22 julio, 2026

SLP, epicentro de difusión ilícita de imágenes

19 diciembre, 2023

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Lo que comenzó en un momento de debilidad, confianza o cualquier otra circunstancia, terminó en convertirse en un infierno. Así, en los últimos años la tecnología se convirtió en el verdugo de miles de personas que vieron expuesta públicamente su intimidad.

En casi 8 años, San Luis Potosí, el municipio más poblado de la entidad potosina, concentró el 50 % de las investigaciones ministeriales abiertas por el delito de difusión ilícita de imágenes.

Entre el año 2016 el 31 de octubre del 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió mil 184 carpetas de investigación por dicho ilícito, de las cuales se desglosan de la siguiente manera:

Informa que en el año 2016 abrió 18 averiguaciones; 103 en el año 2017; 114 en el año 2018; 146 en el año 2019; 171 en el año 2020; 227 en el año 2021; 218 en el año 2022; y 187 entre los meses de enero y el 31 octubre del año 2023.

De estas, la Agencia del Ministerio Público responsable de las averiguaciones reporta que se registraron mil 189 víctimas.

Con lo anterior, se evidencia el incremento sustancial con el paso de los años, ya que en los primeros 5 años del período en comento cada anualidad las investigaciones aumentaron más y más.

Por ejemplo, si se comparan las cifras del 2016 con las del 2017 el alza fue de 85 casos, o sea, 472.22 % más. Ahora bien, si se contrasta el 2016 con el 2021 el aumento fue de 209 asuntos, que equivale a 1,161%.

ACCESIBILIDAD PERVERSA

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2022, informa que el 65.1 % de los hogares potosinos en la entidad cuentan con acceso a internet.

El reporte elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que el 75.1 % de la población es usuaria del internet, el 75 % utiliza teléfono celular y el 90.3 % cuenta con un televisor.

Señala que los y los usuarias de teléfono celular, según el tipo de equipo utilizado, se observa que la tendencia se mantiene con el incremento en el uso de celular inteligente o también denominado smartphone.

En la respuesta a la solicitud de información con folio 24046982300069, mediante el expediente UT-SI-P-698-2023, la Unidad de Transparencia de la Fiscalía, precisa que, de las mil 184 carpetas de investigaciones iniciadas, 593 correspondieron a víctimas habitantes de la capital potosina, es decir, ahí se concentraron el 50%.

El mismo fenómeno se observa en otras urbes potosinas, ya que el segundo municipio de mayor incidencia fue Soledad de Graciano Sánchez con 177 denuncias.

Si se suman ambas ciudades que componen la Zona Metropolitana, este sector geográfico acumularía el 65 % de los hechos delictivos.

Otros municipios urbanizados con la misma problemática fueron: Ciudad Valles con 71 denuncias; Matehuala con 60; y Rioverde con 45 carpetas de investigación.

Como sucede con otros delitos, la mayoría de las víctimas son mujeres, pues del total de personas afectadas 945 corresponden a mujeres [79.47 %], 161 a hombres [13.54 %] y 83 se desconoce el sexo [6.98 %].

Por lo tanto, queda claro que las zonas urbanas donde se tiene mayor acceso a las tecnologías de la información, es donde los criminales cometen la divulgación de contenido sexual sin  el consentimiento de la persona afectada.

BRAZO DEL ESTADO

El artículo 187 del Código Penal del Estado, determina que perpetra el delito de difusión ilícita de imágenes íntimas quien, transmita, publique, o difunda imágenes, sonidos o grabaciones de contenido sexual, que pueden o no contener texto, obtenidas con o sin el consentimiento de la víctima, sin autorización para su difusión.

La comisión del mismo implica una penalidad de 3 a 6 años de prisión y multa de 300 a 600 días del valor de la unidad de medida de actualización (UMA), que equivale de 31 mil 122 a 62 mil 244 pesos.

Establece que aumentará hasta en una mitad más, cuando entre otras acciones, sea cometido por la o el cónyuge, o por persona que esté, o haya estado unida a la víctima por alguna relación de afectividad, aún sin convivencia; y la víctima fuese menor de edad o persona con discapacidad.