Presentan iniciativa de ley en favor de ley de adquisiciones

Dip. Ramón Guardiola

San Luis Potosí, SLP.- El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal del Congreso del Estado, diputado Ramón Guardiola Martínez, presentó una iniciativa de nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de San Luis Potosí, la cual contempla la modernización y sistematización normativa en esta materia, en la búsqueda de su eficiencia y eficacia.

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada se indica que el propósito fundamental de estos cambios, es que todas las adquisiciones, arrendamientos y servicios que requieran contratar las diferentes instancias de gobierno se lleven a cabo en forma racional, eficaz y oportuna; mediante procedimientos ágiles y expeditos que garanticen a toda persona, la honestidad y transparencia en cada una de las operaciones que se realicen.

En esta propuesta se da énfasis a la transparencia, a la simplificación administrativa y a un equilibrio contractual que procure una reciprocidad de intereses entre las instancias de gobierno y los proveedores contratados, se especifica.

Con el propósito de evitar que cada seis meses el Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí actualice los montos para las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se incluyen en esta ley, fijándose éstos en salarios mínimos, los que con base en la realidad económica se aumentarán en su cuantía.

Determina que será la Oficialía Mayor o su equivalente la que se encargará de tramitar y ejecutar las adquisiciones, arrendamientos y servicios, ya es esta instancia de gobierno la que en las leyes orgánicas respectivas tiene esta función y se fija la obligación para que las instituciones cuenten con un comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Con la intención de generar equidad, imparcialidad y transparencia en la participación de los proveedores en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se establece como obligación para las instituciones, el de contar con un padrón de proveedores y se indican los requisitos que se requerirán para inscribirse en el mismo, las causas por las que se puede suspender o cancelar el registro y los impedimentos de las instituciones en relación con dichas personas.

Se da certeza y seguridad jurídica a los proveedores que deseen participar en alguno de los procedimientos que regula esta Ley, ya que se establecen con precisión los mecanismos legales a los que estarán sujetos.

También se determina el tipo de licitaciones públicas, con base en el origen de los recursos y para efecto de la convocatoria y específica en qué casos se podrán efectuar licitaciones internacionales.

En lo relacionado con las convocatorias, se precisan los requisitos que deben tener y las bases; así como los procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa, para que sean más claros y transparentes, para que permitan un ejercicio adecuado y honesto del gasto público.

Señala que las licitaciones públicas las desahogará el comité, y los procedimientos de invitación restringida y adjudicación directa, los realizará la Oficialía Mayor o su equivalente de cada institución; esto con el propósito de reducir tiempos y costos en los dos últimos mecanismos, ya que éstos representan menores cuantías.

Además, introduce la figura jurídica de contrato abierto, que facilita la obtención de adquisiciones, arrendamientos y servicios, por una cantidad, un presupuesto o un plazo mínimo y máximo, entre otros aspectos.

Esta iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Gobernación; y Transparencia y Acceso a la Información Pública.