San Luis Potosí, SLP.- Gabriel Rosillo, contralor general del Estado, confirmó que la Auditoría Superior de la Federación comenzó una serie de auditorías a 19 de los 34 municipios que recibieron recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero del año fiscal 2017, recurso que fue gestionado por los ex diputados federales: Erika Briones, Xavier Nava, Cándido Ochoa, Marco Gama, Ruth Tiscareño, Delia Guerrero, Fabiola Guerrero, Christian Sánchez y Ángeles Rodríguez.
El funcionario explicó que la Auditoría Superior de la Federación solicitó a Gobierno del Estado y la dependencia que él encabeza, que notificaran a los municipios sobre el requerimiento de información que se les hace sobre el recurso ejercido para las obras, pero recalcó que el gobierno potosino es meramente un notificador o mensajero, no realizará las auditorías.
Dijo también que durante 2017 un total de 34 municipios recibieron participaciones de dicho fondo, también conocido como Ramo 23, pero sólo se solicitó información a 19, y que será en los primeros días de diciembre cuando concluya el plazo que tienen los ayuntamientos para comprobar la correcta ejecución del dinero, pero será hasta febrero de 2019 cuando la Auditoría Superior de la Federación decida e informe si realiza una auditoría exhaustiva a alguno de los 19 municipios, lo que, de no haberse ejercido de manera correcta y comprobarse, podría significar complicaciones legales para quienes intervinieron en la ejecución de las obras.
Ahora serán los ex diputados quienes deberán aclarar a los potosinos la correcta ejecución de los recursos, pues el dinero del Ramo 23 popularmente es conocido como “fondo del moche”, por lo que no se duda que le hayan metido las uñas.
