San Luis Potosí, SLP.- La Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, llevaron a cabo el Foro Taller “Prevención de la Tortura a través del Mecanismo Nacional y el Protocolo de Estambul”, que tomaron alrededor de 135 funcionarios públicos entre custodios, policías ministeriales estatales y municipales, ministerios públicos, jueces así como médicos, con el firme propósito que las dependencias de gobierno se conviertan en entes protectores de Derechos Humanos, y erradicar este mecanismo (tortura) para lograr la confesión.
En San Luis Potosí sigue prevaleciendo la tortura por elementos policiacos lo que derivó que en 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitiera 4 recomendaciones: la 5 dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado; 23 a Secretaría de Seguridad Pública, 26 al Presidente Municipal de Ciudad Fernández y la 28 a la Secretaría de Seguridad Pública y Dirección General de Seguridad Pública de la Capital.
El evento se desarrolló el 14 y 15 de mayo, en el auditorio Pedro Antonio de los Santos de Palacio de Gobierno, y se contó con la presencia del Lic. Cándido Ochoa Rojas Secretario General de gobierno y representante personal del gobernador del Estado, Lic. María Guadalupe Cristina Vega Ramírez Subdirectora de Capacitación a Servidores Públicos de la Secretaría Técnica de la CNDH¸ Lic. Miguel Ángel García Covarrubias Procurador General de Justicia del Estado, María Concepción Tovar Monreal directora general de Reinserción social del Estado, así como representantes del Poder Judicial del Estado.
En su intervención el ombudsman potosino, Jorge Vega Arroyo, dio a conocer que este foro-taller se deriva de un convenio de colaboración suscrito entre la CNDH, el gobierno del estado y la CEDH, y conforma una nueva etapa de acercamiento, para fortalecer las instituciones y el trabajo de las dependencias con una nueva fusión con base a lo que señala el Artículo 1º. Constitucional, de que todas las autoridades se convierten ahora en defensoras de Derechos Humanos desde el ámbito del poder judicial, ejecutivo y legislativo.
Destacó que con el nuevo esquema acusatorio adversarial, lo importante es llegar a una sentencia efectiva y que la confesión no represente más la prueba fundamental en un juicio criminal sino más bien la investigación científica, “ el compromiso es mucho mayor para los agentes del ministerio público, que ahora tienen la obligación como señala la Suprema Corte de Justicia, de considerar, señalar e investigar por separado cualquier denuncia, para determinar si existen los elementos sobre tortura., una clara violación a los derechos humanos de la víctima”.
El llamado Protocolo de Estambul es un Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que constituye el primer conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias. Establece una serie de estándares y procedimientos reconocidos internacionalmente para reconocer y documentar indicios de tortura, preservación de pruebas, realización de exámenes médicos, entrevista y evaluación de pruebas. Su objetivo es facilitar la protección contra la tortura y resulta de gran utilidad a doctores y abogados para llevar información confiable a los tribunales.
México incorporó el Protocolo de Estambul hace diez años, el 18 de agosto de 2003, mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo A/057/2003 del Procurador General de la República “Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato”. Asimismo, para vigilar su correcta aplicación se instalaron el Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen Especializado, así como su Grupo Consultivo.
