21 julio, 2026

Perredistas del Congreso buscan modificar código penal

14 noviembre, 2015

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San Luis Potosí, SLP.- El Grupo Parlamentario del PRD de la LXI Legislatura presentó una iniciativa para  adicionar al Código Penal del Estado de San Luis Potosí el Capítulo III del Título Décimo Octavo con la denominación Delitos Contra la Prestación del Servicio de Transporte Público.

Con esta reforma se elevaría a  la categoría de delito  la inobservancia a las disposiciones vinculadas con la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí en materia de taxis “piratas” y la alteración de taxímetros.

A quien preste el servicio de transporte público de pasajeros sin concesión, permiso o autorización correspondiente vigente, expedido por la autoridad competente,  se le impondría de dos a diez años de prisión, multa de trescientos a ochocientos días, así como la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación por cuatro años para ocupar otro cargo.

Al concesionario, permisionario y/u operador que altere los taxímetros y/o sistemas de prepago y demás equipos utilizados para el cobro y aplicación de tarifas autorizadas, para el servicio de transporte público de pasajeros, se le impondría de tres a cinco años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa y suspensión por un año del derecho de manejar, en caso de reincidencia, además de la pena de prisión que corresponda, privación definitiva del derecho de manejar.

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada se señala que   en  la actualidad, nuestro  Estado enfrenta una  problemática vinculada con algunos prestadores del servicio de transporte público de pasajeros, entre ellos los colectivos, transporte escolar, de trabajadores y especialmente con los denominados carros de sitio o ruleteo, mejor conocidos como taxis.

Lo anterior es así, en virtud de que en muchas ocasiones se presta ese servicio, inobservando la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, esto es, sin contar con las concesiones, permisos y/o autorizaciones correspondientes, expedidas por la autoridad competente.

Si bien la citada Ley establece una serie de  sanciones administrativas, para el caso de inobservancia de la misma, sin embargo, las mismas no han sido suficientes para erradicar este problema mejor identificado como “taxis piratas”, mismo que por manifestación del actual Secretario de Comunicaciones y Transportes, dicha problemática ha seguido en aumento.

Por ello, como integrantes de una sociedad, y para lograr una convivencia armónica, habremos de someternos al imperio de la ley, estableciendo al efecto, reglas que establezcan medidas y lineamientos que obliguen a cumplir con la misma, logrando con ello proteger a todos los gobernados, sostienen los legisladores perredistas.

Esta iniciativa se turnó a las comisiones de Justicia; y Comunicaciones y Transportes para su análisis correspondiente.