San Luis Potosí, S.L.P.- Un nuevo escándalo está a punto de estallar en San Luis Potosí, involucrando al abogado Raúl Jair Chávez Aranda, conocido en la capital potosina por su trabajo en diversas causas legales, y a la síndico municipal, Ma. Del Rosario Vita Hervert, luego de que fuentes cercanas al área de Recursos Humanos del municipio filtraran información sobre una serie de demandas laborales contra la administración municipal, que involucran presuntos actos de corrupción y falsificación de documentos.
Según las acusaciones, tanto la síndico municipal como el abogado Raúl Jair Chávez Aranda estarían colaborando en un esquema ilegal para manipular contratos laborales, mutilándolos y presentándolos como si fueran renuncias voluntarias de los trabajadores. Este acto no solo vulnera los derechos laborales, sino que también podría constituir un delito grave, el de falsificación de documentos.
De acuerdo con el Artículo 250 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, la falsificación de documentos es un delito que se castiga con penas de uno a cinco años de prisión y una sanción económica que oscila entre cien y quinientos días del valor de la unidad de medida y actualización. Este tipo de conductas, si se confirma, no solo dañan la integridad de los empleados municipales, sino que también afectan la confianza pública en las instituciones.
Hasta el momento, se han identificado al menos cuatro expedientes que han llegado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en los cuales se evidencian documentos que han sido alterados y mutilados, según señalan los denunciantes. El expediente más relevante y notorio es el número 840/2024 M 5, que actualmente está en revisión por las autoridades laborales.
Se teme que, de no detenerse estas prácticas, pronto se presenten denuncias penales contra la síndico Ma. Del Rosario Vita Hervert y el abogado Raúl Jair Chávez Aranda, quienes, en caso de ser hallados culpables, enfrentarían graves consecuencias legales.
Lo que agrava aún más la situación es que Raúl Jair Chávez Aranda se encuentra en la lista de elegibles para el próximo proceso de elección judicial, propuesto por el Poder Legislativo del estado. Dada la gravedad de las acusaciones en su contra, se solicita una revisión a fondo de su honorabilidad y ética profesional, cuestionándose si es adecuado que un personaje involucrado en tales actos ilícitos tenga la responsabilidad de impartir justicia en el futuro.
El escándalo podría tener repercusiones no solo para los involucrados, sino también para la administración municipal y la credibilidad de las instituciones locales, por lo que se mantiene una espera de cómo se desarrollarán los hechos en las próximas semanas.
