POR: PABLO MÉNDEZ
Ante taxistas que actúan como delincuentes organizados, tenemos que preguntar: ¿dónde están las autoridades?, ¿es que estas no pueden ni siquiera garantizar el que los ciudadanos puedan dedicarse a un oficio honrado?
Hoy por la madrugada una turba de decenas de taxistas tomaron el perímetro del Hospital Central de campo de batalla contra dos o tres trabajadores de Uber, quienes fueron agredidos como si hubieran estado en el salvaje oeste, sin posible agente del orden que pudiera auxiliarlos.
En esos momentos críticos parece haber estado ausente cualquier tipo de autoridad, a juzgar por las lesiones que dichos ruleteros provocaron a los de la competencia, y por el tiempo con que contaron también para provocar muchos daños a los vehículos de la citada compañía.
¿Dónde estaban en esos momentos las corporaciones policiacas? ¿Cualquier grupo puede tomar en sus manos la seguridad de los demás ciudadanos y hacer lo que se les antoje?
Así las cosas, y si no se pone remedio, no tendríamos otra cosa más que esperar lo mismo de maestros, ambulantes, u otros sectores que decidan imponer la ley que a ellos les parezca conveniente.
Ya en muchas ocasiones anteriores hemos visto a tales taxistas cometer delitos y actuar de manera impune, no como los “trabajadores del volante” que dicen ser, sino como una turba golpeadora.
De ninguna manera podemos generalizar, y junto a taxista amables y responsables, los hay también que no dudan en atacar a ciudadanos o a otros taxistas cuando lo creen necesario.
En ese aspecto nunca los ha caracterizado una conducta responsable, que se atenga a la denuncia ante las autoridades, y a darle seguimiento a sus demandas.
Usuarios de su propio servicio o automovilistas pueden dar fe de cómo estos ruleteros suelen actuar como pandilla sin ley en agravio de particulares.
Pero hoy que lo vuelven a hacer las cosas parecen más graves, no nada más por la magnitud que alcanzó el pleito protagonizado, sino además porque están atentando contra el orden público y contra el derecho que otros tienen de ganarse la vida.
Con su actuación ponen en riesgo la sana convivencia y la implantación aquí de nuevas empresas, a las que no se les manda ninguna señal positiva, dada la indolencia y falta de eficacia de las autoridades.
Si de lo ocurrido los autores materiales e intelectuales son los taxistas golpeadores y sus líderes, los responsables morales e institucionales son entidades como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que no ha sido capaz de ordenar el tema.
También las corporaciones policiacas que ante estas contingencias extremas parecen inútiles o muy retardadas en su accionar para evitar sucesos violentos, o por lo menos para conseguir que no escale a mayores, como fue el caso.
Tienen responsabilidad los diputados, quienes tampoco han podido sacar adelante una iniciativa de ley que dé garantías a esta nueva empresa de UBER, que ya se encuentra en muchas partes del mundo.
Empresa que sin embargo no acaba de poder ingresar a una ciudad que a ratos parece sin ley, con corporaciones policiacas e instituciones que no garantizan la seguridad.
Y no podrán hacerlo, al menos mientras tengamos un estado con funcionarios y representantes populares que se vuelven vergonzosos rehenes de grupos que no dudan en recurrir a la violencia para lograr sus fines.
