San Luis Potosí, SLP.- El proceso electoral de 2025 para la elección de jueces, magistrados y ministros en México se anticipa como uno de los más caros de la historia reciente. Según estimaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), los costos podrían oscilar entre 13 mil y 15 mil millones de pesos, superando así el gasto de la elección presidencial, que fue de alrededor de 9 mil millones de pesos.
El consejero electoral Uuc-Kib Espadas Ancona afirmó en una reciente rueda de prensa que, aunque el presupuesto final no está aún determinado, el INE está trabajando en la recopilación de información junto al Consejo de la Judicatura Federal para identificar las vacantes y los cargos que se someterán a votación.
Este incremento en los costos se debe a la complejidad de la elección, que involucra la selección de numerosos cargos judiciales, un proceso que, según el INE, presenta retos logísticos y operativos no anticipados por el organismo.
Espadas Ancona destacó que este nuevo proceso electoral presenta retos sin precedentes para el INE. A diferencia de la elección presidencial de 2024, que no conllevó dificultades significativas para la institución, la elección judicial contará con un mayor número de candidatos, lo que podría generar boletas más extensas y un conteo más complicado en las casillas. Esto, añadió, podría demorar el proceso de escrutinio y requerir nuevas soluciones logísticas que el INE está analizando cuidadosamente.
El INE anticipa que el presupuesto requerido para llevar a cabo esta elección será considerablemente mayor que el de la elección presidencial de 2024, debido a la magnitud y complejidad del proceso. Aunque la cifra exacta aún está en revisión, el consejero afirmó que el costo de esta elección será “una inversión necesaria” para garantizar un proceso electoral transparente, confiable y de calidad.
“No es barato llevar a votar en condiciones democráticas a la población en un país como el nuestro. Preparar el país para este tipo de elecciones no es un gasto menor”, indicó al recordar que el costo por persona en la pasada elección presidencial fue de 80 pesos por votante, y el INE espera que el costo por ciudadano en la elección judicial sea similar, si no mayor».
Espadas también planteó la inquietud sobre la disponibilidad de recursos para el proceso electoral. Señaló que confía en que el Congreso apruebe el presupuesto sin recortes, dado que el INE ha asumido nuevas responsabilidades en la organización de esta elección, lo que conlleva gastos adicionales.
En cuanto a la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de dialogar directamente con la Corte sobre la reforma judicial, Espadas Ancona expresó que el diálogo es un componente esencial de la política democrática. A su parecer, la Secretaría de Gobernación tiene facultades para manejar estas cuestiones, y el hecho de que no haya un contacto directo no implica que no exista una comunicación fluida en otros espacios.
Ante la duda sobre la posibilidad de que alguien que no sea abogado pudiera ocupar los cargos judiciales, Espadas Ancona explicó que, según la ley y la Constitución, los candidatos deben ser abogados, con la evaluación de un comité técnico especializado, por lo que es muy difícil que alguien sin estas características pueda ser considerado para la lista de candidatos.
Respecto a la reforma electoral que otorga mayores facultades a la presidenta del INE para asignar direcciones, expresó que a su juicio, la reforma es un retroceso porque debilita el poder del colectivo del INE, ya que transfiere ciertas atribuciones a la Junta General Ejecutiva por encima del Consejo General, el cual, según él, es el órgano encargado de lograr consensos.
“Este cambio en la reforma no soluciona problemas anteriores. La ley ya preveía que, en caso de no consensuar, la presidencia podía nombrar encargados de despacho, y así se hizo en la pasada elección presidencial”, agregó Espadas.
