San Luis Potosí, SLP.- Con la aprobación de la nueva Ley del Cambio Climático del Estado, fueron derogados artículos de la Ley Ambiental estatal, con el fin de evitar la duplicidad de normativas en la legislación local, señaló el diputado Martín Álvarez Martínez, presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado.
Consideró que esta ley contribuye a que San Luis Potosí vaya a la vanguardia en el tema ecológico, además que expresa de manera detallada las responsabilidades y obligaciones, y busca por varios mecanismos usar energías renovables.
La ley recién aprobada ley en sesión extraordinaria, clarifica la responsabilidad de cada parte involucrada, debido a que se pretende mejorar las condiciones ambientales de los municipios, como usar transporte colectivo con el objetivo de disminuir las emisiones contaminantes.
El diputado Martín Álvarez indicó que se requiere la voluntad de los ciudadanos así como de los gobiernos para contribuir a que sea una realidad, y es que en lo que va de la Legislatura, aseguró, “se ha hecho un esfuerzo considerable por tratar de abonar a un tema tan importante como es el medio ambiente, ha habido la voluntad de parte de los legisladores”.
En la zona territorial potosina, los climas áridos y semiáridos podrían extender su área de influencia, mientras que los semifríos podrían desaparecer. Asimismo, alrededor de 10 % de los ecosistemas forestales se verán afectados por las condiciones secas y cálidas.
Grandes extensiones de pastizales y bosques templados resentirían la presencia de climas más calientes, por lo cual podría incrementarse la extensión de bosques tropicales secos y muy secos, así como las áreas de matorrales desérticos.
También señaló que los efectos del cambio climático son potencialmente perjudiciales, tanto a la economía como a la calidad de vida, de las presentes y futuras generaciones, manifestándose en problemas de salud, escasez de agua y alimentos, así como en la pérdida de viviendas y en la degradación de ecosistemas.
La iniciativa busca dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Cambio Climático cuyo objeto es garantizar el derecho a un medio ambiente sano en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.
