Ni el Congreso del Estado ni el gobierno Estatal impugnaron la resolución del juez tercero de distrito que obliga a reformar los artículos de la constitución local y del código penal que penalizan el aborto en San Luis Potosí.
Integrantes de la colectiva por la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) informaron que se cumplió el plazo de 10 días después de la notificación de la resolución del juzgado tercero de distrito para que se presentara alguna impugnación.
Al respecto, destacaron que el Congreso del Estado y el gobierno estatal se habían comprometido a acatar la resolución, y vencido el plazo para las impugnaciones no hubo tal, por lo que ahora están a la espera de que el Congreso derogue las normas ya declaradas inconstitucionales, eliminando la redacción discriminatoria, y atienda las diversas iniciativas ciudadanas de las organizaciones para proporcionar el correcto servicio médico para la interrupción voluntaria del embarazo, con estricto apego a los derechos humanos.
Con esto, queda firme la despenalización que ya se dio desde el 23 de septiembre, fecha desde la cual, ninguna mujer, persona gestante o personal médico que coadyuve en una interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 12 semanas, puede ser sancionada penalmente.
