Prohibir la comida chatarra. ¿En San Luis Potosí, para cuándo?

Ángel Castillo Torres.

Entre tantas malas noticias que nos sacuden día con día, llegó a mis ojos una que me hizo recobrar la confianza en la parte luminosa de la vida. Al estar inspeccionando la prensa nacional del pasado 5 de agosto me topé con la primicia de que el Congreso de Oaxaca acordó reformar la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir la venta, regalo, distribución y promoción de comida chatarra entre los menores de edad.

La noticia es trascendente porque por primera vez un estado de la república decide a través de su Poder Legislativo enfrentar y poner un alto a los intereses económicos de la industria productora de “comida chatarra” y adoptar medidas que protejan la salud pública. Gran lección para nuestros diputados locales que ahora deberán tomar nota de este acontecimiento y replicar una ley como la aprobada en Oaxaca. Los más obligados son los diputados y diputadas que integran la Comisión de Dictamen Legislativo de Salud.

¿Por qué es importante la decisión que tomaron los diputados y diputadas de Oaxaca? Veamos.

Afirman los expertos que México vive una epidemia de obesidad. El 73% de los adultos y el 35% de los niños y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, es decir, un total de 60.6 millones de personas (el 52% de los mexicanos) sufren de esta condición.
Nuestro país ocupa el vergonzoso primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad entre adultos; solamente nos ganan los Estados Unidos.

La obesidad y el sobrepeso son problemas asociados a los hábitos de alimentación y al sedentarismo de la población. Aunque también los bajos ingresos de las familias son determinantes.

Muchos niños y adultos por necesidad, aprendizaje o comodidad han incorporado a sus hábitos de alimentación la ingesta de productos “chatarra”.  Esta costumbre alimenticia causa diabetes y propicia el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer.

Los gobiernos, federal y local, se ven obligados a gastar miles de millones de pesos para atender con tratamientos médicos y medicinas a los enfermos con sobrepeso, obesidad  y diabetes. Pero además, estos males provocan la pérdida de calidad de vida en los enfermos.

Por eso ha sido tan aplaudida ésta  reforma que se aprobó en Oaxaca con los votos de  los diputados y diputadas de todos los partidos políticos que hicieron a un lado sus ideologías y legislaron en favor de la sociedad.

Esta decisión recibió de inmediato el beneplácito del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) y de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), así como de varias organizaciones no gubernamentales.

Se sumó a la celebración el controvertido y famoso Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Hubo desde luego protestas y descalificaciones de parte de quienes salieron perjudicados con estos cambios y prohibiciones.

Las empresas productoras de comida chatarra y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) intentaron impedir la reforma al Artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes de Oaxaca que estableció la prohibición, distribución, donación, regalo, venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto contenido calórico a menores de edad. Es importante destacar que además este nuevo ordenamiento jurídico prohíbe la instalación de máquinas expendedoras de golosinas y refrescos en toda la entidad oaxaqueña, así como la venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior.

Hay que decir a manera de conclusión que la “comida chatarra” es un veneno que daña la salud no solo de la población de Oaxaca, en todos los estados de la república se padece este problema. Así que es válido preguntar: ¿Y en San Luis Potosí cuándo se promoverá una ley como ésta?

Nuestros legisladores y legisladoras locales tienen la palabra.