Así fue la Sesión Ordinaria en el Congreso Potosino (RESUMEN)

San Luis Potosí, SLP.- En sesión ordinaria el pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentaron las comisiones de Puntos Constitucionales; y Especial Encargada de Substanciar el Procedimiento de Integración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; y de la Reforma Electoral del Estado, que expide la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

•        En sesión ordinaria el pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentaron las comisiones de Puntos Constitucionales; y Especial Encargada de Substanciar el Procedimiento de Integración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; y de la Reforma Electoral del Estado que expide la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

•        Después de este asunto se aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentaron las comisiones de Puntos Constitucionales; y Especial Encargada de Substanciar el Procedimiento de Integración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; y de la Reforma Electoral del Estado que expide la Ley de Justicia Electoral del Estado de San Luis Potosí; y reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.

La Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí contiene disposiciones que atienden al mandato de la reforma constitucional como son la normativa de los partidos políticos, su organización interna, prerrogativas, el acceso a la radio y televisión, el financiamiento de los partidos políticos y su régimen financiero; la fiscalización: regulación de los frentes, las coaliciones, las fusiones y las distintas formas de asociación entre partidos políticos; así como la pérdida del registro de los partidos políticos; el conjunto de disposiciones relativas a los derechos ciudadanos; la integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, y de los Municipios; el organismo electoral local; los procedimientos especiales en las direcciones ejecutivas; las reglas de los procesos electorales, las candidaturas independientes, la propaganda electoral, los regímenes sancionadores electorales; entre otras.

La presente ley es el resultado de más de un año de trabajo, de múltiples reuniones e intercambios de ideas, del rico y aleccionador ejercicio de escucharse unos a otros y, sobre todo, de intentar entender lo que los ciudadanos quieren  y lo que la sociedad demanda, acorde a los principios constitucionales reformados en el ámbito federal y local.

Para la expedición de la nueva Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí esta Soberanía tomó en cuenta los foros, mesas de trabajo, conferencias, propuestas ciudadanas, y el análisis que el propio Congreso del Estado convocó al respecto, a las que concurrieron especialistas, legisladores, grupos parlamentarios y partidos políticos, agrupaciones políticas y ciudadanos en general. Cabe reconocer la colaboración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con el cual, a través de su presidente, consejeros y cuerpo técnico especializado, esta Legislatura perfeccionó gran parte del contenido de la presente legislación electoral en el Estado.

En concordancia con lo antes dicho, la nueva Ley Electoral del Estado pretende cubrir con las expectativas ciudadanas. En ese orden de ideas, la presente ley  consta de  16 Títulos, 69 capítulos, 486 artículos y 16  artículos transitorios.

El Titulo Primero, enuncia el objeto de la presente norma, dividiéndolos en la preparación, el desarrollo y la vigilancia de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios, la regulación del ejercicio de las obligaciones y los derechos políticos de los ciudadanos, la organización, funcionamiento, derechos y obligaciones de los partidos y de las agrupaciones políticas estatales, y el establecimiento de sanciones, asimismo, la integración y  funcionamiento de los organismos electorales del Estado.

Por otro lado, se establece de forma sustantiva una nueva distribución de competencias entre el recientemente creado Instituto Nacional Electoral y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

De igual forma, se propone una compilación de conceptos y definiciones electorales que le permiten al operador jurídico, a los partidos políticos y ciudadanos en general, una mayor comprensión de la Ley Electoral del Estado, con el objetivo de que sea una herramienta que permita un ágil y mejor manejo al momento de aplicarla.

Por otra parte, se establece  la obligación que los procesos electorales estatales, sin excepción,  quedarán sujetos a lo establecido por la Constitución Federal, la Constitución del Estado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la presente Ley, y la Ley de Justicia Electoral del Estado de San Luis Potosí, de forma supletoria aquella normatividad de orden federal.

El Título Segundo, de forma fundamental señala que el territorio del Estado se divide en quince distritos electorales para la elección de diputados de mayoría relativa. Conforme a la reforma constitucional federal, esta Soberanía adecua su legislación en cuanto a que la demarcación de los distritos electorales con base en el último censo general de población y los criterios que apruebe al efecto, será realizado por el Instituto Nacional Electoral, dejando de ser una atribución del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Dentro de las disposiciones relevantes, se encuentra aquella que establece que las elecciones ordinarias se verificarán el primer domingo de junio de cada seis años para Gobernador; y el mismo día de cada tres años para diputados y ayuntamientos del año correspondiente, según se trate, y cuando conforme a la Ley se declare nula una elección de diputado local, según el principio de mayoría relativa, o los candidatos triunfadores resulten inelegibles conforme a fallo del Tribunal Electoral del Estado, o Federal, se celebrarán elecciones extraordinarias dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión de la última etapa del proceso electoral respectivo, previa convocatoria que para el caso de diputados locales expida el Consejo.

El Título Tercero, hace referencia al régimen jurídico de los electorales, estableciendo el voto como un derecho y una obligación de los ciudadanos,  mismo  es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible para todos los cargos de elección popular. Asimismo, se dispone que el ejercicio del derecho de voto de los ciudadanos potosinos, esté condicionado a contar con el pleno goce de sus derechos políticos, a contar con credencial para votar con fotografía y aparecer en la lista nominal de electores con fotografía. Con base en lo anterior, no pueden ser electores los individuos que estén suspendidos en sus derechos ciudadanos o hayan perdido la ciudadanía potosina, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Constitución Política del Estado.

Por otro lado, y en términos de los derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos, el derecho de constituir partidos políticos y agrupaciones políticas estatales, y afiliarse a ellos individual y libremente.

Con el objeto de respetar los principios electorales, se dispone la prohibición a los partidos políticos, coaliciones, alianzas partidarias y a los candidatos independientes, entregar a los electores, dinero, despensas, enseres domésticos, materiales para construcción y, en general, cualquier otro bien, en todo tiempo y bajo cualquier título o denominación.

En coincidencia con la reforma constitucional federal, como mandato normativo, se dispone que los diputados y los miembros de los ayuntamientos podrán ser reelectos. Los diputados lo podrán hacer hasta por cuatro periodos consecutivos, y los miembros de los ayuntamientos, lo podrán hacer por un período adicional por el mismo cargo, siempre que la postulación sólo pueda ser realizada por el mismo partido político o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición o alianza partidaria que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

El Título Cuarto, señala quiénes serán las autoridades administrativas, y las autoridades jurisdiccionales. En cuanto al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tendrá como órgano máximo de dirección el Pleno del Consejo, mismo que se integrará por un Presidente Consejero, y seis consejeros, ahora denominados electorales, los que serán designados por el Instituto Nacional Electoral, quienes ejercerán su encargo en términos de esta Ley.

Por otra parte, se señalan las facultades y obligaciones que tendrá el Pleno del Consejo, estableciéndose una serie de atribuciones dividas en, normativas, ejecutivas, operativas, de Coordinación, vigilancia y suplencia.

En ese orden de ideas, se estipulan las facultades y obligaciones del Consejero Presidente, quien es el responsable de estar al frente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y que en conjunto con los consejeros será el encargado de velar y actuar bajo los principios de legalidad, imparcialidad, certeza, objetividad, equidad, y máxima publicidad.

De conformidad y observancia a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se crea el nuevo cargo denominado “Secretaría Ejecutiva”, que será el órgano que realizará tareas de corte electoral como administrativas, asimismo, contará con las actuales facultades de la Secretaría de Actas, quien además estará en contacto directo con las direcciones ejecutivas.

Por lo que toca a las Comisiones Distritales y Comités Municipales, se señala con puntualidad la manera de integrarse y lo relacionado con los requisitos para los ciudadanos que deseen formar parte de ellas, así como los derechos y obligaciones de ambos órganos electorales.

El Título Quinto, contempla las nuevas disposiciones relativas a los partidos políticos, que enmarcan la Ley General de Partidos Políticos, observando lo correspondiente a los derechos y obligaciones de dichas organizaciones políticas. Asimismo, se establece lo relativo al financiamiento público los partidos políticos y las Agrupaciones Políticas del Estado, a fin de estar en aptitud realizar el objeto de creación, contribuyendo a la vida democrática del Estado.

Además se actualiza la norma local respecto a la posibilidad que otorga a los partidos políticos para la creación de frentes, fusiones, coaliciones y alianzas partidarias, figuras jurídicas que persiguen fines diversos, y que sirven como herramientas para las organizaciones políticas estatales para la consecución de sus fines.

El Título Sexto, contempla el derecho que los partidos políticos tienen de recibir financiamiento público para desarrollar sus actividades, las que se distribuirán de manera equitativa, conforme a lo establecido la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Electoral del Estado que se expide.

Es importante destacar que el financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento, y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales, y para actividades específicas como entidades de interés público.

En cuanto a los gastos de campaña en la que se promocione a dos o más candidatos a cargos de elección popular, se distribuirán de atendiendo a los porcentajes que esta Ley establece, bajo los principios establecidos a supra líneas.

Por lo que toca a las causas por las cuales los partidos políticos estatales perderán su registro, destacan haber dejado de reunir los requisitos exigidos para obtener su registro; incumplir de manera grave y sistemática con las obligaciones que le señala esta Ley; no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para Gobernador, diputados o ayuntamientos; no haber participado en el proceso electoral ordinario inmediato anterior; y rebasar de los límites máximos de gastos de campaña determinados por el Consejo, entre otras.

El Título Séptimo, bajo los principios de inclusión en materia electoral, se contempla la figura de los candidatos independientes, con el objeto de que los ciudadanos puedan participar como candidatos independientes, y sin necesidad de ser postulados por los partidos políticos, a los cargos de elección popular de, Gobernador, diputados, y ayuntamientos, siempre que atiendan las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto; los criterios o acuerdos que emitan las autoridades electorales competentes, y resulten seleccionados conforme al procedimiento previsto en esta Ley.

Es importante destacar que el proceso de selección de candidaturas independientes inicia con la convocatoria que emita el Pleno del Consejo, y concluye con la declaratoria de candidatos independientes que serán registrados. Dicho proceso comprende el registro de aspirantes a candidatos independientes, la obtención del respaldo ciudadano, y la declaratoria de quienes tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes.

Por lo que toca a al régimen de financiamiento de los candidatos independientes para sus campañas electorales, tendrá las modalidades consistentes en financiamiento privado, y financiamiento público.

Asimismo, y de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley de Institución y Procedimientos Electorales, se dispone que el Instituto Nacional Electoral, como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, garantizará a los candidatos independientes el uso de sus prerrogativas en radio y televisión; estableciendo las pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir durante las campañas electorales; atendiendo las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y determinará en su caso, las sanciones. En ese caso, y cuando proceda, el Consejo auxiliará en la elaboración de las pautas para la asignación de los mensajes de los candidatos independientes, en los términos previstos por la Ley y la reglamentación aplicable.

El Título Octavo, establece de forma genérica lo relacionado al Padrón y Listado Nominal, con el objetivo de garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político electorales.

El Título Noveno, abarca todo lo relacionado con el inicio del proceso, es decir, desde que el Pleno declara su inicio, por ministerio de ley, y hasta su conclusión, refiriéndose a las fases del proceso; además se establecen las fechas precisas de registro e inscripción para quienes aspiren a un cargo de elección popular, ya sea mediante los partidos políticos, coaliciones, alianzas partidarias  candidaturas independientes.

Por otra parte, este título hace referencia no sólo a quienes van a participar en la contienda respectiva, sino que abarca a quienes se encuentran directamente relacionados con este ejercicio democrático el día de la jornada electoral, estableciendo los requisitos, derechos y obligaciones de representantes de los partidos políticos y observadores electorales.

De conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se contempla todo lo relacionado con la documentación electoral, boletas electorales, distribución  de material electoral, así como la fecha de duración de las campañas electorales.

El Título Décimo, se estipula que la seguridad jurídica de las elecciones es un elemento indispensable para poder atajar cualquier indicio de carencia de legitimidad de las mismas, es por eso que se estableen diversas modalidades a fin de que el día que se realicen los comicios respectivos, exista la plena confianza y seguridad por parte del electorado en asistir a las urnas para la emisión de su voto.

El Título Décimo Primero, se encuentra referenciado al día de la jornada electoral desde el momento en que los funcionarios de casilla se dan cita para instalar la mesa directiva de casilla respectiva, y que por su parte sea declarada la jornada electoral, específicamente, dando comienzo con la recepción de las votaciones a las 08:00 am, y serán clausurados sus trabajos a las 18:00 horas, para dar comienzo a los trabajos de escrutinio y cómputo.

El Título Décimo Segundo, está relacionado con los actos posteriores a la elección, es decir, conteos rápidos a través del Programa de Resultados Preliminares.

El Título Décimo Tercero, abarca todo lo relacionado con  el ejercicio de escrutinio y cómputo por parte de las Comisiones Distritales y Comités Municipales, de las diferentes elecciones, abarcando las de Gobernador, Diputados, y Ayuntamientos.

El Título Décimo Cuarto, instituye lo concerniente al procedimiento sancionador por parte del Consejo Estatal Electoral, estableciendo las generalidades de mismo, la forma que este se realiza en tiempo no electoral, y cómo este se convierte en especial cuando se realiza en tiempo electoral, así como la procedencia de los medios ordinarios de defensa señalados en la Ley de Justicia Electoral del Estado, según sea el caso.

El Título Décimo Quinto, establece  que para el mejor desempeño de sus actividades, el Consejo contará con un cuerpo de funcionarios en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio Profesional Electoral, que se regirá por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el Estatuto que para tal efecto expida el Instituto Nacional Electoral.

El Servicio Profesional Electoral Nacional tendrá un sistema que regulará los mecanismos de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, así como el catálogo general de los cargos y puestos del personal ejecutivo y técnico del Consejo. El Instituto Nacional Electoral ejercerá su rectoría y regulará su organización y funcionamiento.

El Título Décimo Sexto, señala lo relativo al régimen de responsabilidades que se encuentran sometidos los servidores públicos, tienen ese carácter los Consejeros Electorales del Pleno, el Secretario Ejecutivo, el Contralor Interno y, en general, todo funcionario del Consejo que pertenezca al servicio profesional electoral, que desempeñe una función administrativa en el Consejo, o que con el carácter de consejero ciudadano presidente integre organismos electorales, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, en los términos y para los efectos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Es oportuno destacar, que la presente Ley es fruto del conceso de todas las fracciones parlamentarias de la LX Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, nombradas por orden alfabético: Partido Acción Nacional, Partico Conciencia Popular, Partido Convergencia, Partido Nueva Alianza, Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionarios Institucional, Partido del Trabajo, y Partido Verde Ecologista de México.

La reforma político-electoral obedeció a la naturaleza siempre dinámica de los sistemas políticos, y a una lógica de evolución jurídica y de espíritu de transformación de los actores políticos. El nuevo modelo electoral que se plantea, es producto de la experiencia, así como de un amplio consenso entre las fuerzas políticas de nuestro Estado, que propicia mejores modelos de representación, ejercicio de los derechos políticos de asociación, transparencia, acceso a los medios de comunicación, financiamiento, equidad y rendición de cuentas; según se establece en la exposición del motivos del dictamen aprobado.

LEY DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Después de este asunto se aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentaron las comisiones de Puntos Constitucionales; y Especial Encargada de Substanciar el Procedimiento de Integración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; y de la Reforma Electoral del Estado que expide la Ley de Justicia Electoral del Estado de San Luis Potosí; y reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.

Esta ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular la impartición de la justicia electoral en el Estado de San Luis Potosí.

Entre otros preceptos establece que la justicia electoral en el Estado de San Luis Potosí se impartirá por un Tribunal Electoral, con jurisdicción en todo el territorio estatal dotado de autonomía técnica y gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones,  para dictar sus fallos y hacerlos cumplir, así como para el manejo de su presupuesto y con la competencia que establece esta ley.

Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, las normas se interpretarán conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados o instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como a los criterios gramatical, sistemático y funcional. A falta de disposición expresa se estará a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La interpretación del orden jurídico deberá realizarse conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

Lo anterior en virtud de la necesidad de adecuar la organización y funcionamiento del órgano jurisdiccional, se  propuso abrogar la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, para emitir en su lugar una Ley de Justicia Electoral del Estado, la cual contiene en su primer libro la parte orgánica y funcional del Tribunal Electoral del Estado, toda vez que en cuanto a las autoridades electorales jurisdiccionales, señala el artículo 116 de la Constitución Federal, se integrarán por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley.

Mediante disposiciones transitorias, la reforma político electoral federal señala que los Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de las normas previstas en el Transitorio Segundo del Decreto de reforma en materia político-electoral, continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen los nuevos nombramientos, en los términos previstos por la fracción IV, inciso c), del artículo 116 de esta Constitución. El Senado de la República llevará a cabo los procedimientos para que el nombramiento de los magistrados electorales se verifique con antelación al inicio del siguiente proceso electoral local posterior a la entrada en vigor de este Decreto.

Adicionalmente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, estableció principios que deberían guardar los órganos jurisdiccionales locales, destacando entre ellos, la independencia respecto del Poder Judicial Local, circunstancia que motivo instituir al Tribunal Electoral como un Tribunal Constitucionalmente Autónomo, si bien dentro de la presente iniciativa se conservan las características esenciales del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, lo cierto es también que, la independencia respecto de los poderes, fortalecerá la certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad de las resoluciones que se emitan.

El segundo libro de la ley que se propone, contiene disposiciones relativas al sistema de medios de impugnación en materia electoral, destacando en la misma y de conformidad con la reforma a la constitución local, la instauración de una sola instancia para resolver las controversias electorales, con lo cual lograremos dar celeridad a los procedimientos jurisdiccionales.

Adicionalmente y ante las reformas constitucionales de 2011, se incorpora la obligación por parte de la autoridad de realizar una interpretación conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

Es importante destacar que ante la falta de certeza respecto del mecanismo para anular elecciones, el juicio de nulidad se incorpora a este ordenamiento a fin de clarificar el proceso y mecanismo de acción.

Atentos a lo expuesto y a efecto de mantener los principios rectores que deben imperar en las democracias que llevan implícitos los procesos electorales. Con  la intención de brindar certeza jurídica a las partes en  los procesos electorales y cuya  tutela resulta imperante, se hace necesario generar en el sistema de normas la que regulen  los medios de defensa con que se cuente para impugnar las violaciones a las garantías de los individuos implicados en los procesos electorales.

Es de destacar, que atendiendo los principios Constitucionales, de rapidez y sencillez que deben imperar en la impartición de justicia, el procedimiento se convierte de una sola instancia, el cual que permitirá cumplir con los preceptos citados y que se integrara en la Ley que se plantea.

De lo anterior se desprende la obligación del Constituyente de generar la norma que tutele la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia que deben regir en la justicia electoral, en este tenor la norma determina los Órganos encargados, su integración, las facultades, atribuciones y la forma en que habrán de desahogarse los procedimientos de impugnación que incluye el sistema de nulidades electorales.

En la exposición de motivos del dictamen aprobado se señala que el pasado 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, y de manera subsecuente el día 23 de mayo, fue publicada la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con lo cual se estableció una nueva regulación del el sistema jurisdiccional electoral local.

A fin de armonizar las disposiciones constitucionales locales con las reformas constitucionales federales, el Honorable Congreso del Estado, realizó las adecuaciones necesarias a fin de hacer coherente el contenido de las reformas constitucionales en materia político-electoral con el marco constitucional local.

Respecto del funcionamiento de los órganos electorales administrativos y jurisdiccionales, la reforma en materia político-electoral federal señala, que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gozarán de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones.

INFORMES FINALES DE AUDITORÍA REVISIÓN CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2013 DE LOS PODERES LEGISLATIVO, JUDICIAL Y EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Fue aprobado por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentó la  Comisión de Vigilancia que contiene el informe final de auditoría revisión cuenta pública ejercicio 2013 del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí.

El dictamen aprobado establece que para efectos de lo que expresamente estipula el primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Auditoría Superior del Estado, se determina que el informe rendido por la Auditoría Superior del Estado a la Comisión de Vigilancia, respecto de la Cuenta Pública del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, ejercicio fiscal 2013, se advierte que dicha dependencia fiscalizadora, durante el proceso de auditoría, se apegó a los principios de legalidad, posterioridad, anualidad, prosecución del interés público, igualdad, confiabilidad, proporcionalidad, definitividad, imparcialidad, eficacia y buena fe, además, de haberse desarrollado con estricto apego a las disposiciones legales aplicables.

Que se declara concluida la etapa de revisión de la Cuenta Pública del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, por el ejercicio fiscal 2013, con la reserva que prevé el artículo 41 de la Ley de Auditoría Superior del Estado.

Que se advierte que en el manejo y comprobación de los recursos y caudales estatales se omitió observar cabalmente las disposiciones legales que en su actuar regían, acreditándose lo dicho con la inconsistencia detectada y notificada durante el proceso de auditoría; y que no logró desahogar en los plazos otorgados.

Por lo anterior se determina la continuación del procedimiento debiendo notificar el H. Congreso del Estado el decreto respectivo, a la Auditoría Superior del Estado para efecto que de continuidad en los términos que prevé el artículo 68 fracción I  de la Ley de Auditoría Superior del Estado.

Se aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que presentó la  Comisión de Vigilancia que contiene el informe final de auditoría revisión cuenta pública ejercicio 2013 del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.

En el dictamen aprobado se señala que  para efectos de lo que expresamente estipula el primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Auditoría Superior del Estado, se determina que el informe rendido por la Auditoría Superior del Estado a la Comisión de Vigilancia, respecto de la Cuenta Pública del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, ejercicio fiscal 2013, se advierte que dicha dependencia fiscalizadora, durante el proceso de auditoría, se apegó a los principios de legalidad, posterioridad, anualidad, prosecución del interés público, igualdad, confiabilidad, proporcionalidad, definitividad, imparcialidad, eficacia y buena fe, además, de haberse desarrollado con estricto apego a las disposiciones legales aplicables.

Que se declara concluida la etapa de revisión de la Cuenta Pública del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, por el ejercicio fiscal 2013, con la reserva que prevé el artículo 41 de la Ley de Auditoría Superior del Estado.

Que se advierte que en el manejo y comprobación de los recursos y caudales estatales se omitió observar cabalmente las disposiciones legales que en su actuar regían, acreditándose lo dicho con las inconsistencias detectadas y notificadas durante el proceso de auditoría; y que no logró desahogar en los plazos otorgados.

Por lo anterior se determina la continuación del procedimiento debiendo notificar el H. Congreso del Estado el decreto respectivo, a la Auditoría Superior del Estado para efecto que dé continuidad en los términos que prevé el artículo 68 fracción I  de la Ley de Auditoría

Superior del Estado.

Fue aprobado por mayoría, con 17 votos a favor y 7 votos en contra,  el dictamen con proyecto de decreto que presentó la  Comisión de Vigilancia que contiene el informe final de auditoría revisión cuenta pública ejercicio 2013 del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí.

En el dictamen aprobado se señala que en el pliego de observaciones se detallaron 32 observaciones financieras y 212 observaciones administrativas las cuales no fueron solventadas en el periodo de desahogo correspondiente, que corresponden a  poco más de 18 millones de  pesos.

De la revisión practicada al PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, se advierte dentro del cuerpo del informe final de Auditoría observaciones financieras y administrativas que reflejan el incumplimiento a los ordenamientos legales que rigen su actuar, por lo que se deberá de proceder conforme al artículo 68 fracciones I y II, de la Ley de Auditoría Superior del Estado.

Que para efectos de lo que expresamente estipula el primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Auditoría Superior del Estado, se determina que el informe rendido por la Auditoría Superior del Estado a la Comisión de Vigilancia, respecto de la Cuenta Pública del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, ejercicio fiscal 2013, se advierte que dicha dependencia fiscalizadora, durante el proceso de auditoría, se apegó a los principios de legalidad, posterioridad, anualidad, prosecución del interés público, igualdad, confiabilidad, proporcionalidad, definitividad, imparcialidad, eficacia y buena fe, además de haberse desarrollado con estricto apego a las disposiciones legales aplicables.

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CEGAIP

El pleno del Congreso del Estado eligió por mayoría calificada, con 19 votos  a favor, a  Yolanda Esperanza Camacho Zapata como comisionada presidenta de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) para el periodo del uno de julio de 2014 al 30 de junio de 2016. El comisionado numerario Oscar Alejandro Mendoza García obtuvo 7 votos a favor y la comisionada numeraria Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo obtuvo un voto a favor.

Las comisiones de, Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Gobernación, con fundamento en lo establecido por los artículos, 17 BIS de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 94, 98 fracciones XI y XX, 109, fracción III, 117 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad; 85, 86 fracción III, 143 y 154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, para los efectos del dispositivo 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Entidad, sometieron a la consideración de la Honorable Asamblea el presente dictamen.

En el dictamen aprobado se señala que en razón de que el treinta de junio de dos mil catorce concluye el periodo por el que fue ratificado el Comisionado Alejandro Alfonso Serment Gómez, como Presidente la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, tal y como se desprende del Decreto Legislativo número 988 Bis publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de junio de dos mil doce,  es procedente que esta Soberanía elija a la Comisionada Numeraria,  o Comisionado Numerario, que presidirá al órgano constitucional autónomo por los siguientes dos años, es decir a partir del uno de julio de dos mil catorce y hasta el treinta de junio de dos mil dieciséis.

COMISIÓN ESPECIAL DE ATENCIÓN A DENUNCIAS DE PERIODISTAS

Se aprobó por unanimidad la propuesta de la Junta de Coordinación Política para integrar la Comisión Especial de Atención a Denuncias de Periodistas.

La cual quedó integrada por los diputados Eugenio Guadalupe Govea Arcos, presidente; José Eduardo Chávez Aguilar, vicepresidente; Miguel de Jesús Maza Hernandez, secretario; y Alfonso Díaz de León Guillén, José Francisco Martínez Ibarra, Jaén Castilla Jonguitud y Juan José Jover Navarro, vocales.  Después de su elección, los legisladores mencionados rindieron protesta de ley para desempeñar ese cargo.

DIPUTACIÓN PERMANENTE

Se aprobó por mayoría, con 23 votos a favor y 2 votos en contra, la propuesta de la Junta de Coordinación Política para integrar la Diputación Permanente que ha de fungir del primero de julio al 14 de septiembre del año 2014.

La Diputación Permanente quedó integrada por los legisladores: Fernando Pérez Espinosa, presidente; Alejandro Lozano González, vicepresidente; Juan Daniel González Ayala, secretario; José Eduardo Chávez Aguilar, primer vocal; José  Francisco Martínez Ibarra, segundo vocal;  Jaén Castilla Jonguitud y Jorge Alejandro Vera Noyola, suplentes. Después de su elección, los legisladores mencionados rindieron protesra de ley para desempeñar ese cargo.

También se declaró reformado el artículo 17 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí en materia de competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, previa validación de 39 ayuntamientos.

En la sesión del pleno también se turnó a las comisiones legislativas diversa correspondencia enviada por demás Poderes del Estado; ente autónomo; ayuntamientos; e iniciativas.

Agotados los asuntos se citó al pleno del Congreso del Estado a sesión solemne a partir de las 10 horas del lunes 30 de junio del año 2014 en el salón “Ponciano Arriaga Leija” ubicado en Jardín Hidalgo número 19.