22 julio, 2026

Más garantías a derechos humanos en SLP: Rubén Guajardo

6 septiembre, 2015

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Dip. Rubén Guajardo Barrera.JP G

San Luis Potosí, SLP.- En la Sexagésima Legislatura fue aprobada una iniciativa que reformó la fracción dieciocho del artículo 26 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, con la finalidad de precisar el alcance de las facultades y obligaciones del organismo garante respecto de la integración y promoción del Programa Estatal de Promoción de los Derechos Humanos.

El diputado Rubén Guajardo Barrera, promovente de la modificación explicó que este diagnóstico es fundamental para estructurar cuál debería ser el perfil que debe tener la política de promoción de los derechos humanos que lleve a cabo el organismo garante.

Señaló que de acuerdo a estadísticas de la CEDH, prevalecen miles de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, la mayoría presentadas en la Capital, Soledad, Rioverde y Ciudad Valles, de las cuales se ha emitido diversas recomendaciones a casi 20 autoridades.

Ante la variación de indicadores, el legislador destacó la importancia de precisar los alcances de la atribución de promoción de los derechos humanos, además de establecer la obligación de que este importante instrumento normativo guarde congruencia con el diagnostico que anualmente se elabora para conocer la situación prevaleciente en la entidad.

Señaló que el principal objetivo de la creación de un Programa de esta naturaleza, es la promoción y protección de los derechos humanos, mediante el desarrollo de acciones de cooperación e integración de acciones concretas en las labores de los órganos y organismos del Estado.

El diputado agregó que también es indispensable que en materia de promoción de los derechos humanos, los organismos públicos trabajen sobre lineamientos, objetivos y funciones como informar y educar, fomentar el desarrollo de valores y actitudes que los respalden.

Además de alentar medidas que permitan la correcta defensa, según afirmó el legislador, qué mejor que todo ello sea previsto por un Programa que lo organice y establezca, para que las entidades públicas participen activamente en el fortalecimiento de una cultura de respeto y prevención a la vulneración de los mismos.