Hay que sancionar a despachos de cobranza que intimiden a la sociedad; Jover

Juan-José-Jover

San Luis Potosí, SLP.- El diputado Juan José Jover Navarro presentó una iniciativa de reforma al artículo 147 BIS del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí, a fin de sancionar las conductas de despachos de cobranza particulares, que rayan en amenazas y hostigamiento para el deudor o sus familiares.

De esta manera, la propuesta es sancionar con prisión de seis meses a dos años y una multa de 150 a 300 días de salario mínimo, a la persona que por medio de cualquier forma de amenazas, violencia física o verbal, intimidación u hostigamiento físico o telefónico, o por cualquier otro medio de comunicación, pretenda cobrar o requiera en nombre y representación de instituciones bancarias, tiendas departamentales o cualquier otra institución crediticia, el pago de una deuda contraída, ya sea propia del deudor, de un familiar o de quien funja como referencia o aval.

Además, de las sanciones a que hubiera lugar en los casos en que se emplee documentación o sellos falsos; o si se usurparon funciones públicas o de profesión.  Para la reparación del daño cometido se estará a lo dispuesto en el artículo 26 del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí.

En su exposición de motivos, el legislador indica que en las actuaciones de cobranza extrajudicial efectuadas por particulares se emplean diversos medios de coacción y amenazas. Una de sus prácticas más comunes es realizar llamadas en la noche, en la madrugada, en fines de semana o enviar cartas intimidatorias y amenazantes a hogares y lugares de trabajo de las personas que continúan en sus bases de datos, alejándose de todo medio permitido por la ley e incluso llegan a la simulación de actos y/o documentos judiciales o administrativos para realizar la cobranza respectiva.

“Las empresas de cobranza y las personas que ahí laboran deben ser limitadas en sus prácticas y en un determinado momento sancionadas por los medios que utilizan para cobrar adeudos a clientes morosos y para localizarlos a través de familiares o números que se dejaron de referencia; cuando se presente cualquier persona para realizar la cobranza o sólo para informar al cliente, se deberá identificar de manera fehaciente, así como no hacer un mal uso de los datos personales”, señala.

Destaca que las instituciones crediticias han desarrollado un elaborado plan para otorgar tarjetas y créditos a personas que no pueden cumplir sus compromisos de pago y después ejecutarlas en calidad de acreedores, menoscabando su patrimonio. Dicha situación ha provocado un sobreendeudamiento que ha llevado a miles de familias a no poder disminuir sus deudas y a estar cada vez más expuestas a padecer el acoso u hostigamiento de bancos, tiendas y despachos de cobranza.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis respectivo.