San Luis Potosí, SLP.- Luego de que Ciudadanos Observando solicitara en dos ocasiones los resultados de la auditoría para el ejercicio del año 2012 y que fue practicada en el año 2013 a la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 241, debido a que en un primer momento fueron negados, finalmente la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí decidió proporcionarlos, aunque a muy grandes rasgos, omitiendo los detalles de la misma.
Esta respuesta la hizo en los primeros días de abril y en ella se observan irregularidades administrativas y contables.
Por ejemplo, el hecho de que no se llevara un sistema de contabilidad como establecen las leyes fiscales y administrativas mexicanas, además de que no pudo explicarse el ejercicio de fondos monetarios por una suma de 438,550.75 pesos, únicamente en el año 2012.
Sin embargo, Juan Manuel Carreras López, titular de la SEGE a cuya autoridad está subordinada la UPN Unidad 241, con sede en esta Ciudad de San Luis Potosí, luego de los acuerdos de federalización de la educación, signados en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, sólo pidió a la directora de esa entidad pública, Yolanda López Contreras, instrumentar un sistema de contabilidad y administración como lo disponen las leyes mexicanas, además de explicar el gasto de 438,550.75 pesos. En caso de no hacerlo, debía reintegrar dicha suma de dinero.
En las observaciones de la auditoría, entregadas a Ciudadanos Observando, no se establece si dicha cantidad de dinero que pertenece al pueblo de México, de cuyos impuestos, contribuciones, tarifas, etcétera, paga el sostenimiento de la Universidad Pedagógica Nacional, fue reintegrada a la propia Secretaría de Educación del Gobierno del Estado o si su directora Yolanda López Contreras finalmente pudo explicar el gasto de esa cantidad con facturas legítimas y no falsas.
Cualquier que haya sido el caso, Juan Manuel Carreras López, en tanto responsable de vigilar la correcta administración del aparato educativo federalizado, debió suspender inmediatamente de sus cargos a la directora Yolanda López Contreras y a su coordinador administrativo, Víctor Mendoza Vigil, por haber actuado fuera de la ley y de la norma jurídica en el registro de ingresos y de egresos conforme a los sistemas de contabilidad instituidos en el país.
En las hojas 9 y 10 de observaciones se indica concretamente que las pólizas de cheques no están debidamente soportadas, por lo cual aquella funcionaria debe aclarar o justificar “cuáles son los motivos por los cuales no se tiene un control eficaz de los documentos contables” (sic).
Asimismo, en la hoja 11 de observaciones se lee: “… se detectó que no se lleva contabilidad a través de un sistema contable que proporcione los reportes financieros indispensables; no se elaboran pólizas de ingreso, egreso y diario; tampoco se cuenta con registros contables asentados en los libros principales de contabilidad, como en los registros auxiliares, para mantener un registro histórico, detallados y consolidado, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.”
Sin embargo, el titular de la SEGE no sólo no suspendió de sus funciones a los implicados en estas irregularidades, sino que dentro de la Unidad 241 de la UPN es sabido que llegó a corromperse al encargado de la auditoría, dándosele empleo en la elaboración de manuales de organización, cuya inexistencia fue también observada durante la misma revisión que se hizo a esta Casa de Estudios.
A un año de practicada esta auditoría ambos funcionarios: Yolanda López Contreras y Víctor Mendoza Vigil, continúan empleando los recursos públicos cual si fuesen de una hacienda propia, tanto así que este último, que es coordinador administrativo, presumió con toda impunidad ante sus compañeros haber hecho un viaje a Las Vegas en el último periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, además de haber subido fotos del viaje a su cuenta de Facebook.
Otra nota que advertimos de las observaciones realizadas a causa de la auditoría a la UPN 241 es que dicha revisión de los recursos financieros de origen público, entregados para su correcta aplicación a su directora Yolanda López Contreras no fue practicada sobre el cien por ciento de los mismos. En la hoja 9 de dicha observaciones que nos fueron entregadas se indica muy concretamente que el monto fiscalizado fue por $6’893,444.32, cuando el monto fiscalizable era por 12’044,094.86.
Es decir, la solicitud de reintegro por 438,550.75 pesos, debido a una aplicación totalmente desconocida o no adecuadamente justificada por la directora Yolanda López Contreras y su coordinador administrativo, sólo correspondió al 57.23 por ciento de los recursos del pueblo de México que les fueron entregados en el año 2012 para la operación de esa entidad pública. Nos preguntamos por qué no se hizo la auditoría sobre el total de dichos recursos y si las irregularidades entonces hubiesen sido mayores.
Otra de las observaciones que se hicieron a esta forma caótica de llevar una administración y contabilidad de una entidad pública, a cargo de Yolanda López Contreras, fue que tampoco existió en el año 2012 un control sobre los ingresos de dinero por conceptos propios, como son preinscripciones, inscripciones, reinscripciones, regularización, exámenes, vigencias de derechos, duplicado de credencial, cuotas extemporáneas, aportaciones para biblioteca, duplicado de certificados, pagos extras y cambios de Unidad, así como de la forma de gastarlos dichos recursos.
En cuanto al ejercicio del gasto, se detectó que “no hay una adecuada planeación” y “los materiales necesarios para los departamentos son adquiridos sin ningún control, sin que haya previamente una solicitud por parte de los departamentos usuarios”. Aquí queda la duda si efectivamente dichos consumos existieron realmente o son maquillados por la administración, pues la SEGE no lo indica en las observaciones que nos fueron entregadas.
Acerca del personal docente, se observó que no existe un adecuado control de asistencia, “resultando obsoleto en virtud de que se firma como si fuera trabajador de jornada y no por hora clase. De una revisión a seis meses del libro de control se descubrió que “el personal docente no justifica con su firma su asistencia a la institución”. También se observó que “algunos profesores firmaban la entrada y la salida al tiempo de su llegada.”
Otra observación más de la auditoría de la Contraloría Interna de la SEGE sobre el personal docente (algunos de los cuales cobran hasta 40 mil pesos mensuales), fue que “cuentan con dos centros de trabajo y no demostraron el respectivo Oficio de Compatibilidad.”
A pesar de que todas estas irregularidades administrativas y contables, que podríamos calificar como gravísimas, el 10 de diciembre de 2013 se giró el oficio CISEGE/1276/2013 en el cual se afirma que las observaciones fueron atendidas y determinadas. Por lo mismo, la directora Yolanda López Contreras y su coordinador administrativo, Víctor Mendoza Vigil, pudieron continuar desempeñándose en sus cargos.
A esta fecha, la directora promueve recategorizaciones de medios tiempos a tiempos completos y a nivel escalafonario, incluida ella misma, a pesar de que la UPN 241 ha visto disminuida su población escolar, debido a que su programa de licenciatura para la profesionalización de profesores de educación básica fue cerrado hace un año. Eso ha ocasionado la existencia de personal docente sin qué hacer, situación que hará crisis en los siguientes meses, cuando haya egresado la totalidad de estudiantes de su Licenciatura en Educación.
Por su parte, el coordinador administrativo Víctor Mendoza Vigil, según hemos sido informados por personal de la propia UPN 241, viaja a Las Vegas y emplea recursos públicos en sus actividades personales.
