martes, 3 de agosto de 2021

Guardiola Martínez pretende modificar Ley de Adquisiciones

  • julio 5, 2014

J. Ramón Guardiola Martínez

San Luis Potosí, SLP.- A fin de que todas las adquisiciones, arrendamientos y servicios que requieran contratar las diferentes instancias de gobierno se lleven a cabo en forma racional, eficaz y oportuna mediante procedimientos ágiles y expeditos que garanticen a toda persona la honestidad y transparencia en cada una de las operaciones que se realicen, el diputado Ramón Guardiola Martínez presentó la iniciativa para una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de San Luis Potosí.

Esta iniciativa de ley propone la modernización y sistematización normativa en esta materia, en la búsqueda de su eficiencia y eficacia.

En esta propuesta se da énfasis a la transparencia, a la simplificación administrativa y a un equilibrio contractual que procure una reciprocidad de intereses entre las instancias de gobierno y los proveedores contratados, señala el legislador en la exposición de motivos de la iniciativa presentada.

Expuso que con el propósito de evitar que cada seis meses el Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí actualice los montos para las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se incluyen en esta ley fijándose éstos en salarios mínimos, los que con base en la realidad económica se aumentarán en su cuantía.

Determina que será la Oficialía Mayor o su equivalente la que se encargará de tramitar y ejecutar las adquisiciones, arrendamientos y servicios, ya es esta instancia de gobierno la que en las leyes orgánicas respectivas tiene esta función y se fija la obligación para que las instituciones cuenten con un comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Con la intención de generar equidad, imparcialidad y transparencia en la participación de los proveedores en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se establece como obligación para las instituciones, el de contar con un padrón de proveedores y se indican los requisitos que se requerirán para inscribirse en el mismo, las causas por las que se puede suspender o cancelar el registro y los impedimentos de las instituciones en relación con dichas personas.

Se da certeza y seguridad jurídica a los proveedores que deseen participar en alguno de los procedimientos que regula esta Ley, ya que se establecen con precisión los mecanismos legales a los que estarán sujetos.

También se determina el tipo de licitaciones públicas, con base en el origen de los recursos y para efecto de la convocatoria y específica en qué casos se podrán efectuar licitaciones internacionales.

En lo relacionado con las convocatorias, se precisan los requisitos que deben tener y las bases; así como los procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa, para que sean más claros y transparentes, para que permitan un ejercicio adecuado y honesto del gasto público.

Señala que las licitaciones públicas las desahogará el comité, y los procedimientos de invitación restringida y adjudicación directa, los realizará la Oficialía Mayor o su equivalente de cada institución; esto con el propósito de reducir tiempos y costos en los dos últimos mecanismos, ya que éstos representan menores cuantías.

Además, introduce la figura jurídica de contrato abierto, que facilita la obtención de adquisiciones, arrendamientos y servicios, por una cantidad, un presupuesto o un plazo mínimo y máximo, entre otros aspectos.

Esta iniciativa se analiza en las comisiones de Gobernación; y Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado.


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