La reencarnación de la Ecuación Corrupta

Por: Ángel Castillo Torres

Algo se está pudriendo en el Congreso del estado// Prometieron ser diferentes// Sospechas de corrupción y tráfico de influencias// 3.5 millones de pesos al mes se utilizan para pagar favores políticos// La cleptocracia reina //El derecho a la indignación.

El siniestro fantasma de la corrupción deambula una vez más por los pasillos del Congreso del estado. Se pasea como Reina y Señora escondida bajo las sombras y tomada de la mano de algunos diputados y diputadas que le sirven de lacayos.

La última vez que supimos de ella fue cuando conocimos de la existencia de aquella pestilente trama llamada “La Ecuación Corrupta”.

Quién no recuerda el escándalo que provocó el video dado a conocer un 12 de junio de 2017 en el que observamos al diputado panista Enrique Flores Flores ofrecer al alcalde de Ébano, Crispín Ordaz, limpiar el sucio historial de su cuenta pública a cambio de un 10 por ciento del monto de lo robado.

Dos años después de este vergonzoso incidente parece que la Señora Corrupción ha regresado a pervertir a los diputados.

El reciente descubrimiento de la organización “Ciudadanos Observando” en el que se documenta con pruebas y datos duros el uso discrecional y opaco de 3.5 millones de pesos al mes para pagar “asesores” y “auxiliares administrativos” así lo confirma.

Todo indica que los diputados de la 62 legislatura se están esforzando para arrebatarle el título de la peor legislatura de la historia a quienes les precedieron en el Congreso.

Prometieron ser diferentes, pero….

Cuando tomaron posición de su cargo aquel 15 de septiembre de 2018 los actuales diputados y diputadas estaban conscientes de que la imagen de los legisladores estaba por los suelos. Sus antecesores se habían encargado de arrastrarla por el lodo.

Por ello prometieron ser diferentes, no repetir los mismos errores. Pero ahora sabemos que fue una promesa falaz, que su ofrecimiento es pura simulación.

Quienes mayor compromiso tenían con el cambio eran los diputados del bloque mayoritario formado por Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social. Se llenaba la boca para decirnos: “No somos iguales”, “Vamos a denunciar cualquier acto de corrupción”, “Seremos un verdadero freno y contrapeso de los otros poderes del Estado”.

Con esta declaración de principios quería hacernos creer que asumían el compromiso de su líder moral, Andrés Manuel López Obrador, para dar vida a “Un Cambio Verdadero” y que serían unos cruzados en las batallas para «purificar la vida pública de México”.

Pero, ¡oh decepción!, la mayoría de los legisladores de la Cuarta Transformación (4T) ya se han visto involucrados en actos con apariencia de corrupción en complicidad con diputados del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Conciencia Popular y Verde Ecologista. Muy pocos se salvan. La “Ecuación Corrupta” ha reencarnado en ellos.

No aprendieron de la amarga experiencia que vivieron los diputados de la anterior legislatura. Han subestimado la capacidad de indignación de la sociedad que se expresa a través de la opinión pública, las redes sociales, las movilizaciones callejeras y la denuncia. Minimizan el poderío de las leyes de transparencia y acceso a la información pública que ahora permiten a los ciudadanos vigilar, controlar y denunciar los abusos de autoridad y el robo de las arcas públicas.

Cleptocracia.

¿Cómo definir la conducta de algunos diputados y diputadas que piensan que tienen derecho a lucrar con los recursos públicos ya sea a través de cobrar “moches”, utilizar facturas apócrifas para justificar “ayudas sociales”, limpiar cuentas públicas, autorizar salarios exorbitantes a sus “asesores”, otorgar trabajo a familiares y amigos, utilizar vehículos oficiales para uso personal, realizar tranzas a través de la oficina de compras o cargarle los costos de sus viáticos  al erario público para realizar turismo legislativo?

Hay en el diccionario de ciencias políticas un vocablo que define con exactitud esta conducta: Cleptocracia.

Esta patología es el ejercicio del poder basado en el robo del dinero público, institucionalizando la corrupción y sus derivados como el nepotismo, el clientelismo político y el peculado, de forma que estas acciones delictivas quedan impunes debido a que todos los sectores del poder están corrompidos, desde la justicia, los funcionarios y todo el sistema político, incluidos desde luego los señores diputados y las señoras diputadas.

Frente a estos extravíos en el ejercicio del poder hay que hacer uso de ese derecho que aunque no está en la Constitución General de la República, ni en las leyes secundarias, siempre está a nuestro alcance: El Derecho a la Indignación. Esa pasión para revelarse y tomar acciones que frenen y castiguen a los corruptos, sentenciándolos a una muerte civil, repudiándolos. Vigilándolos y denunciándolos cuando abucen del poder para que no tengan sosiego. Señalándolos con índice de fuego. Huir de ellos como si tuvieran lepra.