San Luis Potosí, SLP.- Las comisionadas Lcda. Julieta Méndez Salas, Dra. Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez y la Lcda. Celia García Valdivieso participan en la reunión de Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas del país para analizar las reformas a la Ley General de Víctimas con el objetivo de analizar los principales cambios de la más reciente reforma a la Ley General de Víctimas y su impacto operativo en los ámbitos federal y local, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 03 de enero de 2017.
En la inauguración participaron Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos (SEGOB); Sara Irene Herrerías Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (PGR); Álvaro Vizcaíno Zamora, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SEGOB); Rubén Vasconcelos Méndez, encargado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Director General de la Asesoría Jurídica Federal (CEAV), y Margaret Spears, de la Oficina de Justicia y Seguridad Ciudadana de USAID/México.
El evento se enmarca en las acciones que realizan conjuntamente la CEAV y el Programa Promoviendo la Justicia (PROJUSTICIA/USAID) para fortalecer el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México y consolidar los procedimientos, acciones y principios operativos para la atención, asistencia y protección de las personas en situación de víctima en el país.
En este evento la Comisionada Dra. Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez participó exponiendo el tema “Principales cambios de la Reforma a la Ley General de Víctimas que impactan la operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”, que forma parte de los temas que se analizan en relación a la operación del modelo de atención a las personas en situación de víctima.
Durante esta reunión, los y las participantes destacaron que esta actividad refuerza la colaboración que existe entre la CEAV y sus contrapartes estatales, así como también afianzar los trabajos de armonización legislativa que ya realizan algunos estados, como San Luis Potosí, que tienen un tiempo límite para llevar a cabo las modificaciones pertinentes de conformidad con lo establecido en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.
