Por unanimidad se reformaron varios artículos en materia político-electoral.

Sesión del Congreso Enfermeras

San Luis Potosí, SLP.- En sesión ordinaria el pleno de la LX Legislatura aprobó por unanimidad el Dictamen Minuta Proyecto de Decreto que presentaron las comisiones de Puntos Constitucionales; y Comisión Especial Encargada de Substanciar el Procedimiento de Integración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; y de la Reforma Electoral del Estado que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de varios artículos de y a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de armonizarla con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. 

Esta reforma a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí contempla la reelección consecutiva de presidentes municipales y diputados locales; que los consejeros del Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana (CEEPAC) serán nombrados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE); que el Tribunal Electoral del Estado no formará parte del Poder Judicial del Estado, se integrará por tres magistrados electorales que actuarán en forma colegiada y serán electos por el Senado de la República.

Que para conservar el registro o inscripción que da acceso a las prerrogativas económicas en el Estado, los partidos políticos deberán obtener por lo menos el tres por ciento del total de la votación valida emitida en cualquiera de las elecciones locales;  el derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos relativo a la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular; así como nuevos requisitos para ser candidato a Gobernador, presidente municipal o  diputado local;  entre otros preceptos.

Esta reforma, que pretende garantizar e instrumentar la forma en que los ciudadanos participen directamente en la toma de decisiones de los poderes tradicionales del Estado, será enviada a  los 58 ayuntamientos de San Luis Potosí para que sea avalada máximo en un mes, el 30 de junio, mínimo por la mitad más uno de los cabildos,  a fin de que pueda entrar en vigor para las elecciones constitucionales del año 2015.

Con esta reforma, la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí establecerá en  el artículo 26 que el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Artículo 30  que corresponde a los ciudadanos, partidos políticos y al Consejo Estatal Electoral la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, así como velar porque los mismos se lleven a cabo bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad, objetividad y equidad.

Artículo 31 que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es un organismo de carácter permanente, autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento; con personalidad jurídica y patrimonio propios; encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias de la materia electoral; de preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales  y municipales; así como los procesos de consulta ciudadana; integrado conforme lo disponga la ley respectiva. La calificación de las elecciones de Gobernador, diputados locales y ayuntamientos corresponde al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, o en su caso, al Instituto Nacional Electoral, de conformidad con la Constitución Federal y acuerdo a las leyes federales y locales electorales.

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es competente para imponer las sanciones administrativas por infracción a las disposiciones electorales, en los términos que establezca la ley.

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana contará con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; un Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos y en su caso, el representante del candidato independiente a Gobernador del Estado, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz.

Los consejeros electorales integrantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana durarán en su encargo un periodo de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones; serán nombrados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y podrán ser removidos por causas graves que establezca la ley.

Los consejeros electorales y demás servidores públicos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo.

Artículo 32 que el Tribunal Electoral del Estado es el órgano jurisdiccional de única instancia y especializado en materia electoral en el Estado; gozará de autonomía técnica, gestión en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones. Este deberá cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.

El Tribunal Electoral del Estado no formará parte del Poder Judicial del Estado, y se integra por tres magistrados, que actuarán en forma colegiada y permanecerán en su encargo durante siete años.

Los magistrados electorales serán electos en forma escalonada por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo que establecen la Constitución Federal, y las leyes generales en materia electoral que de ella emanen.

Los magistrados electorales serán los responsables de resolver los medios de impugnación interpuestos en contra de todos los actos y resoluciones electorales locales, en términos de las leyes locales en la materia.

Durante el periodo de su encargo, los magistrados electorales no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación de la autoridad electoral jurisdiccional local, y de los que desempeñe en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. Todas las sesiones del Tribunal Electoral del Estado serán públicas.

Artículo 33 que la ley establecerá el sistema de medios de impugnación jurisdiccionales por los cuales deban resolverse las controversias que se susciten con motivo de los procesos electorales locales, así como las derivadas de los actos y resoluciones que emitan las autoridades electorales locales.

Estos procedimientos jurisdiccionales tienen por objeto garantizar los principios de certeza y definitividad de las diferentes etapas de los procesos electorales, así como el de legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades en la materia.

En materia electoral los recursos se tramitarán en términos de la ley local de la materia.

Artículo 36 que  los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática y hacer posible el acceso de sus candidatos, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo de los electores, al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas postulados por aquéllos; así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a diputados locales, y ayuntamientos.

Artículo 37 que  con las prerrogativas y derechos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos con registro nacional o estatal tienen derecho a participar en los procesos electorales que se lleven a cabo en el Estado, siempre y cuando observen lo dispuesto por las leyes federales y locales en la materia.

Para conservar el registro o inscripción que da acceso a las prerrogativas económicas en el Estado, los partidos políticos deberán obtener por lo menos el tres por ciento del total de la votación valida emitida en cualquiera de las elecciones locales, ya sea para la elección del Poder Ejecutivo o Legislativo, en el último proceso electoral.

Artículo 38 que la consulta ciudadana es el mecanismo de participación por el cual los potosinos ejercen su derecho a través del voto emitido, y mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia estatal o municipal. Esta Constitución reconoce como instrumentos de consulta ciudadana, el referéndum y plebiscito. La ley en la materia establecerá las materias, requisitos, alcances, términos y procedimientos para llevarla a cabo.

Los ciudadanos de la entidad podrán solicitar al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que someta a plebiscito total o parcial, las reformas legislativas, en los términos del párrafo anterior.

La ley establecerá las materias, requisitos, alcances, términos y procedimiento a que se sujetarán el referéndum y el plebiscito. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana resolverá, con base en la trascendencia de la materia y en el cumplimiento de los requisitos que establezca la ley, sobre la procedencia de los mismos.

El plebiscito sólo procederá cuando se trate de actos  trascendentales o de especial interés para la vida en común.

Artículo 39 que el Gobernador del Estado, mediante referéndum, y a través del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, podrá someter a consulta de los ciudadanos potosinos, los actos que pretenda llevar a cabo y los convenios que proyecte celebrar con organismos públicos o privados.

En los mismos términos, el Congreso del Estado podrá llevar a cabo el referéndum respecto de los actos que pretenda efectuar con relación a la formación, supresión o fusión de municipios.

Los ayuntamientos, en las mismas condiciones, podrán solicitar al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que someta referéndum de los ciudadanos de sus respectivos municipios, los actos que pretendan efectuar, así como los convenios que tengan programado celebrar con otros municipios, entidades o particulares.

Artículo 40 que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea de Diputados, que se denomina Congreso del Estado, la cual se elegirá cada tres años.

ARTÍCULO 47 que no pueden ser Diputados los secretarios, subsecretarios  o Procurador General del Estado; ni los titulares de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración; o a los que esta Constitución otorga autonomía. Los miembros de las Fuerzas Armadas que estén en servicio activo o que tengan mando en el Estado, así como los que ejerzan mando y atribuciones en la policía en el distrito en donde se celebre la elección. Los Magistrados y Secretarios del Tribunal Electoral del Estado; el Consejero Presidente o los consejeros electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Secretario Ejecutivo, o personal profesional directivo del propio Consejo, salvo que se hubiere separado de su encargo tres años antes del día de la elección, y los Magistrados y Jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no podrán ser electos en la entidad de sus respectivas jurisdicciones.

Quienes se encuentren en los supuestos que señalan las fracciones, II, III, IV, y VII, de este artículo,  estarán impedidos a menos que se separen definitivamente de sus funciones noventa días antes del día de la elección. Los ministros de culto deberán hacerlo con la anticipación y en la forma establecida en la Ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal.

Artículo 48 que los Diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Artículo  73 que para ser Gobernador del Estado se requiere ser mexicano por nacimiento y ciudadano potosino en pleno goce de sus derechos.  Si se tiene la calidad de potosino por nacimiento, contar con una residencia efectiva no menor de un año anterior al día de la elección y, si se trata de potosino por vecindad, la residencia efectiva deberá ser no menor de cinco años contados a partir de la adquisición de vecino. Tener 30 años cumplidos al día de la elección.  No estar en el servicio activo del Ejército Nacional, a menos que se separe de su encargo por lo menos un año antes del día de la elección;

No ser secretarios o subsecretarios de Estado, Procurador General de Justicia del Estado, Presidente Municipal, a menos de que se separe de su encargo ciento veinte días antes del día de la elección.  No tener una multa firme pendiente de pago, o que encontrándose sub júdice no esté garantizada en los términos de las disposiciones legales aplicables, que haya sido impuesta por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que hubiere desempeñado en la administración federal, estatal o municipal; y no haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión.

Y  no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe formal, material y definitivamente de su ministerio en la forma y con la anticipación establecida en la Ley Reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 114 que cada Municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa. La competencia del gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Estado. Los ayuntamientos se compondrán por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine, electos popularmente por votación directa, quienes podrán reelegirse por un periodo adicional por el mismo cargo. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Las personas que, por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen la función propia de sus cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, podrán ser reelectas para el período inmediato siguiente.

En el caso de los funcionarios suplentes, podrán ser electos para el período inmediato siguiente sin ser considerado como reelección, siempre que no hayan ejercido funciones u ostentado el carácter propietarios en el Ayuntamiento respectivo.

Artículo 117 que para ser miembro del Ayuntamiento, Concejo o Delegado Municipal, se requiere  ser ciudadano potosino en pleno goce de sus derechos. Ser originario del municipio y con un año, por lo menos, de residencia efectiva en el mismo, inmediata anterior al día de la elección o designación, en su caso; o ser vecino del mismo, con residencia efectiva de tres años inmediata anterior al día de la elección,  o designación.

Artículo 118 que están impedidos para ser miembros propietarios o suplentes de los ayuntamientos también los  secretarios, subsecretarios  o Procurador General del Estado; los titulares de organismos descentralizados o desconcentrados de la administración; o a los que esta Constitución otorga autonomía. Los Magistrados y Secretarios del Tribunal Electoral del Estado; el Consejero Presidente o los consejeros electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Secretario Ejecutivo, o personal profesional directivo del propio Consejo, salvo que se hubiere separado de su encargo tres años antes del día de la elección.  Los ministros de culto religioso.  Los Magistrados y Jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Estarán impedidos los ciudadanos a que se refieren las fracciones, II, III,  y V, de este artículo, a menos que se separen de sus funciones noventa días antes del día de la elección. Los ministros de culto deberán hacerlo con la anticipación y en la forma establecida en la Ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal.

Los Síndicos reunirán además los requisitos previstos en la ley orgánica respectiva.

Los artículos transitorios del dictamen aprobado establecen que: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, previo procedimiento a que se refiere el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; y sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Una vez hecha la declaratoria de validez de la presente reforma constitucional, el Congreso del Estado deberá adecuar las leyes secundarias en materia político-electoral que de ella emanan, a más tardar el 30 de junio de 2014. Dichas modificaciones observarán las garantías electorales que la Constitución Federal y Local establece como marco general, y respecto de las facultades y competencias que no están expresamente concedidas a la Federación.

Los actuales Presidente y Consejeros del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen las designaciones a que se refiere el transitorio Noveno del Decreto Legislativo por el cual fue reformada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. Los consejeros podrán ser elegibles para un nuevo nombramiento.

Los Magistrados de Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de las normas previstas en los transitorios Segundo y Décimo del Decreto Legislativo por el cual fue reformada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen los nuevos nombramientos, en los términos previstos por la fracción IV, inciso c), del artículo 116 de la Constitución Federal. Los Magistrados podrán ser elegibles para un nuevo nombramiento.

Una vez que sean nombrados los magistrados electorales por el Senado de la República,  los recursos humanos, materiales, presupuestales y financieros para el año 2014 del Tribunal Electoral, seguirán formando parte y ejercidos por el Poder Judicial del Estado; sin menoscabo de los derechos laborales de todos y cada uno de los trabajadores que actualmente lo integran, y de conformidad con las leyes de la materia.

Los  procedimientos jurisdiccionales relacionados con las agrupaciones políticas, y partidos políticos, así como de sus militantes o simpatizantes  iniciados con anterioridad al inicio de la vigencia del Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de fecha veintidós de mayo del presente año,  expedido por el Congreso de la Unión, seguirán bajo la competencia del actual Tribunal Electoral hasta su conclusión.

Los medios de impugnación en materia electoral que sean promovidos en contra de actos y resoluciones de la autoridad administrativa electoral del Estado con fundamento en la Ley del  Sistema de Medios de Impugnación en materia  electoral del Estado, a partir de la vigencia del presente Decreto y hasta en tanto sea integrado el órgano constitucional autónomo denominado Tribunal Electoral del Estado, serán recibidos y substanciados por el actual Tribunal Electoral del Estado, el que deberá entregar a través  del proceso de entrega – recepción  los asuntos en trámite y el estado que guardan los mismos al órgano de nueva creación.

Los procedimientos jurisdiccionales que se están tramitando ante el actual Tribunal Electoral en su carácter de sala auxiliar en razón de las competencias designadas por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, continuarán recibiéndose y substanciándose por la misma, hasta en tanto se cumplan las disposiciones a que se refiere el párrafo Segundo de este Transitorio;  cumplido el supuesto, deberá iniciarse y ejecutarse el proceso de entrega-recepción de los asuntos en trámite de acuerdo con la asignación que para este efecto determine el Poder Judicial del Estado.

El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría  de Finanzas del Estado,  deberá destinar las partidas presupuestales  para la creación y funcionamiento del Tribunal Electoral del Estado como Organismo Constitucional Autónomo, para el debido cumplimiento de sus atribuciones de conformidad con la normativa aplicable;  así como, de las diversas obligaciones que se desprendan del presente Decreto.

La reforma a los artículos, 40, y 48 de esta Constitución en materia de reelección de diputados, no será aplicable a los legisladores que hayan protestado el cargo en la legislatura que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del Decreto.

La reforma al artículo 114 de esta Constitución en materia de reelección de presidentes municipales, regidores y síndicos, no será aplicable a los integrantes que hayan protestado el cargo en el Ayuntamiento que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto; entre otros preceptos.

Al inicio de la sesión ordinaria el pleno del Congreso del Estado autorizó por unanimidad la licencia al cargo por tiempo indeterminado del legislador Jorge Aurelio Álvarez Cruz y citó a su suplente Juan Daniel González Ayala para que rindiera la   protesta de ley como diputado en sesión solemne.

Posteriormente en sesión solemne y con la presencia del Licenciado Miguel Martínez Castro y el Magistrado Bulmaro Corral Rodríguez, representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, respectivamente, González Ayala rindió protesta como legislador.

Al continuar la sesión ordinaria se leyó la notificación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en donde se comunica que el diputado Martín Álvarez Martínez es el nuevo coordinador de esta fracción parlamentaria en el Congreso del Estado; se reestructuró la vicepresidencia de la Junta de Coordinación Política para el periodo del 29 del mayo al 14 de septiembre del año 2014;  y se tomó protesta de ley al diputado  Álvarez Martínez para que desempeñe ese cargo.

También se aprobó por unanimidad la propuesta de la Junta de Coordinación Política para reestructurar las comisiones de Asuntos Migratorios; Ecología y Medio Ambiente; y Gobernación  para que se integre a éstas el legislador Juan Daniel González Ayala.

Fue aprobado por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentaron las comisiones de Gobernación; Primera; y Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal; y  Vigilancia que autoriza al ayuntamiento de Rayón suscribir convenio con el ciudadano Roberto Tello Castillo para pago de laudo expediente  709/2007-M-4 por 512 mil pesos, periodo máximo 48 meses.

Se aprobó por unanimidad por considerarse de obvia y urgente resolución un punto de acuerdo que presentó el diputado Eduardo Chávez Aguilar para que la LX Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí exhorte al Congreso de la Unión, a que a través de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica, se exija justicia a las autoridades de su país por el homicidio de Anastasio Hernández Rojas.

Se aprobó por unanimidad el informe financiero del Congreso del Estado correspondiente al mes de abril del 2014.  El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Pablo Escobar Martínez, fue el encargado de presentar dicho informe financiero.

En la sesión ordinaria también se turnó a las comisiones legislativas respectivas diversa correspondencia enviada por ente autónomo; ayuntamientos; organismo paramunicipal; Poder Federal; Poderes de otras entidades del país; particulares; iniciativas; y punto de acuerdo.

En asuntos generales se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo que presentó el diputado Jaén Castilla Jonguitud para exhortar a las autoridades estatales a fortalecer sus políticas públicas para  impulsar a la ciudadanía a que presenten denuncias cuando existan abusos sexuales en contra de menores de edad.

Agotados los asuntos agendados se citó al pleno del Congreso del Estado a sesión ordinaria programada a las 10 horas del jueves 5 de junio del año en curso en el salón “Ponciano Arriaga Leija” ubicado en Jardín Hidalgo número 19.