San Luis Potosí, SLP.- La Colectiva ILE celebró que la Fiscalía General del Estado (FGE) no esté judicializando actualmente casos de aborto, luego de obtener una victoria en el juicio de amparo 765/2024. En una conferencia de prensa, María Serrano e Idalia Montiel, integrantes de la colectiva, informaron que, tras realizar una solicitud de información a la FGE sobre si se estaba persiguiendo el delito de aborto en mujeres o personas gestantes que interrumpieran voluntariamente su embarazo dentro de las primeras 12 semanas, recibieron la respuesta de que no se está llevando a cabo dicha persecución.
«Se llega a la conclusión que si éstas Representaciones Sociales cuentan o llegaran a tener un hecho con apariencia de delito de Aborto señalado en el artículo 148 fracciones I y II, articulo 149 y 150 fracción III del Código Penal de San Luis Potosí, no sería posible continuar con la judicialización de la carpeta de investigación, ni continuar los procesos penales contra mujeres o personas gestantes que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, ello derivado de la sentencia del expediente 765/2024 emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en el Noveno Circuito que declaró la inconstitucionalidad de dichos artículos», les respondió.
Agregaron que ahora solo falta que el Congreso del Estado reforme los artículos correspondientes para formalizar la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 12 semanas.
«Es importante hacer énfasis en este punto, puesto que ha habido desinformación e interpretaciones incorrectas que pueden hacer que mujeres y personas gestantes se sigan poniendo en riesgo y no busquen apoyo con el sector médico particular o con grupos acompañantes para la interrupción, por miedo a ser castigadas», aseveró.
Aclararon a los grupos conservadores, como el Consejo Coordinador Ciudadano, que la despenalización del aborto dentro de las primeras 12 semanas ya es un hecho. Explicaron que el Poder Legislativo solo debe ajustar la redacción de las normas penales y asegurar el acceso a servicios de salud, para evitar riesgos sanitarios en una práctica que, aunque común, fue clandestina hasta hace poco, y que ahora debe regularse desde una perspectiva de derechos humanos y bajo la supervisión del Estado.
