El alcalde Nava contrató a una “playmate” venezolana como responsable de la imagen institucional

San Luis Potosí, SLP.-. El alcalde panista de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, contrató a una mujer venezolana de nombre María Fernanda Castrillo en el área de diseño institucional en la Dirección de Comunicación Social cuando su perfil laboral es el de una “playmate”, como es percibida por el personal de la administración municipal.

Por su belleza y cuerpo escultural, su presencia en la Unidad Administrativa Municipal atrae la mirada furtiva de la mayoría de los directores de origen panista y los distrae de sus actividades, la buscan y le solicitan diversos trabajos de imagen y diseño para tener pretextos para estar cerca de ella.

Sin conocerse su estatus migratorio, si tiene permiso para laborar en suelo mexicano, Nava Palacios la impuso como diseñadora al lado de Anaís Capablanca, cuñada del secretario general Sebastián Pérez, violando la Constitución local que da preferencia a los nacidos en San Luis Potosí para ocupar cargos públicos.

En su perfil de Facebook sin ningún pudor exhibe fotos donde aparece semidesnuda con fina lencería color negro, en posiciones muy sugerentes, excitantes y provocadoras de la imaginación masculina, ya mostrando sus glúteos o sus senos turgentes.

Tiene 764 seguidores, entre ellos algunos funcionarios muy cercanos al alcalde Nava, como su asistente personal, Marco Antonio Escamilla; el panista Miguel Maza e incluso parientes políticos de Nava como Carlos Ávila son otros de sus contactos.

Además de sus fotos eróticas, María Fernanda Castrillo muestra fotos de la resistencia contra el presidente Maduro.

Al alcalde Nava no le importó lo que establece el artículo 23 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí:

“Los potosinos, en igualdad de circunstancias, tendrán preferencia frente a los nacidos en cualquier otra parte del territorio de la República Mexicana o a los extranjeros, para obtener toda clase de concesiones, empleos, cargos o comisiones del gobierno, en que no sea indispensable la calidad de ciudadano potosino”.