este designe para que lo represente.

Además que las  atribuciones de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos serán: Recibir las quejas de la población de su municipalidad, y remitirlas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por conducto de las visitadurías, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que tenga conocimiento de las mismas. Informar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acerca de presumibles violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones cometidas por cualquier autoridad o servidor público que resida en el municipio de su adscripción. Observar que el presidente municipal rinda de manera oportuna y veraz los informes que solicite la Comisión Estatal de Derechos Humanos; entre otras.

Se aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentó la Comisión de Asuntos Indígenas que adiciona al artículo 27 párrafo quinto de la Ley para el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de establecer que al Consejo Consultivo también lo integrarán  los diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Debido a que  además de contar con la participación del Poder Ejecutivo, responsable de la política pública, es necesario contar con la participación del Poder Legislativo del Estado en calidad además de representante, en un importante aliado de la población indígena y Ejecutivo para buscar impulsar los presupuestos que sean requeridos desde el Congreso del Estado para hacer efectivo el cumplimiento de solicitudes que pudieran generarse al seno del Consejo Consultivo.

La participación del Poder Legislativo en el Consejo Consultivo, permitirá que de una manera más directa se cuente con la posibilidad de apoyar al Consejo en temas que sean necesarios de atención y gestoría tanto en el orden local como federal.

Se aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de resolución que presentaron las comisiones de Hacienda del Estado;  y Derechos Humanos, Equidad y Género que contempla un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado de San Luis Potosí exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado, realice las gestiones ante las concesionarias de las autopistas del Estado, para que se considere suspender o realizar algún descuento en el cobro del peaje a ambulancias y unidades de servicio médico dedicadas al traslado de pacientes.

Fue aprobado por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentaron las comisiones de Puntos Constitucionales; Gobernación; Justicia; y Trabajo y Previsión Social  que reforma la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí; y Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Con el objetivo de establecer que tratándose de ayuntamientos, respecto de los laudos firmes que se hayan originado con motivo del despido o cese injustificado de un trabajador, y éste se haya generado durante su gestión, deberán acatarlo antes de concluir el periodo para el que fueron electos; en caso de no hacerlo, serán responsables en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.  En tres años si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo mensual vigente en el Estado, y   en diez años, en los demás casos.

Se aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentaron las comisiones de Puntos Constitucionales; y Vigilancia que reforma los artículos 80 y 85 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, a fin de establecer que para ser  Tesorero del Ayuntamiento es necesario cumplir con los requisitos siguientes:  Contar con título profesional a nivel licenciatura en el área contable, y No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad.

Además, para ser Contralor Interno deberá cumplir con los requisitos siguientes: Contar con título profesional a nivel licenciatura, y No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad.

Fue aprobado por unanimidad el dictamen con Minuta Proyecto de Decreto que presentaron las comisiones de Puntos Constitucionales; Derechos Humanos, Equidad y Género; y Trabajo y Previsión Social que reforma el artículo 17 en su párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.

A fin de establecer que la Comisión Estatal de Derechos Humanos  será la encargada de conocer de las peticiones, quejas y denuncias en contra de los actos y omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor público, estatal o municipal, que violen los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico mexicano e internacional; pero no será competente para conocer de asuntos electorales, y jurisdiccionales. Sus recomendaciones serán públicas, autónomas y no vinculatorias; y podrá presentar denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Se aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentaron las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y Salud y Asistencia Social que contempla inscribir en el Muro de Honor del salón de sesiones “Ponciano Arriaga Leija” del Honorable Congreso del Estado epígrafe “Benemérita y Centenaria Cruz Roja Mexicana”.

Debido a que la Cruz Roja Mexicana es la institución que representa los valores de mayor solidaridad, con la que más mexicanos colaboran y al mismo tiempo la que a más mexicanos ha servido para preservar su salud y auxiliarlos cuando se encuentra en peligro su vida.

Esto ha sido posible por su mayor fortaleza que son los voluntarios, el trabajo de veintinueve mil hombres y mujeres comprometidos con el bienestar de la población y que tienen el deseo de servir a los demás sin recibir nada a cambio. Además, están capacitados para ser verdaderos expertos en lo que hacen, ya sea como médicos, paramédicos, socorristas o brigadistas. La importancia de su labor no sólo radica en la cantidad o la gratuidad de sus servicios, sino en que son los hombres y mujeres de mayor capacidad.

Fue aprobado por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentaron las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y Salud y Asistencia Social que contempla que el Congreso del Estado de San Luis Potosí celebrará sesión solemne el 27 de mayo de 2014  para conmemorar el “Día Internacional de la Enfermera”  y en ese mismo acto, brindar reconocimiento a aquellas enfermeras que han desatacado por su trayectoria, capacidad y espíritu de servicio otorgado en el ejercicio de su función.

Cabe recordar que el Día Internacional de la Enfermera se celebra el 12 de mayo en  reconocimiento a aquellas enfermeras que han desatacado por su trayectoria, capacidad y espíritu de servicio.

Fue aprobado por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentaron las comisiones de Desarrollo Territorial Sustentable; y Gobernación que autoriza al ayuntamiento de Xilitla vender 10 vehículos en subasta pública.

Se aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de resolución que presentaron las comisiones de Hacienda del Estado; y Justicia que contempla un punto de acuerdo para que el  Congreso del Estado  de San Luis Potosí  exhorte a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones, a través de su delegación en San Luis Potosí, realice una revisión exhaustiva de las condiciones de operación, servicio y contratación de los créditos que ofertan las instituciones dedicadas al otorgamiento de préstamos en efectivo, tales  como bancos, tiendas departamentales, sociedades mercantiles, cajas populares, cooperativas y  cualquiera otra.

Cuyo giro original es diverso pero que en la práctica fungen como prestamistas en los 58 municipios del Estado y que en ocasiones, aprovechándose de la necesidad económica de  los solicitantes colocan sus servicios financieros bajo clausulas ilegales o abusivas y mediante publicidad engañosa, confusa o insuficiente; así como solicitarle, emprenda una campaña informativa en la que socialice con los  potosinos del Estado, los aspectos que deben atenderse a la hora de  contratar un préstamo y para comenzar a construir una cultura de  responsabilidad en la utilización de servicios financieros.

Se aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentó la Comisión de Hacienda del Estado que reforma el artículo 68 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de cambiar la frase de “copeo permanente”  por el de “para consumo inmediato” en el caso de los establecimientos que vendan o suministren bebidas alcohólicas, ya que así lo señala la fracción XXIII del artículo 2 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí.

Además se retiraron del orden del día, para consideraciones, dictámenes que buscaban reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; Ley de Auditoría Superior; Ley de la Administración Pública; Ley Orgánica del Municipio Libre; Ley Orgánica del Poder Judicial; Ley Orgánica del Poder Legislativo; y  Ley de Salud, todas del Estado de San Luis Potosí.

También se retiró del  orden del día el dictamen con proyecto de decreto que presentarían las comisiones de Desarrollo Territorial Sustentable;  Gobernación; y Puntos Constitucionales que  autorizaría al ayuntamiento de San Luís Potosí a prorrogar hasta por un plazo de 6 seis años, la concesión del establecimiento conocido como “Cancha Morelos”, solicitada por la empresa denominada “Estacionamiento San Luís Real S.A. de C.V.”

Fue retirado del orden del día el dictamen con proyecto de resolución que presentarían  las comisiones de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social; y Desarrollo Rural y Forestal que contempla un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado de San Luis Potosí exhorte al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que en su caso instruya al Director Estatal de Protección Civil así como a los 58 Presidentes Municipales por conducto de sus coordinaciones municipales de Protección Civil, a fin de que impulsen y capaciten a un mayor número de ciudadanas y ciudadanos potosinos de los 58 municipios para formar brigadas comunitarias de protección civil; asimismo para que se capacite a los productores cañeros, con la finalidad de prevenir la ocurrencia de incendios forestales y difunda las medidas que deben tomarse en caso de emergencia.

También fue retirado del orden del día el dictamen con proyecto de resolución que presentaría la Comisión de Hacienda del Estado que declararía improcedente iniciativa que proponía reformar la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

INICIATIVAS

La  diputada María del Socorro Herrera Orta presentó una iniciativa con la finalidad de  que  se adicione un quinto párrafo al artículo 167 de la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí para que se establezca que los organismos operadores de agua que presten su servicio de forma descentralizada de la Administración Pública Municipal, al ser empresas públicas; deberán regirse bajo los principios de máxima eficiencia y austeridad.

Por lo que dentro de la integración del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal de que se trate, bajo ninguna circunstancia, el monto correspondiente a gastos personales, podrá ser mayor al 25%  (veinticinco por ciento) del monto total de los egresos del organismo, durante el ejercicio fiscal correspondiente.  Esta iniciativa de turnó a la Comisión del Agua para su análisis correspondiente.

A las comisiones de Gobernación; y Desarrollo Rural y Forestal se turnó una iniciativa de decreto,  que presentó la diputada María del Socorro Herrera Orta, por el cual se crea el organismo público descentralizado denominado “Consejo Potosino de la Caña de Azúcar”.

Este organismo tendría personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio en la ciudad de San Luis Potosí, para fomentar y desarrollar el cultivo sustentable de la caña de azúcar en el Estado, por ser de interés social la promoción, modernización, optimización, de los productos y derivados de la caña de azúcar, así como de fuentes alternas de energía con base en la producción de caña de azúcar, en la búsqueda del mejoramiento del bienestar económico y social de los productores de caña de azúcar y sus familias.

A la Comisión de Justicia se turnó una iniciativa que presentó la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia  que insta reformar el artículo 136 de la Ley del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí.

Con el objetivo de establecer que los vicios o defectos que por error u omisión existan en las actas y que sean atribuibles al Oficial, se podrán corregir gratuitamente a petición de parte interesada en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del registro del acto o hecho del estado civil mediante procedimiento administrativo seguido en la Dirección, conforme lo señale el reglamento respectivo; cuando tales correcciones no sean substanciales, no producirán la nulidad del acto, a menos que judicialmente se pruebe la falsedad de éste.

A la Comisión de Justicia se turnó una iniciativa que presentó el diputado Juan Manuel Segovia Hernández para reformar los artículos 20, 27, 111, y 112, de la Ley del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí; y modificar el artículo Primero Transitorio del Decreto 388 publicado en el Periódico Oficial del Estado el trece de diciembre del dos mil trece.

A fin de establecer que el Director será designado por el Secretario General de Gobierno, y gozará de fe pública para declarar los hechos y actos del estado civil;  cotejar y certificar las actas del Registro Civil, en términos de la presente ley.  Que los oficiales del Registro Civil, estrictamente para efectos de la fe pública, serán habilitados por el Ejecutivo del Estado, a propuesta del presidente del municipio respectivo; entre otros preceptos.

A las comisiones de Gobernación; Justicia; y Derechos Humanos, Equidad y Género se turnó una iniciativa que presentó el legislador Miguel de Jesús Maza Hernández  que propone adicionar párrafo tercero al artículo 140 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, con  la finalidad de fortalecer las recomendaciones que emita el organismo garante de los derechos humanos, al establecer la obligación de presentar denuncias ante el Ministerio Público contra los servidores públicos que resulten responsables en los casos en que sus recomendaciones sean rechazadas.

A las comisiones de Gobernación; y Justicia se turnó una iniciativa que presentó la diputada Delia Guerrero Coronado que plantea reformar la denominación del Capítulo V, y el artículo 82; y adicionar los artículos 82 bis y 82 ter de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios  de San Luis Potosí.

A fin de establecer un procedimiento para determinar las responsabilidades de los servidores públicos e imponer las consecuentes sanciones, más amplio, más explicito, en donde previo al procedimiento de responsabilidad, se dé trámite a una etapa de investigación previa, que permita a la autoridad allegarse de los elementos de prueba suficientes para corroborar la existencia de una infracción a la ley por parte de un servidor público, así como su probable responsabilidad administrativa; entre otros preceptos.

A las comisiones de Hacienda del Estado; Trabajo y Previsión Social; y Derechos Humanos, Equidad y Género se turnó una iniciativa que presentó el diputado Juan José Jover Navarro para reformar y adicionar  el artículo 27 de la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí con el objetivo de incorporar disposiciones para conceder un beneficio fiscal a los patrones que contraten a personas con discapacidad.

A las comisiones de Puntos Constitucionales; y Vigilancia se turnó una iniciativa que presentó el diputado Alfonso Díaz de León Guillén que busca reformar los artículos 19, 31 fracción II, 70 fracción V, 78 fracción IX, 85,  85 BIS y artículo 86 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, a fin de apoyar la independencia de las Contralorías Municipales.

A las comisiones de Justicia; Puntos Constitucionales; y Ecología y Medio Ambiente se turnó una iniciativa que presentó el gobernador Fernando Toranzo Fernández que busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Peritos del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de perfeccionar las denominaciones y competencias de las áreas administrativas que participan en su ejecución, pues éstas deben encontrarse acotadas en el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades y eliminarse, por tanto, del texto de la ley, entes públicos que no existen.

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes se turnó una iniciativa que presentó el diputado José Francisco Martínez Ibarra que busca reformar la fracción IV del articulo 76 la Ley del Transporte Público del Estado del San Luis Potosí, con el objetivo de establecer que para otorgar licencias para conducir vehículos de servicio público de transporte se debe cumplir con el requisito de carta de no antecedentes penales, el cual podrá ser cumplido mediante constancia de no antecedentes penales expedido por la Procuraduría General de Justicia del Estado por si o a través de  la subprocuraduría regional de la misma, en cuya jurisdicción se encuentre el lugar donde se presta el servicio.

Fue aprobado por unanimidad un punto de acuerdo         que presentó el legislador José Francisco Martínez Ibarra para que el Congreso del Estado insista en la exhortativa a la Secretaría de Energía y  a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ambas del Poder ejecutivo Federal,  a efecto de que revise las condiciones climatológicas de los últimos años en la huasteca potosina, particularmente en ciudad valles S.L.P. y se realice un análisis técnico y económico  a efecto de reclasificar las tarifas eléctricas para aplicar tarifas preferenciales en virtud de las altas  temperaturas que se registran en las diferentes épocas del año, en apoyo a la economía popular de nuestra entidad.

El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez presentó un punto de acuerdo  para exhorta a las autoridades municipales a que de acuerdo al Padrón Estatal de Comunidades Indígenas, tomen en cuenta las faenas o trabajos comunitarios de obra y servicios comunitarios para el pago del impuesto predial, generando por acuerdo de cabildo un tabulador que indique el valor de cada faena.

En asuntos generales  los diputados Juan Pablo Escobar Martínez y Crisógono Sánchez Lara presentaron, por separado, pronunciamientos a favor de los docentes a propósito del Día del Maestro que se conmemora este 15 de mayo.

En la sesión ordinaria también se turnó a las comisiones legislativas respectivas diversa correspondencia enviada por ente autónomo; ayuntamientos; Poder Federal; Poderes de otras entidades del país; y particulares.

La sesión en Ciudad Valles fue para conmemorar los 190 años de la primera sesión plenaria del Poder Legislativo celebrada el 21 de abril de 1824.

Agotados los asuntos agendados se citó al pleno del Congreso del Estado a sesión ordinaria programada a partir de las 10 horas del jueves 22 de mayo del año en curso en el salón “Ponciano Arriaga Leija” ubicado en Jardín Hidalgo número 19.

En sesión ordinaria realizada en el municipio de Ciudad Valles, el pleno del Congreso del Estado aprobó por  mayoría, con 17 votos a favor y 10 votos en contra,  el dictamen con proyecto de decreto que presentaron las comisiones de Desarrollo Territorial  Sustentable; Gobernación; y Hacienda del Estado que expide la Ley  del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. Deroga de los artículos 32 la fracción XXXII, y del 33 la fracción XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí. Y reforma el artículo 47 en su fracción X del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

Esta ley tiene el objetivo de preservar la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario en el Estado, con base en los principios registrales de publicidad, legitimación, rogación, prelación, calificación, consentimiento, inscripción, especialización,  tracto sucesivo y  fe registral.

Establecer el procedimiento catastral para el Estado y municipios de San Luis Potosí, y Regular la organización y funcionamiento del Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí.

El Catastro del Estado y el Registro Público deberán vincularse, integrando además sus procesos con los de las oficinas catastrales municipales, en términos de los convenios que para tal efecto se celebren, con el propósito de diseñar y operar mecanismos que sirvan para reforzar la certeza jurídica que otorga el Registro Público, para dar congruencia a la información técnica con la que cuente el Catastro, y la jurídica existente en el Registro Público,  y enriquecer  el inventario de inmuebles ubicados en la Entidad.

En todo lo no previsto por la presente Ley se aplicarán supletoriamente, los códigos, Civil, y de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí; la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí; la Ley de Desarrollo Urbano; el Código Fiscal del Estado; la Ley para la Regularización de la Firma Electrónica Avanzada del Estado, y demás ordenamientos aplicables.

Esta ley contempla la creación del Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, el cual contará con personalidad jurídica y patrimonio propios; autonomía técnica, de gestión y económica.

El Instituto estará sectorizado a la Secretaría General de Gobierno. La sede central o el domicilio principal del Instituto se establecerá en la ciudad capital del Estado de San Luis Potosí, y podrá contar con oficinas en los diversos municipios de la entidad.

El Instituto se constituye como autoridad, para los efectos de las atribuciones que se le confieren, entre las que se encuentran todas las de carácter fiscal, con respecto de las materias de su competencia, incluyendo la facultad económico coactiva, para el cobro de contribuciones y demás créditos de carácter fiscal, en los términos de la legislación aplicable.

En consecuencia, el Instituto tendrá el carácter de autoridad fiscal, con atribuciones para determinar créditos, las bases de su liquidación, así como fijarlos en cantidad líquida e imponer las sanciones que, en el ámbito de su competencia, correspondan por las infracciones a las disposiciones que rigen en la materia.

Los ingresos derivados del pago de los derechos, impuestos y productos que se obtienen por los servicios que se presten en materia de registro público de la propiedad y catastro, en los términos de la Ley de Hacienda para el Estado, formarán parte, de manera permanente, del patrimonio del Instituto.

Cuando menos el diez por ciento de los ingresos y recursos recaudados por la prestación de servicios del Instituto, deberán ser destinados a los procesos de modernización y actualización del mismo. La Junta de Gobierno determinará de manera anual el aumento de dicho porcentaje en la medida de las necesidades de modernización del Instituto.

El Estado no podrá contratar financiamiento otorgando en garantía bienes o ingresos presentes o futuros del Instituto. El Instituto tendrá por objeto integrar, electrónicamente, la información de las bases de datos y archivos públicos del Registro Público de la Propiedad y el Catastro del Estado, con el objeto de brindar seguridad y certidumbre a los actos jurídicos celebrados o con efectos en el Estado, promover y procurar la eficiencia y eficacia de las funciones administrativas del Gobierno del Estado y fortalecer el funcionamiento racional de la sociedad, procurando que se cuente con información veraz y confiable; así como realizar las funciones y prestar los servicios relativos al Registro Público de la Propiedad y el Catastro en la entidad; entre otras atribuciones de dicho instituto.

Después de este asunto, fue  aprobado por mayoría, con 24 votos a favor y 3 votos en contra, el dictamen con proyecto de decreto; y resolución que presentaron las comisiones de Puntos Constitucionales; Gobernación; Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Hacienda del Estado y que reforma los artículos 92 y 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; los artículos 11, 158 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado; el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Y desecha por improcedente iniciativa que proponía reformar el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; los artículos 57, 133, 138, 149, 150 y 157 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado; y el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

Las reformas aprobadas tienen el objetivo de dotar de responsabilidad al Poder Legislativo a efecto de dictaminar las iniciativas y puntos de acuerdo que recibe en tiempos definidos. En ese sentido, esta Soberanía coincide que la figura de la caducidad legislativa debe concebirse como una herramienta de evaluación ciudadana.

La reforma también Además dota de eficacia el quehacer de los actores que hacen posible la confección de la norma para que atiendan de manera más diligente los temas estratégicos y prioritarios de la agenda legislativa, mismos que son permeados por figuras como la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de las atribuciones del Congreso del Estado de San Luis Potosí. También se dota de instrumentos a las comisiones para que puedan enfocar su atención en temas relevantes y estratégicos para la vida pública del Estado, que además les permita superar el déficit a partir de la proliferación de iniciativas en variados temas y que, en ocasiones, por ser coyunturales pierden su trascendencia con el paso del tiempo.

Con estas reformas la legislación establecerá que las iniciativas deberán dictaminarse por las comisiones aprobándolas en sus términos, con modificaciones de las comisiones o, en su caso, desechándolas por improcedentes en un término máximo de seis meses. Si la complejidad de la misma lo requiere, la comisión citada en primer término podrá solicitar hasta dos prórrogas de tres meses cada una a la Directiva.

Los puntos de acuerdo que presenten los diputados se resolverán preferentemente en la misma sesión; cuando la Directiva lo determine serán turnados a comisiones, las que los presentarán para su resolución al Pleno, en un plazo máximo de treinta días naturales, que son improrrogables, de no ser resueltos en el plazo dispuesto, el presidente de la Directiva, o el presidente de la Diputación Permanente declarará su caducidad, en términos del artículo 11 fracción XIV, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.

Por determinación del Pleno, en caso de que los asuntos propuestos por ciudadanos no sean resueltos en los plazos dispuestos en los párrafos anteriores, el asunto será turnado por la Directiva, a una comisión creada ex profeso, la que deberá resolver en un término máximo de tres meses.

Para el caso de las iniciativas presentadas por los diputados; el Gobernador del Estado; el Supremo Tribunal de Justicia; y los ayuntamientos, que no hayan sido resueltas en los plazos dispuestos en los párrafos anteriores, el Presidente de la Directiva, o de la diputación permanente declarará su caducidad, en términos de los artículos 11 fracción XIV, y 157 fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, y sólo podrán volver a ser promovidas hasta el siguiente periodo ordinario.

Solicitar, por conducto de su Presidente, la información o documentación a las dependencias centralizadas o descentralizadas del Poder Ejecutivo del Estado, ayuntamientos u organismos autónomos, cuando se trate de un asunto sobre su ramo, o se analice una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables.

Las autoridades y funcionarios municipales, estatales y de sus organismos descentralizados, así como los organismos constitucionales autónomos, están obligados a proporcionar la información solicitada por las comisiones, en plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir del día en que fueran notificados; apercibidos que para el caso de no hacerlo, o se negaren a entregarla dentro del término señalado, o no entreguen satisfactoriamente la información o documentos solicitados por las comisiones, el Presidente de éstas podrá dirigirse oficialmente en queja al superior jerárquico que corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa aplicable a los funcionarios, en términos de la fracción XXIII Ter del artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Turnar, en cumplimiento de la determinación del Pleno, los asuntos propuestos por ciudadanos, que no sean resueltos en los plazos dispuestos por la Ley Orgánica, a una comisión creada ex profeso, la que deberá resolver en un término máximo de tres meses; además declarar la caducidad de las iniciativas presentadas por, los diputados; el Gobernador del Estado; el Supremo Tribunal de Justicia; y los ayuntamientos, que no hayan sido dictaminadas en los plazos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y este Reglamento; así como declarar la caducidad de los puntos de acuerdo presentados por los diputados, que no hayan sido resueltos en los plazos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

En el caso de las iniciativas que presente el titular del Poder Ejecutivo del Estado, éste deberá adjuntar dictamen sobre el posible impacto presupuestario que originen éstos o, señalar, bajo su más estricta responsabilidad, que dicho efecto no se producirá, en términos de lo dispuesto por la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente.

Las comisiones y comités podrán apoyarse en el Instituto de Investigaciones Legislativas para allegarse información, estudios comparativos, doctrina, jurisprudencia, datos y análisis financieros, o cualquier otro material de consulta que sea de utilidad, para contar con elementos suficientes previos a la emisión de sus dictámenes o resoluciones; debiendo formalizar sus solicitudes a través del director, o del coordinador del mismo; quienes designarán a un investigador para que se encargue del asunto.

Los indicadores de gestión que debe publicar de oficio el Poder Legislativo deberán incluir numeralia general e individual de iniciativas y puntos de acuerdo que hayan promovido sus integrantes;  dichos registros deberán clasificarse en rubros tales como: aprobados; improcedentes; pendientes; sin materia; archivados; y caducados.

Comparecer y proporcionar en forma oportuna y veraz, la información o documentación solicitada por el Congreso del Estado, o sus comisiones, cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se analice una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables; entre otros preceptos.

Fue aprobado por mayoría, con 23 votos a favor y 3 votos en contra, el dictamen con proyecto de decreto que presentaron las comisiones de Puntos Constitucionales; y Derechos Humanos, Equidad y Género  que adiciona al Título Quinto el capítulo VIII Bis  “De la Coordinación de Derechos Humanos” y los artículos 88 Bis y 88 Ter de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Con el objetivo de establecer que  sólo en aquellos municipios del Estado que cuenten con población mayor a cuarenta mil habitantes, será obligatorio contar con la Coordinación de Derechos Humanos. En el resto de los municipios, el responsable de atender los asuntos jurídicos del ayuntamiento, será quien ejercerá las atribuciones de la Coordinación de Derechos Humanos.

Para elegir al del titular de la Coordinación de Derechos Humanos en cada municipio, los ayuntamientos, a través de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, determinarán las bases y lineamientos de elección, así como la publicación de la convocatoria respectiva.

El nombramiento del Coordinador de Derechos Humanos del municipio será por un período igual a la duración de la administración que lo eligió, por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo, sin responsabilidad para el ayuntamiento.

Quien ocupe la titularidad de la Coordinación de Derechos Humanos, rendirá ante el cabildo un informe semestral de actividades, en sesión solemne, debiendo asistir el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o quien este designe para que lo represente.

Además que las  atribuciones de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos serán: Recibir las quejas de la población de su municipalidad, y remitirlas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por conducto de las visitadurías, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que tenga conocimiento de las mismas. Informar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acerca de presumibles violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones cometidas por cualquier autoridad o servidor público que resida en el municipio de su adscripción. Observar que el presidente municipal rinda de manera oportuna y veraz los informes que solicite la Comisión Estatal de Derechos Humanos; entre otras.

Se aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentó la Comisión de Asuntos Indígenas que adiciona al artículo 27 párrafo quinto de la Ley para el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de establecer que al Consejo Consultivo también lo integrarán  los diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Debido a que  además de contar con la participación del Poder Ejecutivo, responsable de la política pública, es necesario contar con la participación del Poder Legislativo del Estado en calidad además de representante, en un importante aliado de la población indígena y Ejecutivo para buscar impulsar los presupuestos que sean requeridos desde el Congreso del Estado para hacer efectivo el cumplimiento de solicitudes que pudieran generarse al seno del Consejo Consultivo.

La participación del Poder Legislativo en el Consejo Consultivo, permitirá que de una manera más directa se cuente con la posibilidad de apoyar al Consejo en temas que sean necesarios de atención y gestoría tanto en el orden local como federal.

Se aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de resolución que presentaron las comisiones de Hacienda del Estado;  y Derechos Humanos, Equidad y Género que contempla un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado de San Luis Potosí exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado, realice las gestiones ante las concesionarias de las autopistas del Estado, para que se considere suspender o realizar algún descuento en el cobro del peaje a ambulancias y unidades de servicio médico dedicadas al traslado de pacientes.

Fue aprobado por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentaron las comisiones de Puntos Constitucionales; Gobernación; Justicia; y Trabajo y Previsión Social  que reforma la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí; y Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Con el objetivo de establecer que tratándose de ayuntamientos, respecto de los laudos firmes que se hayan originado con motivo del despido o cese injustificado de un trabajador, y éste se haya generado durante su gestión, deberán acatarlo antes de concluir el periodo para el que fueron electos; en caso de no hacerlo, serán responsables en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.  En tres años si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo mensual vigente en el Estado, y   en diez años, en los demás casos.

Se aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentaron las comisiones de Puntos Constitucionales; y Vigilancia que reforma los artículos 80 y 85 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, a fin de establecer que para ser  Tesorero del Ayuntamiento es necesario cumplir con los requisitos siguientes:  Contar con título profesional a nivel licenciatura en el área contable, y No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad.

Además, para ser Contralor Interno deberá cumplir con los requisitos siguientes: Contar con título profesional a nivel licenciatura, y No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad.

Fue aprobado por unanimidad el dictamen con Minuta Proyecto de Decreto que presentaron las comisiones de Puntos Constitucionales; Derechos Humanos, Equidad y Género; y Trabajo y Previsión Social que reforma el artículo 17 en su párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.

A fin de establecer que la Comisión Estatal de Derechos Humanos  será la encargada de conocer de las peticiones, quejas y denuncias en contra de los actos y omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor público, estatal o municipal, que violen los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico mexicano e internacional; pero no será competente para conocer de asuntos electorales, y jurisdiccionales. Sus recomendaciones serán públicas, autónomas y no vinculatorias; y podrá presentar denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Se aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentaron las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y Salud y Asistencia Social que contempla inscribir en el Muro de Honor del salón de sesiones “Ponciano Arriaga Leija” del Honorable Congreso del Estado epígrafe “Benemérita y Centenaria Cruz Roja Mexicana”.

Debido a que la Cruz Roja Mexicana es la institución que representa los valores de mayor solidaridad, con la que más mexicanos colaboran y al mismo tiempo la que a más mexicanos ha servido para preservar su salud y auxiliarlos cuando se encuentra en peligro su vida.

Esto ha sido posible por su mayor fortaleza que son los voluntarios, el trabajo de veintinueve mil hombres y mujeres comprometidos con el bienestar de la población y que tienen el deseo de servir a los demás sin recibir nada a cambio. Además, están capacitados para ser verdaderos expertos en lo que hacen, ya sea como médicos, paramédicos, socorristas o brigadistas. La importancia de su labor no sólo radica en la cantidad o la gratuidad de sus servicios, sino en que son los hombres y mujeres de mayor capacidad.

Fue aprobado por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentaron las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y Salud y Asistencia Social que contempla que el Congreso del Estado de San Luis Potosí celebrará sesión solemne el 27 de mayo de 2014  para conmemorar el “Día Internacional de la Enfermera”  y en ese mismo acto, brindar reconocimiento a aquellas enfermeras que han desatacado por su trayectoria, capacidad y espíritu de servicio otorgado en el ejercicio de su función.

Cabe recordar que el Día Internacional de la Enfermera se celebra el 12 de mayo en  reconocimiento a aquellas enfermeras que han desatacado por su trayectoria, capacidad y espíritu de servicio.

Fue aprobado por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentaron las comisiones de Desarrollo Territorial Sustentable; y Gobernación que autoriza al ayuntamiento de Xilitla vender 10 vehículos en subasta pública.

Se aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de resolución que presentaron las comisiones de Hacienda del Estado; y Justicia que contempla un punto de acuerdo para que el  Congreso del Estado  de San Luis Potosí  exhorte a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones, a través de su delegación en San Luis Potosí, realice una revisión exhaustiva de las condiciones de operación, servicio y contratación de los créditos que ofertan las instituciones dedicadas al otorgamiento de préstamos en efectivo, tales  como bancos, tiendas departamentales, sociedades mercantiles, cajas populares, cooperativas y  cualquiera otra.

Cuyo giro original es diverso pero que en la práctica fungen como prestamistas en los 58 municipios del Estado y que en ocasiones, aprovechándose de la necesidad económica de  los solicitantes colocan sus servicios financieros bajo clausulas ilegales o abusivas y mediante publicidad engañosa, confusa o insuficiente; así como solicitarle, emprenda una campaña informativa en la que socialice con los  potosinos del Estado, los aspectos que deben atenderse a la hora de  contratar un préstamo y para comenzar a construir una cultura de  responsabilidad en la utilización de servicios financieros.

Se aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentó la Comisión de Hacienda del Estado que reforma el artículo 68 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de cambiar la frase de “copeo permanente”  por el de “para consumo inmediato” en el caso de los establecimientos que vendan o suministren bebidas alcohólicas, ya que así lo señala la fracción XXIII del artículo 2 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí.

Además se retiraron del orden del día, para consideraciones, dictámenes que buscaban reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; Ley de Auditoría Superior; Ley de la Administración Pública; Ley Orgánica del Municipio Libre; Ley Orgánica del Poder Judicial; Ley Orgánica del Poder Legislativo; y  Ley de Salud, todas del Estado de San Luis Potosí.

También se retiró del  orden del día el dictamen con proyecto de decreto que presentarían las comisiones de Desarrollo Territorial Sustentable;  Gobernación; y Puntos Constitucionales que  autorizaría al ayuntamiento de San Luís Potosí a prorrogar hasta por un plazo de 6 seis años, la concesión del establecimiento conocido como “Cancha Morelos”, solicitada por la empresa denominada “Estacionamiento San Luís Real S.A. de C.V.”

Fue retirado del orden del día el dictamen con proyecto de resolución que presentarían  las comisiones de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social; y Desarrollo Rural y Forestal que contempla un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado de San Luis Potosí exhorte al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que en su caso instruya al Director Estatal de Protección Civil así como a los 58 Presidentes Municipales por conducto de sus coordinaciones municipales de Protección Civil, a fin de que impulsen y capaciten a un mayor número de ciudadanas y ciudadanos potosinos de los 58 municipios para formar brigadas comunitarias de protección civil; asimismo para que se capacite a los productores cañeros, con la finalidad de prevenir la ocurrencia de incendios forestales y difunda las medidas que deben tomarse en caso de emergencia.

También fue retirado del orden del día el dictamen con proyecto de resolución que presentaría la Comisión de Hacienda del Estado que declararía improcedente iniciativa que proponía reformar la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

INICIATIVAS

La  diputada María del Socorro Herrera Orta presentó una iniciativa con la finalidad de  que  se adicione un quinto párrafo al artículo 167 de la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí para que se establezca que los organismos operadores de agua que presten su servicio de forma descentralizada de la Administración Pública Municipal, al ser empresas públicas; deberán regirse bajo los principios de máxima eficiencia y austeridad.

Por lo que dentro de la integración del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal de que se trate, bajo ninguna circunstancia, el monto correspondiente a gastos personales, podrá ser mayor al 25%  (veinticinco por ciento) del monto total de los egresos del organismo, durante el ejercicio fiscal correspondiente.  Esta iniciativa de turnó a la Comisión del Agua para su análisis correspondiente.

A las comisiones de Gobernación; y Desarrollo Rural y Forestal se turnó una iniciativa de decreto,  que presentó la diputada María del Socorro Herrera Orta, por el cual se crea el organismo público descentralizado denominado “Consejo Potosino de la Caña de Azúcar”.

Este organismo tendría personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio en la ciudad de San Luis Potosí, para fomentar y desarrollar el cultivo sustentable de la caña de azúcar en el Estado, por ser de interés social la promoción, modernización, optimización, de los productos y derivados de la caña de azúcar, así como de fuentes alternas de energía con base en la producción de caña de azúcar, en la búsqueda del mejoramiento del bienestar económico y social de los productores de caña de azúcar y sus familias.

A la Comisión de Justicia se turnó una iniciativa que presentó la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia  que insta reformar el artículo 136 de la Ley del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí.

Con el objetivo de establecer que los vicios o defectos que por error u omisión existan en las actas y que sean atribuibles al Oficial, se podrán corregir gratuitamente a petición de parte interesada en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del registro del acto o hecho del estado civil mediante procedimiento administrativo seguido en la Dirección, conforme lo señale el reglamento respectivo; cuando tales correcciones no sean substanciales, no producirán la nulidad del acto, a menos que judicialmente se pruebe la falsedad de éste.

A la Comisión de Justicia se turnó una iniciativa que presentó el diputado Juan Manuel Segovia Hernández para reformar los artículos 20, 27, 111, y 112, de la Ley del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí; y modificar el artículo Primero Transitorio del Decreto 388 publicado en el Periódico Oficial del Estado el trece de diciembre del dos mil trece.

A fin de establecer que el Director será designado por el Secretario General de Gobierno, y gozará de fe pública para declarar los hechos y actos del estado civil;  cotejar y certificar las actas del Registro Civil, en términos de la presente ley.  Que los oficiales del Registro Civil, estrictamente para efectos de la fe pública, serán habilitados por el Ejecutivo del Estado, a propuesta del presidente del municipio respectivo; entre otros preceptos.

A las comisiones de Gobernación; Justicia; y Derechos Humanos, Equidad y Género se turnó una iniciativa que presentó el legislador Miguel de Jesús Maza Hernández  que propone adicionar párrafo tercero al artículo 140 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, con  la finalidad de fortalecer las recomendaciones que emita el organismo garante de los derechos humanos, al establecer la obligación de presentar denuncias ante el Ministerio Público contra los servidores públicos que resulten responsables en los casos en que sus recomendaciones sean rechazadas.

A las comisiones de Gobernación; y Justicia se turnó una iniciativa que presentó la diputada Delia Guerrero Coronado que plantea reformar la denominación del Capítulo V, y el artículo 82; y adicionar los artículos 82 bis y 82 ter de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios  de San Luis Potosí.

A fin de establecer un procedimiento para determinar las responsabilidades de los servidores públicos e imponer las consecuentes sanciones, más amplio, más explicito, en donde previo al procedimiento de responsabilidad, se dé trámite a una etapa de investigación previa, que permita a la autoridad allegarse de los elementos de prueba suficientes para corroborar la existencia de una infracción a la ley por parte de un servidor público, así como su probable responsabilidad administrativa; entre otros preceptos.

A las comisiones de Hacienda del Estado; Trabajo y Previsión Social; y Derechos Humanos, Equidad y Género se turnó una iniciativa que presentó el diputado Juan José Jover Navarro para reformar y adicionar  el artículo 27 de la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí con el objetivo de incorporar disposiciones para conceder un beneficio fiscal a los patrones que contraten a personas con discapacidad.

A las comisiones de Puntos Constitucionales; y Vigilancia se turnó una iniciativa que presentó el diputado Alfonso Díaz de León Guillén que busca reformar los artículos 19, 31 fracción II, 70 fracción V, 78 fracción IX, 85,  85 BIS y artículo 86 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, a fin de apoyar la independencia de las Contralorías Municipales.

A las comisiones de Justicia; Puntos Constitucionales; y Ecología y Medio Ambiente se turnó una iniciativa que presentó el gobernador Fernando Toranzo Fernández que busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Peritos del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de perfeccionar las denominaciones y competencias de las áreas administrativas que participan en su ejecución, pues éstas deben encontrarse acotadas en el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades y eliminarse, por tanto, del texto de la ley, entes públicos que no existen.

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes se turnó una iniciativa que presentó el diputado José Francisco Martínez Ibarra que busca reformar la fracción IV del articulo 76 la Ley del Transporte Público del Estado del San Luis Potosí, con el objetivo de establecer que para otorgar licencias para conducir vehículos de servicio público de transporte se debe cumplir con el requisito de carta de no antecedentes penales, el cual podrá ser cumplido mediante constancia de no antecedentes penales expedido por la Procuraduría General de Justicia del Estado por si o a través de  la subprocuraduría regional de la misma, en cuya jurisdicción se encuentre el lugar donde se presta el servicio.

Fue aprobado por unanimidad un punto de acuerdo         que presentó el legislador José Francisco Martínez Ibarra para que el Congreso del Estado insista en la exhortativa a la Secretaría de Energía y  a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ambas del Poder ejecutivo Federal,  a efecto de que revise las condiciones climatológicas de los últimos años en la huasteca potosina, particularmente en ciudad valles S.L.P. y se realice un análisis técnico y económico  a efecto de reclasificar las tarifas eléctricas para aplicar tarifas preferenciales en virtud de las altas  temperaturas que se registran en las diferentes épocas del año, en apoyo a la economía popular de nuestra entidad.

El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez presentó un punto de acuerdo  para exhorta a las autoridades municipales a que de acuerdo al Padrón Estatal de Comunidades Indígenas, tomen en cuenta las faenas o trabajos comunitarios de obra y servicios comunitarios para el pago del impuesto predial, generando por acuerdo de cabildo un tabulador que indique el valor de cada faena.

En asuntos generales  los diputados Juan Pablo Escobar Martínez y Crisógono Sánchez Lara presentaron, por separado, pronunciamientos a favor de los docentes a propósito del Día del Maestro que se conmemora este 15 de mayo.

En la sesión ordinaria también se turnó a las comisiones legislativas respectivas diversa correspondencia enviada por ente autónomo; ayuntamientos; Poder Federal; Poderes de otras entidades del país; y particulares.

La sesión en Ciudad Valles fue para conmemorar los 190 años de la primera sesión plenaria del Poder Legislativo celebrada el 21 de abril de 1824.

Agotados los asuntos agendados se citó al pleno del Congreso del Estado a sesión ordinaria programada a partir de las 10 horas del jueves 22 de mayo del año en curso en el salón “Ponciano Arriaga Leija” ubicado en Jardín Hidalgo número 19.