San Luis Potosí, SLP.- La asociación de fe y esperanza denunció a medios de comunicación el problema que vive la señora Alicia quien en 2011 perdiera a su marido por desaparición forzada, en 2014 la propia Alicia fue notificada para que desalojara su hogar debido a que este se encontraba hipotecado por el banco Banorte, situación que la señora desconocía y por la que tuvo que deshabitar el domicilio.
El desalojo se dio el pasado mes de febrero por lo que la asociación civil se dio a la tarea de interponer un amparo ante el juez sexto de distrito el cual se resolvió en favor de Alicia, sin embargo el juez sexto del ramo civil decidió negar el amparo.
«En 2018 fue cuando la despojan del domicilio, posteriormente nos conceden la suspensión provisional; luego con la intervención del banco rentan aún cuando la casa ya estaba en posesión de la señora y vuelven a perder su domicilio. El juez de distrito dice que ella no tiene las facultades y que no se vio afectada en su esfera jurídica y le niega su calidad de vida» dijo.
Cabe señalar que la ley de víctimas de desaparición forzada marca que después de un acto de esta naturaleza se cancelan contratos para no revictimizar a las personas involucradas. Al momento se tiene dos casos donde las familias de las víctimas fueron afectadas.
