Aprueban valores catastrales para 28 municipios sin aumento

San Luis Potosí, SLP.- En sesión ordinaria el pleno de la LXII Legislatura aprobó por unanimidad los decretos que fijan los valores de suelo urbano y rústico, así como de construcción, ejercicio fiscal 2019, de los municipios de Ahualulco, Cerritos, Villa de Reyes, Alaquines, Armadillo de los Infante, Catorce, Cedral, Cerro de San Pedro, Charcas, Guadalcázar, Huehuetlán, Matehuala, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Rioverde, Tamazunchale, Salinas, San Nicolás Tolentino, Santo Domingo, Vanegas, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz, Villa de Ramos, Villa Hidalgo, Villa Juárez y Zaragoza.

Para estos ayuntamientos no se autorizaron incrementos en sus valores catastrales de suelo y construcción para el próximo año, por lo cual se mantendrán los valores con que cuentan en este 2018.

Se retiró del orden del día y regresado a la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal el dictamen que fijaba los valores de suelo urbano y rústico, así como de construcción, ejercicio fiscal 2019, del municipio de Santa María del Río.

Antes de este asunto, se regresó al Poder Ejecutivo del Estado, al no obtener una votación con mayoría calificada ya que sólo fueron 14 votos a  favor y 13 en contra, su propuesta que buscaba ratificar en el cargo de Magistrado Numerario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al Licenciado José Armando Martínez Vázquez, mismo que ocuparía del trece de diciembre del dos mil dieciocho y, en su caso, hasta el plazo que señala el artículo 97 de la Constitución Política del Estado.

Lo anterior porque la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado, establecen la facultad de Poder Legislativo para elegir, ratificar o remover, en su caso, o por término del encargo, a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, previa observancia de las disposiciones, formalidades y requisitos establecidos, los integrantes de las comisiones que dictaminan, en base al principio general de derecho tocante a que las autoridades sólo puedan hacer lo que la ley les faculta, y al ser atribución de esta Soberanía únicamente elegir, o ratificar magistrados con base en las propuestas del Poder Ejecutivo.

Fue aprobado por unanimidad un punto de acuerdo que presentó la diputada Martha Barajas García para que el Congreso del Estado exhorte a la Secretaría de Salud en el Estado, a las representaciones del IMSS y del ISSSTE en San Luis Potosí, para que se proporcione a está Soberanía, información de cuantos casos de atención médica domiciliara han atendido en los últimos años y que sectores sociales se han visto beneficiados.

En caso de no haber ofrecido el servicio de atención médica domiciliaria; informe si tienen detectadas las causas por las cuales no fue brindado este servicio, a que tienen derecho los beneficiarios de estas Instituciones de Salud.

En el punto de acuerdo aprobado se señala que en San Luis Potosí, las instituciones públicas de salud, que más prestan servicios a las familias Potosinas son: los servicios propios del Estado, IMSS e ISSSTE; y las tres se encuentran obligadas a prestar servicios de atención médica domiciliaria.

Sin embargo, esta Soberanía no conoce los resultados de tales acciones gubernamentales en beneficio de los potosinos; por lo que es pertinente se nos proporcione la información respecto del número de personas que son atendidas mediante este servicio, para que este Congreso del Estado pueda ser facilitador en la inclusión de los servicios de salud.

Se aprobó por mayoría, con 22 votos a favor y 1 en contra, derogar el párrafo segundo del artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí, al contravenir lo dispuesto por el artículo 17 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; la Convención

Americana de Derechos Humanos; el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

El artículo 15 de la ley mencionada establece que: El monto de la indemnización por daños materiales se calculará de acuerdo a los criterios establecidos por la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación del Dominio por Causa de Utilidad Pública para el Estado de San Luis Potosí y el Código Civil del Estado, y demás disposiciones aplicables, debiéndose tomar en consideración los valores comerciales o de mercado en el momento en que sea ocasionado el daño, y no deberá ser inferior, tratándose de inmuebles, al valor catastral.

El segundo párrafo derogado establecía lo siguiente: Solamente serán procedentes aquellas reclamaciones de indemnización que sean superiores a sesenta unidades.

En la exposición de motivos del dictamen aprobado se señala que derogar el párrafo segundo del artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí no representa en ningún momento una afectación a las finanzas de los entes públicos, dado que la mencionada ley establece que en el presupuesto se deberán incluir partidas destinadas para cubrir las responsabilidades patrimoniales; además de preverse las indemnizaciones que no hayan podido ser pagadas en el ejercicio inmediato anterior.

Es necesario agregar que la responsabilidad patrimonial del Estado también termina por abonar a la mejora administrativa, toda vez que se convierte en un procedimiento para eficientar la calidad en los servicios; dado que si el Estado no pretende gastar su presupuesto en el pago de indemnización, debe hacer una mejora constante, que permita evitar actividades administrativas irregulares.

Fue aprobado por mayoría, con 24 votos a favor y 2 abstenciones, el acuerdo con proyecto de resolución que establece que la LXII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí acepta parcialmente la “Recomendación no vinculante a los Poderes Ejecutivo, y Legislativo de las entidades federativas, relacionada con la selección de jueces y magistrados”.

Además, que  las acciones concretas derivadas de la aceptación parcial de la referida recomendación será la conformación de mesas de trabajo con la finalidad analizar y discutir las adecuaciones legales necesarias, conjuntamente con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en aras de unificar criterios que en su conjunto permitan dar cabal cumplimiento a la aceptación de la parte específica de dicha Recomendación, impulsando el pleno respeto a la función tutelada por el propio Poder Judicial.

Se aprobó por unanimidad autorizar a la Dirección General de los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, a desincorporar y dar de baja del inventario general de bienes muebles e inmuebles, mediante la modalidad de compra-venta en subasta pública, cuarenta y tres vehículos de su propiedad, y diversos bienes muebles.

Fue aprobado por unanimidad autorizar al ayuntamiento de San Ciro de Acosta donar a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) un terreno propiedad de dicho municipio, ubicado en la carretera San Ciro – Jalpan y la calle Constitución de la Cruz, con la finalidad de construir una clínica, con una superficie de 3.071.57 metros cuadrados, inscrito en el Instituto Registral y Catastral de San Luis Potosí, S.L.P., con el número 2275 a fojas 65-68 del tomo 2038 de escrituras públicas, de fecha 2 de marzo de 2011.

A petición de la Comisión de Gobernación, se declaró la caducidad a dos puntos de acuerdo de la LXI Legislatura de los turnos con los números 6245 y 6386.

Se aprobaron los dictámenes que desecharon por improcedentes iniciativas que pretendían reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí; así como las solicitudes de Rioverde para continuar procesos de licitación y contratación de obras debido a que ya sobrepasó el ejercicio de la administración municipal 2015-2018; y de Venado para autorizar donación de hectárea a Unión de Ejidos del Altiplano A.C.

En la sesión ordinaria también se turnó a las comisiones legislativas respectivas diversa correspondencia enviada por Poder Legislativo; demás Poderes del Estado; entes autónomos y paraestatales; ayuntamientos y organismo paramunicipal; Poder Federal; Poderes de otras entidades del país; Particulares; Iniciativas y Punto de Acuerdo.

En asuntos generales las diputadas y diputados María del Consuelo Carmona Salas, Alejandra Valdés Martínez, Marite Hernández Correa, María Isabel González Tovar, Angélica Mendoza Camacho, Edgardo Hernández Contreras, Pedro César Carrizales Becerra, Oscar Carlos Vera Fábregat, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, José Antonio Zapata Meraz y Mario Lárraga Delgado participaron, por separado, en la Tribuna Legislativa para desarrollar diversos tópicos.

Agotados los asuntos agendados se convocó al pleno de la LXII Legislatura a sesión ordinaria programada a las 10 horas del  viernes 14 de diciembre del año en curso en el salón “Ponciano Arriaga Leija” ubicado en la sede del Congreso del Estado de Jardín Hidalgo número 19.