Con el fin de garantizar y fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal o consuetudinaria, la Comisión de Justicia analiza una reforma a diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí.
La iniciativa establece que estas medidas deberán establecer acciones afirmativas respecto a niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, afromexicanas, con discapacidad, en situación de migración o desplazamiento o en exclusión social.
Con estas modificaciones, se busca establecer concordancia con la legislación federal, en Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para eliminar el “matrimonio infantil”, también denominado matrimonio a edad temprana, que hace referencia a cualquier unión civil, religiosa y consensual en la que al menos uno de los contrayentes es menor de 18 años, y que merman el adecuado funcionamiento de nuestra sociedad, circunstancia indispensable para el disfrute de otros derechos fundamentales.
Varios factores se asocian con el matrimonio o la unión antes de los 18 años, entre ellos la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades y “la desigualdad de género y los estereotipos culturales, profundamente arraigados en nuestras sociedades, que ven con normalidad que las niñas se casen o sean madres en la adolescencia, mucho antes de que tengan las condiciones físicas y emocionales para hacerlo”.
El matrimonio infantil y las uniones tempranas vulneran una serie de derechos, entre ellos el derecho a la salud de las niñas y adolescentes, el derecho la educación, el derecho a su bienestar y a disfrutar su infancia y, en general, el derecho a desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la vida.
El derecho a la salud se ve afectado principalmente por la incidencia que está práctica tiene sobre los embarazos infantiles y adolescentes con importantes consecuencias negativas en la salud de las menores y la de sus hijos, particularmente de aquellas que se embarazan antes de los 15 años.
La iniciativa se analiza al interior de la Comisión de Justicia.
