
San Luis Potosí, SLP.- El presidente municipal de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, analiza la posibilidad de contratar mas deuda para el Ayuntamiento de la capital potosina mediante un crédito que le permita operar en el primer tramo de su gestión, debido a que, ha dicho a sus cercanos, los compromisos le quitan posibilidad de maniobra para llevar a cabo obras y proyectos de campaña y debe apuntalar, además, sus aspiraciones a gobernador de la entidad.
A quince días de iniciada su gestión, sus colaboradores, enredados en conflictos de interés, lazos familiares y de negocios, han hecho evidente el desconocimiento de la administración pública y han complicado la buena marcha del nuevo gobierno, cancelando, de inicio, las cuentas bancarias de la institución, despidiendo luego a 400 empleados sin mas amparo que la incondicionalidad del gobernador para que actúe a su favor el tribunal de conciliación y arbitraje, pero es hora que no le entienden a la distribución del gasto, los fondos y mucho menos a la clasificación de la deuda.
Para cubrir su ineptitud, tanto el oficial mayor, Oscar Valle Portilla y su primo, el tesorero Rodrigo Portilla Díaz, han recomendado al presidente municipal sumar todos los compromisos financieros de corto plazo, proveedores, laudos y deuda bancaria para desplegar una campaña en contra de los integrantes del Ayuntamiento 2015-2018 que encabezó el perredista Ricardo Gallardo Juárez, responsabilizándolo del total de los pasivos construidos en los últimos 20 años por alcaldes panistas y priístas y al mismo tiempo, buscar respaldo social para la contratación de un préstamo.
Los poderosos primos Valle Portilla y Portilla Díaz han concluido que ante la situación la única salida es alegar que les dejaron endeudado el Ayuntamiento y que esa poderosa razón les obliga a contraer mas deuda para enfrentar los compromisos de la Administración.
La deuda municipal, antecedentes
El Ayuntamiento de San Luis Potosí trabajaba con normalidad hasta que la deuda se convirtió en una herramienta para que los ediles, de los últimos 25 años, en su mayoría panistas, realizaran obras para lucimiento personal, mas que para atender el creciente desarrollo de la capital potosina pero, a partir de 1993 se convirtió en la mejor estrategia de ataque y desprestigio político; la inauguró, sí, el entonces gobernador Horacio Sánchez Unzueta (tío Político de Nava Palacios). El blanco en aquel momento fueron los ex gobernadores Fausto Zapata Loredo (qpd) que tan solo en 15 días de mandato habría solicitado algunos créditos y Gonzalo Martínez Corbalá (qpd). Martínez Corbalá se defendió mediante la publicación de un documento hecho por su quien fungió como su secretario de finanzas, Miguel Angel Cuadra Palafox (qpd).
A partir de entonces cada sexenio los gobernadores utilizan de pretexto el endeudamiento para contratar mas créditos y como justificación para ocultar errores de entrada y falta de obra pública, persecución política y penal; lo mismo ocurre en casi todos los Ayuntamientos, lo que obligó a reformar las leyes y a que la Secretaría de Hacienda impusiera nuevos candados. En este proceso, el Congreso del Estado, en pasadas legislaturas, aprobaban la contratación de créditos que deberían incluir una cantidad para repartir entre los diputados a manera de incentivos para obras en su municipio o gestiones, ayudas, despensas o simplemente como un “moche” justificado con argumentos legaloides y sociales.
Guillermo Medina de los Santos fue el último presidente municipal priísta que entregó el municipio con finanzas sanas, pasaron luego Guillermo Pizzuto Zamanillo, navista pero llegó por el PAN y no hizo grandes cosas por San Luis Potosí pero entregó cuentas sanas, Le siguieron Mario Leal Campos, luego un breve paso de Fernando Silva Nieto en un consejo municipal, el priísta Luis García Julián (qpd) comenzó a tener problemas con la falta de recursos lo que se desfasó en la administración de Alejandro Zapata Perogordo, Marcelo de los Santos, Octavio Pedroza y Jorge Lozano Armengol, todos panistas.
Vino entonces la priísta Victoria Labastida y tuvo que enfrentar el desorden que le dejaron Pedroza Gaitán y Lozano Armengol (principales impulsores políticos de Nava Palacios) ya con muchos compromisos que se acabaron de complicar en la administración 2012-2016 con Mario García Valdés cuando la deuda superó los límites permitidos según observaciones hechas en su momento por al Auditoría Superior del Estado.
Para enfrentar la crisis financiera, Mario Garcíasolicitó en 2014 dos créditos, para reestructurar los pasivos, uno por 190 millones de pesos y otro por 273 millones de pesos con el banco Bansi, los compromisos ascendían entonces a 713 millones de pesos. Mario Justificó en su momento el pago de deudas que contrajo su antecesor, el panista Jorge Lozano Armengol.
A la llegada de Ricardo Gallardo Juárez a la alcaldía capitalina en 2015, los compromisos de la administración superaban los mil 500 millones, según lo dijo en su momento cuyo escándalo era el contrato que firmó el Ayuntamiento con la empresa PANAVI por mil 300 millones de pesos mediante el decreto 953 del 30 de Enero del 2015 cuyos socios incluyen a los empresarios Carlos Torres Rodríguez del clan Torres Corzo, y Juan Carlos Valladares Eichelman, del clan Valladares, junto con Juan Cristobal Salinas, mejor conocido como “el charro”, hijo del ex presidente Carlos Salinas, para instalar lamparas led por toda la ciudad por un monto de mil 300 millones de pesos; el escándalo duró todo el trienio gallardista.
Pago a proveedores y contratistas heredó García Valdés a la gallardía por 366 millones y 54 millones de pesos según se dijo en los primeros días de Octubre del 2015, de impuestos, los antecesores habían heredado mas de 115 millones de pesos a la alcaldía perredista.
Las calificadoras comenzaron a evaluar mal la capacidad crediticia del Ayuntamiento y se trabajó entonces para sanear las finanzas, vino un conflicto con la empresa recolectora de basura, beneficiada por el Ayuntamiento panista que encabezó Jorge Lozano Armengol.
Antes, el nivel de endeudamiento en el Ayuntamiento llegó en 2011, durante la administración de Victoria Labastida, a 500 millones de pesos. En 2012 fue la catástrofe, hubo incumplimiento de pagos, para entonces, la administración de Mario García del PRI-Verde, la deuda alcanzó su máximo histórico, 793 millones.
Con Gallardo Juárez concluyó el contrato de las papeleras instaladas por la ciudad para el deposito de basura de mano, tras 15 años de concesión, no se renovó el convenio que representaba una erogación de 10 millones de pesos anuales. El servicio de recolección de basura fue un motivo de conflicto entre la empresa Vigue y el Ayuntamiento perredista; al concluir la administración de Mario García, suspendieron el servicio alegando la falta de pago por 100 millones de pesos.
Vigue reportó en 2015 pasivos por casi 300 millones con el Ayuntamiento de San Luis Potosí y mantenía abiertos juicios y embargos contra la autoridad capitalina.
Al arribo de Xavier Nava Palacios como presidente municipal, el tema de la deuda ha vuelto a ser instrumento político para responsabilizar al de atrás alegando deudas y corrupción mientras prepara la solicitud de un nuevo crédito para el Ayuntamiento, que deberá contar con la aprobación del Congreso del Estado.
El edil Nava Palacios trabaja con sus colaboradores en la fundamentación de la solicitud y de acuerdo con versiones de sus propios funcionarios, ya se tiene apalabrado con al menos tres instituciones bancarias, las condiciones de contratación de un nuevo crédito, mientras se elabora y despliega la estrategia mediática orientada culpar de la deuda histórica a su antecesor.


