El Congreso del Estado tendrá que adaptar la legislación electoral

Jorge Alejandro Vera Noyola

San Luis Potosí, SLP.- El Diputado, Jorge Alejandro Vera Noyola destacó que ahora corresponderá a los estados adaptar las legislaciones locales, una vez que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular, la legislación secundaria en materia política-electoral que, entre otras cosas, expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

“Estábamos imposibilitados precisamente para hacer adaptaciones en tanto no conociéramos ya las reglas claras de cómo se tienen que aterrizar las reformas constitucionales, ya tenemos ahora ese panorama y ahora lo que nos corresponde a nosotros, es ajustar toda nuestra reglamentación a esas leyes generales», mencionó.

Vera Noyola señaló que por parte del Congreso del Estaco comenzarán a cumplir con esta reglamentación para generar una ley de carácter local, con la problemática que se ha comentado y que trae un procedimiento extraordinario mas allá de lo que se refiere al Congreso.

“No es nada más lo que se refiere al procedimiento legislativo, sino que tiene que pasar por la autorización de los municipios, lo cual lleva un tiempo considerable, con la posibilidad de que a nivel local, la Constitución no alcance a estar reformada con la antelación que se requiere para poder estar en vigor en los siguientes comicios», puntualizó.

De igual manera, expuso que no están en riesgo los comicios electorales, sin embargo dijo que lo que acontece en todo caso, es que probablemente se estén judicializando los procesos y que se generen climas no  propicios para las elecciones porque al no existir las reglas perfectamente claras, se pueden generar climas de intranquilidad sobre todo en materia electoral, pero destacó que a fin de cuentas tiene que prevalecer siempre la Constitución y las reformas que ya se han autorizado.

En relación a la pensión vitalicia para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el legislador consideró que no es lo más conveniente el generarle estos cargos al erario público  y señaló que esto pudo darse para evitar que se judicialice el proceso de la renovación de los magistrados.