Otro funcionario carrerista tibio… Elias Pesina es un títere de Olga Lidia Contreras y Ricardo Quibrera

San Luis Potosí, SLP.- Tras una orden del poder judicial de la federación, donde condena que la Secretaría de Seguridad Pública y Oficialía Mayor tiene que indemnizar al Dr. Eluid Pacheco Rayón por la cantidad de 4 millones de pesos y tras haberse girado una ordenado un embargo sobre la Secretaría, ello con apoyo de la 12ava zona militar.

Ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública gestionó por sexta vez que oficialía mayor, hiciera el pago correspondiente, incluso el titular de esta dependencia Elias Pesina, giró orden e instrucciones para que se pagara dicho laudo laboral, para de esta manera evitar ser exhibidos como una administración pasiva y dolosa, sin embargo quedó claro que la orden girada por el Oficial Mayor de nada sirvió, pues los empleados medianos no hicieron caso de ello.

Tras la orden girada por uno de los hombres más cercanos a Juan Manuel Carreras como lo es Elias Pesina, en el sentido de pagar dicho laudo laboral, el calvario y mayor problema para la administración carrerista fue cuando el asunto y la instrucción de Pesina, llegó a manos de Olga Lidia Contreras Martínez y a Jorge Ricardo Quibrera Hernández, quienes supuestamente por su capricho han retrasado el pago.

‘Yo creo que no han querido pagar los tipos antes mencionados porque se me hace que quieren quedarse con mi indemnización o vender mi plaza, ello con el amparo del SUTSGE’, dijo el profesional de la medicina.

Ante ello el médico sólo exigió sus derechos ante la federacion la cual fue otorgada.

Sin embargo al encontrarse detenido el pago y con el riesgo de embargar a la SSPE con militares, el Doctor acudió ante la Secretaría de la Función Pública federal, para iniciar proceso por la conducta lesiva y dolosa de Olga Lidia Contreras, así como también en contra de Ricardo Quibrera.

Pero eso no fue todo, pues también Pacheco Rayón acudió ante la Procuraduría General de la República, Función Pública, La Secretaria de Hacienda, ello con el fin de que se investigue a los señalados por presunto enriquecimiento ilícito, siendo ésta y otras autoridades quienes deslinden responsabilidad.