San Luis Potosí, SLP.- Para terminar con la problemática social que impera por la presencia de escuelas que ofrecen cursos o estudios completos sin contar con un esquema de validez oficial, el diputado Ricardo García Melo en conjunto con el legislador Enrique Flores Flores, presentó una iniciativa de modificación al Código Penal del Estado para incorporar el delito de “Impartición Ilícita de Educación”.
Esto debido a que existen instituciones educativas que realizan acciones fraudulentas con sus estudiantes al ofrecer formación educativa que carece de certificación oficial, por lo cual se busca sancionar con una pena de cinco a diez años de prisión y sanción pecuniaria de mil a mil quinientos salarios mínimos a quienes presten servicios educativos sin reconocimiento de validez oficial de estudios o la autorización respectiva.
El diputado Ricardo García Melo presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología señaló que se tiene conocimiento de casos de personas que al término de sus estudios descubren que éstos no cuentan con validez oficial, como es el caso del propio sistema educativo “y no pueden entrar a trabajar porque la escuela no está reconocida y son tres o cuatro años en los cuales el costo de las colegiaturas, el tiempo invertido y el costo de todos los útiles escolares, de todos los libros impacta”.
En su exposición de motivos, señala que estas escuelas han prosperado, principalmente en los niveles medio superior y superior, debido a la falta de una cobertura total en el ámbito público, y representan una competencia desleal a los centros educativos que si cumplen procesos de calidad y normatividad legal exigidos por la autoridad, convirtiendo la educación en mero negocio que obtiene ganancias fraudulentas.
“Puede parecer exagerada la sanción pero es un fraude, darle un título que no sirve a un joven que tiene la esperanza el día de mañana de ejercer una profesión o de cualquier nivel educativo saber que su certificado no cuenta con la validez oficial, prácticamente le hace perder todos esos años de estudio; el objetivo es que esto no ocurra en ningún nivel, se presenta más en el nivel superior porque la captación no está en una cobertura total y se presenta una oportunidad para ofrecer estos estudios de manera particular”.
Agrega que el delito de “Impartición Ilícita de educación” se encuentra ya establecido en legislaciones como la del Estado de México desde 2013, y ha servido de modelo para impulsar reformas similares en el resto de las entidades federativas y ha encontrado el total respaldo de la Secretaría de Educación Pública federal.
La iniciativa propuesta indica también que la situación de trámite de la incorporación no libera de la responsabilidad a la entidad educativa, y si en este delito tuviere intervención cualquier servidor público del ámbito educativo, la pena aplicable se aumentará de una a dos terceras partes de las que le corresponda por el delito cometido y se le impondrá, además, la destitución e inhabilitación de ocho a veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.
Esta iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Justicia y, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
