Tepic, Nayarit.-la Procuraduría General de la República (PGR) presentó conclusiones de no acusación en favor de Ángel Amílcar Colón Quevedo ante el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales con sede en Tepic, Nayarit. Este tipo de conclusiones son muy poco comunes, porque es una aceptación por parte de la PGR de que no se encontraba acreditada su responsabilidad penal en los delitos delincuencia organizada, contra la salud, acopio de armas y posesión de cartuchos, por los cuales había sido acusado y en virtud de los cuales llevaba cinco años en injusta prisión preventiva. Dicho desistimiento implica también el sobreseimiento inmediato de la causa penal, con efectos de sentencia absolutoria, lo cual significa simple y llanamente que Ángel Amílcar es inocente de todos los cargos.
Cabe destacar que si bien las autoridades penitenciarias excarcelaron a Ángel cerca de la medianoche, lo trasladaron a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) donde fue retenido la noche del 15 al 16 de octubre, a pesar de contar con una visa humanitaria expedida por esa misma dependencia. Esta actitud criminalizante, incluso en el momento de su liberación, es emblemática del trato que brinda el Estado mexicano a los migrantes en tránsito y nos permite afirmar que el caso de Ángel no es excepcional.
Esto ha sido claramente documentado por la investigación llevada a cabo por el Centro Prodh y el programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana recogida en el informe «Migrantes en Prisión. La incriminación de migrantes en México, otro destino trágico» que documenta más de mil 200 casos de personas de origen centroamericano encarceladas en prisiones mexicanas, la mayor parte de ellas de origen guatemalteco y hondureño. Los datos obtenidos por esta investigación dejan ver un rasgo de discriminación estructural de la política migratoria de nuestro país.
En una carta que se adjunta al presente Boletín, Ángel agradece a las organizaciones y personas que se movilizaron en su favor y hace un llamado a seguir trabajando en favor de las y los migrantes en tránsito.
Ángel Amílcar Colón Quevedo, es un migrante afrodescendiente hondureño que, en 2009, fue discriminado y torturado por militares y policías en Tijuana tras allanar la casa en la que estaba retenido por miembros del crimen organizado. Desde hace cinco años estuvo encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 4 Noroeste en Tepic, Nayarit, acusado sin pruebas por delitos federales relacionados con el crimen organizado, razón por la que el Centro Prodh asumió su defensa legal. Amnistía Internacional lo declaró “preso de conciencia” y emitió una acción urgente en México y en todo el mundo para exigir su inmediata e incondicional liberación.
Recordemos que Ángel Amílcar salió de Honduras, donde era defensor de derechos humanos, para llegar a Estados Unidos con el fin de costear el tratamiento médico de su hijo mayor, Ángel Elvir, diagnosticado con cáncer y quien falleció a tan sólo seis meses de que Ángel saliera de su país.
Con falsas promesas de un coyote, Ángel fue recluido en una casa de seguridad donde lo amenazaron y donde torturaban a otras personas antes de ser incriminado por las autoridades mexicanas en el delito del cual en realidad era víctima.
El proceso de Ángel, estuvo enmarcado por diversas irregularidades: No fue notificado que tenía derecho a asistencia consular ni que debía contar con una defensa adecuada y permaneció detenido y arraigado por 77 días principalmente en instalaciones militares. Asimismo fue sometido a tortura física y psicológica con una gran carga de discriminación racial, ya que es afrodescendiente.
Tanto Ángel Amilcar como su defensa, consideran que este tipo de casos se dan con motivo de la impunidad con la que ejercen los funcionarios mexicanos, por lo que una demanda inicial después de su liberación es la investigación y sanción de los responsables en incriminarlo, torturarlo y mantenerlo irregularmente 5 años y 7 meses en prisión.
