Condusef deberá revisar de manera exhaustiva a quienes prestan efectivo

Dip. Manuel Aguilar Acuña

San Luis Potosí, SLP.- El Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros (Condusef)  para que, en el ámbito de sus atribuciones, a través de su Delegación en San Luis Potosí, realice una revisión exhaustiva de las condiciones de operación, servicio y contratación de los créditos que ofertan las instituciones dedicadas al otorgamiento de préstamos en efectivo, tales  como bancos, tiendas departamentales, sociedades mercantiles, cajas populares, cooperativas y  cualquiera otra cuyo giro original es diverso pero que en la práctica fungen como prestamistas en los 58 municipios del Estado.

Esto ya que en ocasiones, aprovechándose de la necesidad económica de  los solicitantes colocan sus servicios financieros bajo clausulas ilegales o abusivas y mediante publicidad engañosa, confusa o insuficiente;  también se está solicitando que emprenda una campaña informativa en la que socialice con los  potosinos del Estado, los aspectos que deben atenderse a la hora de  contratar un préstamo y para comenzar a construir una cultura de  responsabilidad en la utilización de servicios financieros.

Al respecto, el Diputado Manuel Aguilar Acuña, señaló que en los últimos años, han proliferado en toda nuestra entidad, y particularmente en la Huasteca Potosina, la apertura de un sinfín de negocios dedicados al préstamo de dinero en efectivo con tasas de interés altísimas y que en muchas ocasiones se aprovechan de la necesidad extrema de las personas o bien de su ignorancia, para cobrarles intereses que a la larga implican pagar tres o cuatro veces el importe de los empréstitos que reciben o bien que a la postre devienen en impagables.

Señalo que en lo personal ha recibido quejas sobre la forma en que cajas de empeño, tiendas departamentales o sociedades de crédito otorgan préstamos sin mayores requisitos e incluso trasladándose a las propias comunidades para facilitar  el trámite a los solicitantes, pero una vez que éstos firman los contratos de los que en muchas ocasiones ignoran clausulas, condiciones o contenido, la postura de estos negocios cambia radicalmente, hasta el grado de utilizar tácticas de acoso, para cobrarlos y aún a sabiendas de que otorgaron los  créditos a personas de escasos recursos y en condiciones de desventaja extrema.