San Luis Potosí, SLP.- Aprovechando la visita del candidato de Morena-PT-PES a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, un grupo de ejidatarios y vecinos autodenominados Las Cabañas, denunciaron y acusaron públicamente a Lorena María Valle Rodríguez, esposa del gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, así como a Patricia Eugenia, Blanca María y Lucila del Carmen, hermanas de la primera, y a Salvador e Isaac, de apellido Valle Robles (sobrinos) por los presuntos delitos de despojo, abuso de autoridad, tráfico de influencias y daños a las cosas.
El grupo Las Cabañas, de la localidad Aquiles Serdán, ubicado en el municipio de Charcas y con menos de 500 habitantes, señaló en un documento entregado en mano del candidato presidencial, que la familia Valle Rodríguez ha incurrido en actos que lesionan el patrimonio y forma de vida de cientos de familias, al ignorar y promover actos indebidos para apropiarse de dos mil 800 hectáreas de los que aseguran ambas partes, forman parte de su patrimonio.
En el documento, Las Cabañas relata que en el año 2000, el finado padre de las acusadas, Don Salvador Valle Echenique, celebró un contrato de servidumbre de paso de un ducto con el ejido Aquiles Serdán, mismo que atraviesa todo el terreno parcelado y conduce agua para una pila que servía de abrevadero de ganado vacuno propiedad del finado.
Señalaron que a cambio, Don Salvador permitió a los ejidatarios y vecinos utilizar el terreno en cuestión para pastear ganado, sustraer productos vegetales como lechuguilla, ixtle, leña, cabuches y buscar escamoles.
Además los ejidatarios comenzaron desde ese año a sembrar maíz, frijol, calabaza y avena, permitiéndoles agenciarse recursos para su subsistir.
Desde el año 2000, cuando falleció Don Salvador, nadie se presentó ante los ejidatarios para requerir por la entrega o desalojo del terreno y fue hasta el 2015 cuando los ejidatarios decidieron interponer un juicio por prescripción positiva en el juzgado de Venado, dado que cumplían los requisitos para apropiarse legalmente del terreno, como el haber estado cinco años en posesión y que esta fuera de forma pública, pacífica, ininterrumpida y de buena fe.
Al iniciar el juicio, en el Registro Público de la Propiedad de Venado, se encontró con que el predio tenia registradas unas escrituras de donación desde el 2012, sin embargo, éstas no fueron oficialmente registradas hasta 2014.
El asunto quedó registrado en el juicio 162/2015. El problema verdadero, señalan en su escrito, es que cuando Juan Manuel Carreras López ya fungía como gobernador del Estado, ordenó al alcalde de Charcas, Luis Armando Colunga González, presentarse ante los ejidatarios para “arreglar las cosas”.
El arreglo, indican, era que se dejara pendiente el juicio iniciado en Venado, situación que de buena fe aceptaron los ejidatarios, confiando en la palabra del gobernador del estado. En principio, los ejidatarios fueron atendidos personal y telefónicamente por una persona identificada como Horacio Lobo, quien se identificó como encargado por el propio gobernador, de atender el asunto.
Las llamadas de pronto ya no fueron contestadas, ni las visitas a Palacio de Gobierno atendidas, poniéndoles diversos pretextos durante todo un año.
En el inter, el verdadero problema afloró, pues los ejidatarios detectaron que una persona ingresó al terreno en cuestión, misma que se identificó como Néstor García Puente, presuntamente ex candidato a la alcaldía de Santo Domingo, quien ingresó con animales al área destruyendo alambradas y tomando posesión del terreno.
Al ser cuestionado, dijo que tiene un poder firmado por Patricia Eugenia, Blanca María y Lucila del Carmen, todas de apellido Valle Rodríguez, sin embargo, no aparece la firma de Lorena Valle, lo que deja sin presunta validez el documento.
Ante ello, los ejidatarios denunciaron ante el Ministerio Público de Charcas, y aseguran que el agente Francisco Morales les dijo que tiene órdenes superiores de no darle seguimiento al asunto, dejando a los ejidatarios en la indefensión legal y con el juicio suspendido de buena fe ante las promesas del gobernador.
En el documento dirigido a López Obrador, señalan además que el grupo de ejidatarios ha sido denunciado en la Mesa de Delitos de alto Impacto con sede en San Luis Potosí, por la familia Valle Rodríguez, por los mismos delitos de despojo con violencia y daños a las cosas, situación que aseguran, es completamente falsa pues la familia no ha tenido posesión jurídica y plena del terreno.
El documento afirma que Andrés Manuel será presidente de la República, por lo que demandan que se castigue a quien resulte responsable, sea quien sea, por haberlos despojado ilegalmente y haber sido traicionados por promesas de Carreras López.
