Por: Benjamín Ustoa
Cada año las observaciones que hace la Auditoría Superior del Estado (ASE) a los ayuntamientos, Poderes del Estado y órganos autónomos, oscilan entre los 800 y mil millones de pesos del dinero público. Entre observaciones administrativas y financieras no hay una disminución sensible de las observaciones por irregularidades en la aplicación del erario. Si sumamos los 250 millones de pesos que cuesta mantener a esta órgano fiscalizador del Estado, las pérdidas anuales andan entre los mil o mil 250 millones de pesos, pesos de los ciudadanos.
La pregunta es, ya sé que hasta inocente puede escucharse, cuál es la razón por la que cada año no hay ningún alcalde o funcionario en la cárcel por peculado? La respuesta parece obvia para usted o para mí. Para los ciudadanos de a pie es claro que la ASE fiscaliza para no sancionar a nadie. Pero, por qué los diputados no ven lo que todos vemos. Tal vez porque para muchos legisladores ha servido la ASE para acomodar a sus familiares, a sus compadres o amigos, compromisos de campaña que tienen que cumplir. Pero, honestamente dudo que ésta sea la causa, esto sólo es uno de los beneficios adicionales que tienen los diputados.
La verdadera razón del por qué la ASE es un cochinero, es por una razón muy simple: los diputados no han entendido, ni en esta, ni en las anteriores legislaturas, que una de sus dos principales tareas es la de fiscalizar los recursos públicos. Lamentablemente para San Luis Potosí, no se ve a un futuro cercano que la ASE pueda cumplir con su tarea. Y es que en más de una década se ha modificado la Ley que para darle «autonomía» a la ASE, que para hacerla más eficaz, bueno hasta de nombre se le cambio. Pero, los resultados son los mismos.
Que argumento de la Auditoría podría valer para los ciudadanos y justificar dejar en impunidad a los ex alcaldes Mario García y Victoria Labastida. Entre otros tantos alcaldes. O cómo se explica que la doctora Ramos, la ex presidenta del DIF y esposa del gobernador Fernando Toranzo fue prácticamente exonerada de toda culpa. Luego, de que en esa entidad pública paraestatal se ejercieron recursos por un monto de casi 580 millones de pesos y fueron usados sin norma alguna. El DIF estatal encabezado por la doctora Ramos compró productos a sobre precio. Por ejemplo, pagó el kilo de harina de maíz nixtamalizada a 12 pesos con 30 centavos mientras que DICONSA la ofrecía en ese momento a 9 pesos, un sobreprecio de 36 por ciento.
En el caso del arroz se compró a 15 pesos con 40 centavos; y DICONSA lo tenía a 8 pesos con 86 centavos, un sobreprecio del 70 por ciento. En tanto que el frijol negro se compró a 26 pesos con 8 centavos el kilo y DICONSA lo ofertaba a 16 pesos con 80 centavos. Un sobreprecio del 55 por ciento. La sardina se compró a 25 pesos con 90 centavos y en DICONSA mantenía un precio de 16 pesos con 45 centavos, u n sobreprecio del 60 por ciento.
Además, la mayoría de estas proveedurías fueron asignadas indebidamente por adjudicación directa a personajes con una relación de parentesco con funcionarios de alto nivel en el DIF. Termino citando las palabras de la actual presidenta del Congreso local, Josefina Salazar: «La credibilidad en la democracia se encuentra lastimada porque no han sido capaces de construir un sistema de fiscalización, auditoría y rendición de cuentas que verdaderamente castigue los abusos del poder y termine con la impunidad de quienes usan sus cargos públicos para enriquecerse ilícitamente». Así de claro y así de sencillo. Hasta la próxima semana.
