El Congreso local apoya el nuevo modelo de justicia

Fernando Pérez E

San Luis Potosí, SLP.- El Diputado Fernando Pérez Espinosa, presidente de la Directiva del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, resaltó el anuncio del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, de respaldar a las entidades en la implementación del nuevo modelo de justicia penal acusatorio, para que antes del 2016 se pueda aplicar en todo el país.

El legislador recordó que en San Luis Potosí, el Congreso trabaja en la creación de las leyes y el marco jurídico adecuado, para que este nuevo sistema sea implementado en tiempo y forma.

“Bienvenida la cooperación con el Gobierno Federal y en lo que respecta al Congreso del Estado, trabajaremos en coordinación con la Federación para que en las cárceles estén los verdaderos delincuentes que lesionan a la sociedad, bajo el nuevo principio de presunción de inocencia”, indicó.

Pérez Espinosa se dijo convencido de que el nuevo modelo de justicia penal, hará más ágiles los juicios, evitará la burocracia, con trámites ágiles y efectivos, lo que ahorrará recursos para canalizarlos a la prevención del delito.

“Homologar el marco jurídico, nos permitirá crecer con gobernabilidad”, apuntó y añadió que “la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, no es un asunto partidista, sino de justicia social”, sostuvo.

“Este nuevo modelo de justicia, busca dar el trato digno y respetar los derechos humanos tanto de las víctimas como de los imputados, como lo hemos venido haciendo en el estado”, manifestó el diputado Fernando Pérez.

Destacó también que la oralidad en los juicios, permitirá garantizar la presencia del juez y de las partes en las audiencias, durante el desahogo de los medios de prueba, dará mayor celeridad a la duración del juicio, pues se llegará a la solución del asunto y se esclarecerá el hecho de manera mucho más rápida.

El diputado Pérez Espinosa, indicó finalmente que una de las bondades primordiales del nuevo sistema acusatorio, es que se logrará de manera rápida y efectiva la reparación puntual de los daños causados por el delito, con respeto a los derechos humanos, tanto de la víctima como del imputado.