Desde el 2016 al 2018, el gobierno de San Luis Potosí ha gastado 708.8 millones de pesos en el rubro de seguridad pública, y sin embargo, la seguridad está vuelta un desastre. A la par del aumento en los delitos, se mantiene una alta percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía que con impotencia observa que los hechos criminales trascienden de las páginas de la sección policiaca a la portada de los diarios.
En tres años del gobierno de Juan Manuel Carreras, prácticamente todos los delitos han aumentado, y aunque en los últimos meses se ha notado una ligera baja en el número de denuncias, no se ha conseguido regresar a los niveles del año previo a la administración del actual mandatario.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2015, se denunciaron 19 mil 658 delitos en todo el estado, la cifra se incrementó a 28 mil 613 delitos en 2016, y llegó a 35 mil 179 en 2017, lo que implica un incremento de 78.95 por ciento en la incidencia delictiva en tres años, desde que comenzó la actual administración estatal.
El discurso del gobierno estatal sigue siendo pretendidamente tranquilizador: San Luis Potosí sigue siendo un estado seguro. Así lo repiten como un mantra el gobernador y los funcionarios del gabinete de seguridad.
En mayo pasado, el vocero de la SSPE, Armando Oviedo presumió una pírrica disminución de la incidencia delictiva del 3.02 por ciento, en comparación con el mismo mes de 2018. ¿De veras se puede ser optimista con una reducción de 3 por ciento a lo largo de un mes cuando tenemos un aumento superior al 78 por ciento a tasa anual?
Volviendo al gasto en materia de seguridad, el gobierno de Juan Manuel Carreras dispuso de 276.4 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en su primer año de gestión (2016): Ese año, la incidencia delictiva creció 45.55 por ciento, con respecto al 2015.
De los recursos gastados en seguridad en 2016, 221.1 millones fueron aportaciones del gobierno federal y 55.3 millones de pesos de la administración estatal.
Según el Mecanismo de Evaluación y Transparencia del FASP, cuyos resultados publica la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) la mayor cantidad de recursos se invirtió en el Sistema de Justicia Penal: 72.3 millones de pesos. El rubro que ocupó la segunda posición por la cantidad de dinero gastada fue Infraestructura y Equipamiento con 70 millones de pesos y en tercero, Desarrollo y Certificación Policial 45.9 millones de pesos.
Durante el 2017, la incidencia delictiva aumentó 22.94 por ciento, en comparación con 2016. Ese año, la administración carrerista ejerció 275.4 millones de pesos del FASP, (220 aportación federal y 55.1 mdp aportación estatal).
El Mecanismo de Evaluación revela que el año pasado el mayor monto, 89.9 millones de pesos, se destinó a Infraestructura y Equipamiento, mientras que 36.1 millones se gastaron en Prevención del Delito de Alto Impacto y 24.3 millones de pesos en Desarrollo y Certificación Policial.
Llama la atención que el rubro de Prevención de delito de alto impacto casi cuadruplicó sus recursos, pues de 10.7 millones de pesos en 2016 pasó a 36.1 en 2017. Pero los delitos de alto impacto se multiplicaron en 2017.
Hay que añadir que de 2016 faltan 11.7 millones de pesos del FASP por aplicar, según la plataforma de la CNS, y de 2017, faltan 13.6 millones Pendiente por aplicar.
Por lo que respecta a 2018, en pleno agosto, apenas se han ejercido 9.7 millones de pesos del FASP están pendientes por aplicar 141.2 millones de pesos, de los cuales 119.6 son recursos federales.
Del poco dinero ejercido, cabe destacar que 5 millones han sido destinados a Desarrollo y Certificación Policial, y hay 5.9 millones de pesos comprometidos en el rubro de Infraestructura y Equipamiento.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública. El FASP atiende a los cinco Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se orienta a los diez Programas con Prioridad Nacional:
- Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública.
- Desarrollo, profesionalización y certificación policial.
- Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial.
- Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios.
- Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes.
- Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.
- Sistema nacional de información para la seguridad pública.
- Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas.
- Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.
- Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.
Llama la atención, que en el rubro de búsqueda de personas, en 2016 no se invirtieron recursos, en 2017 se invirtieron 0.4 millones de pesos, y en lo que va de 2018, tampoco se ha invertido en este tema.
FORTASEG
Aunado a los recursos del FASP, en 2018, seis municipios potosinos recibirán 120 millones de pesos del Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg): San Luis Potosí capital, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Rioverde y Tamazunchale.
Valles, Matehuala, Tamazunchale y Rioverde, recibieron 12 millones de pesos cada uno. Soledad recibió 13.9 millones de pesos, lo que implicó una reducción del 7.1 por ciento, con respecto a 2017, según información periodística basada en cifras oficiales.
La capital por su parte, recibió 73.1 millones de pesos, 3.8 millones menos que el previo 2017.
Por lo menos en lo que respecta a la capital del estado y Soledad, ni siquiera es necesario checar los datos para decir, sin faltar a la verdad, que en ambas localidades la inseguridad y la violencia han crecido.
Matehuala, ha vivido una oleada de violencia en meses pasados, al igual que otros municipios del territorio potosino.
Los delitos patrimoniales que afectan directamente a un mayor número de potosinos también van en aumento. Los medios locales han documentado el crecimiento en el robo a negocios, a casa habitación, de vehículos y a transeúntes. También se han recrudecido la violencia de género, los feminicidios y las violaciones sexuales.
Si se sigue con atención la prensa durante el sexenio de Juan Manuel Carreras, un hecho como el violento robo a una joyería en la Plaza de la Mujer, en el corazón del Centro Histórico, podría decirse que un escenario así ya se veía venir.
Hace un año, en julio de 2017, La Orquesta ya advertía de un alarmante incremento en el robo a negocios, para esas fechas el robo a negocios se había disparado hasta en un 204 por ciento, y ya era evidente un aumento del 361.81 por ciento en los robos con violencia. Es decir, los “amantes de lo ajeno”, empezaban a dejar atrás el “boquetazo” para acceder a establecimientos.
A los llamados de atención de la prensa, las autoridades, desde el vocero de Seguridad Pública, Armando Oviedo; el Secretario Jaime Pineda, hasta el gobernador Juan Manuel Carreras, siempre han respondido diciendo que se sigue trabajando la coordinación entre corporaciones y tratando de destacar los diversos operativos. Pero la realidad es muy difícil de contradecir.
AGOSTO, OTRO MES CRUEL
El jueves 2 de agosto, el ataque armado en el bar La Cumbia ubicado en Los Reyitos, dejó tres muertos y tres lesionados.
Ocho días después el viernes 10 de agosto, otro ataque armado a otro bar, esta vez en la Avenida Pedro Moreno, a unas cuadras de distancia de La Cumbia, dejó cuatro víctimas mortales y otros tres lesionados.
Siete días después, el viernes 17 de agosto fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos personas que fueron colgados sobre un puente peatonal que atraviesa el bulevar del Río Santiago, a la altura de acceso norte, en San Luis Potosí.
El 19 de agosto, un grupo de sujetos armados asaltó a empleados y comensales de un restaurante de mariscos, ubicado en acceso norte.
Los hechos de alto impacto, no acabaron allí, el martes 21, un asalto a mano armada en una joyería ubicada en la Plaza de la Mujer, a espaldas del Palacio de Gobierno, frente a la Plaza Fundadores, volvió a perturbar la tranquilidad de los potosinos.
Para rematar, el pasado 23 de agosto fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba en el interior de una camioneta estacionada en la calle Otahegui de la zona Centro de la capital potosina, atrás de la sede de la Fiscalía General del Estado. El montaje incluía una manta con un mensaje que no fue revelado por las autoridades. Elementos militares especializados en explosivos acudieron conforme el protocolo para revisar el vehículo, descartando que hubieran artefactos de peligro.
INFORME
El gobernador Juan Manuel Carreras se perfila hacia su tercer informe de gobierno, donde seguramente destacará los avances de San Luis Potosí en materia de desarrollo económico, generación de empleos, combate a la pobreza y otros rubros, ¿y de la seguridad, qué dirá?
Cortesía: La Orquesta
