San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Familiares de quien en vida respondiera al nombre de Sergio Martínez Pérez, un taxista que murió atropellado por un vehículo que presuntamente era conducido por Carlos Alejandro Ponce, quien ostenta el cargo de Consejero en la Judicatura Local, aseguran que tienen pruebas de la corruptela que se tejió desde el juzgado octavo, para no ejercitar acción penal en contra del funcionario público.
El expediente de la averiguación previa que consignó la Procuraduría General de Justicia en el Estado, en donde se ejercitó la acción penal, como probable responsable del delito de homicidio por culpa, se recibió en el juzgado octavo con fecha del primero de abril del 2014, evadiendo los sistemas de control en la oficialía de partes, según denuncian los agraviados.
Sus abogados, les hicieron saber que en los juzgados penales, las consignaciones deben pasar por un sistema aleatorio y por sorteo se define cuál será el juzgado encargado del caso, sin embargo denuncian que esto no ocurrió y que el expediente fue turnado directamente al juzgado octavo.
Los agraviados aseguran que el expediente fue manoseado para que el funcionario público pudiera evadir la justicia. Ante estas presuntas irregularidades, se solicitará una inspección en el sistema de control y un oficio para llamar a declarar al Oficial de Partes que recibió el expediente en abril del 2014 y demostrar que la consignación nunca pasó por el sistema aleatorio.
Otra de las irregularidades que denuncian, es que el caso turnado al juzgado octavo, fue resuelto por la Secretaria de Acuerdos, la Licenciada Cirina Trujillo Gómez, encargada de despacho por ministerio de ley ante la ausencia de la juez titular, a quien acusan de haber recibido instrucciones para que no ejercitar acción penal en contra del Consejero de la Judicatura. Esta funcionaria se jubiló una semana después de emitir la resolución.
Los familiares la señalan de haber actuado en beneficio del Consejero, ha sabiendas de que no corría ningún riesgo laboral. El pasado viernes la parte agraviada acudió al Congreso del Estado para solicitar Juicio Político, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y solicitar la destitución del cargo como Consejero de la Judicatura ya que esto, dicen, influyó para no enfrentar la justicia.
El abogado Tomás Ricardo Zárate, señaló que la información que se adjuntó a la solicitud de Juicio Político es parte del expediente de la averiguación previa que llevo a cabo la Procuraduría. Los familiares de Sergio Martínez Pérez, no quieren que su muerte quede impune, temen por su seguridad y responsabilizan a dicho funcionario de cualquier acto de intimidación o amenazas, ya que aseguran que esta persona no solo goza del cobijo de las autoridades, sino que sus influencias le han permitido presuntamente colocar a familiares y amigos en puestos en tribunales y juzgados y lo acusan de abusar de su poder.
