Debe haber más presencia de comunidades indígenas en municipios: Moisés Betancourt

Reunión con el observatorio indígena (1)

San Luis Potosí, SLP.- El diputado Moisés Betancourt Salazar presentó una iniciativa para reformar la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el objetivo de generar la certeza de la participación de los representantes de las comunidades indígenas en la planeación de las políticas públicas que habrán de realizarse en algunos ayuntamientos donde existe una gran presencia de comunidades indígenas.

Con esta reforma se busca establecer en la ley, que el Sistema de Planeación Democrática de San Luis Potosí estará formado también por un representante del Consejo Consultivo del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Además, que en la formulación del Plan Estatal de Desarrollo intervendrán las dependencias y entidades de las administraciones públicas federal, estatal y municipales, los sectores social y privado, y los ciudadanos interesados, a través de una consulta abierta, incluyente y participativa organizada por el Gobierno del Estado. De la misma forma las comunidades indígenas de acuerdo a la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, tienen la facultad de participar, pudiéndose apoyar el Ejecutivo del Estado con el Padrón de Comunidades Indígenas de la entidad.

En la exposición de motivos de esta iniciativa, el legislador Betancourt Salazar señala que en los últimos 20 años, la legislación en materia de derechos y cultura indígena ha tenido un importante vuelco en el país, cada Legislatura, cada gobierno, han visto realizando importantes avances que permiten al menos desde el papel, generar mejores condiciones de vida para los pueblos originarios de la nación Mexicana.

En el caso particular de San Luis Potosí, existe la Ley Reglamentaria del artículo noveno de la Constitución Política del Estado, donde entre otras cosas, y en consonancia con los acuerdos constitucionales y la Constitución General de la República, se obliga a los entes públicos a la consulta a las comunidades indígenas en todo lo que a ellos les atañe, siendo uno de los temas a consultar con ellos los Planes de desarrollo Estatal y municipales.

Sin embargo, las consultas tienen un punto débil, pues al no quedar claro los compromisos del Estado o de las instituciones gubernamentales que las aplican o ejecutan, se generan en los consultados expectativas que muchas veces no son previstas por los funcionarios y representantes estatales.

Esto sucede porque no se planteó desde sus dependencias un beneficio claro para los consultados, o bien porque el diseño no se hizo bajo un esquema de negociación e interlocución bilateral sino de una manera unilateral e impositiva, es decir, no se consideran el diálogo ni el acuerdo bilateral como elementos fundamentales de una consulta en sus distintas fases; entre otras cuestiones.

La iniciativa de Betancourt Salazar fue turnada a las comisiones de Hacienda del Estado y Asuntos Indígenas para su análisis correspondiente.