San Luis Potosí, SLP.- El Colectivo Praxis Combativa calificó como «ilegal” el polémico aumento en la tarifa del transporte público colectivo. De acuerdo con el colectivo, el ajuste de $1.00 MXN, que elevó la tarifa de $11.50 a $12.50, contradice el artículo 94 de la Ley de Transporte Público del Estado y representa un incremento del 106.5% sobre lo que establece la legislación vigente.
El citado artículo 94 señala que las tarifas deben ajustarse anualmente con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). En este contexto, el INPC acumulado en 2024 fue del 4.21%, lo que implicaría un incremento de $0.48 MXN, redondeado a $0.50 para alcanzar una tarifa final de $12.00 MXN.
«El acuerdo publicado el 15 de enero no presenta evidencia ni relación de las unidades que cumplen con los estándares de calidad necesarios para justificar este aumento tarifario. Esto no solo atenta contra la legalidad, sino también contra el derecho a la movilidad del pueblo potosino», denunciaron.
Además del cuestionado ajuste tarifario, el señalaron que el servicio actual incumple requisitos fundamentales establecidos por la ley, como la antigüedad máxima de 10 años de las unidades, la instalación de cámaras de seguridad y la funcionalidad de los botones de pánico. Según datos oficiales, 261 unidades operativas superan el límite de antigüedad, mientras que otras 382 no cuentan con información al respecto.
Se enfatizó que la responsabilidad de estas deficiencias recae directamente en los concesionarios, a quienes acusaron de operar bajo intereses de lucro que chocan con el derecho humano a la movilidad. En contraste, señalaron que iniciativas públicas como Metrored ofrecen un servicio más eficiente y accesible, destacando la necesidad de que el Estado retome progresivamente la administración del transporte público.
Ante esta situación, Praxis Combativa anunció que presentará amparos para evitar el cobro de la tarifa y acudirá a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para interponer una queja formal. También hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a la defensa del derecho a la movilidad y a presentar acciones colectivas contra lo que calificaron como “un atropello tarifario.»
«Llevaremos estas demandas hasta sus últimas consecuencias y seguiremos trabajando para que los intereses empresariales no se impongan sobre los derechos de las y los potosinos”.
