San Luis Potosí, SLP.- Por un presunto caso de usurpación de la profesión, la empresa VEM, arrendataria de los terrenos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en Lomas Cuarta Sección, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la abogada general de la universidad, Urenda Queletzú Navarro Sánchez.
Fabián Espinosa Díaz de León, representante legal de VEM S. A. de C. V., acudió a las instalaciones de la FGR para presentar la denuncia por el delito de usurpación de profesión, contemplado en el artículo 250 fracción II, inciso b) del Código Penal Federal. La acusación se basa en que Navarro Sánchez se presenta como doctora, a pesar de contar únicamente con el grado de licenciatura.
La ley establece que ostentar un título profesional o ejercer una profesión sin la debida autorización, conforme a las disposiciones del artículo 5 constitucional, puede implicar una pena de entre uno y seis años de prisión, además de una multa que oscila entre cien y trescientas UMAS.
Según la denuncia, Navarro Sánchez ha utilizado el grado de doctora en comunicados oficiales. Sin embargo, al consultar el Registro Nacional de Profesionistas, solo aparece registrada con la Licenciatura en Derecho, con el número 4792349, expedida en 2006.
Para confirmar esta información, la empresa revisó el directorio oficial de la UASLP, donde también se encontró que Navarro Sánchez figura como doctora, a pesar de no contar con la acreditación correspondiente.
“Por lo que se desprenden la comisión de hechos que pudiera tener la apariencia delictiva de usurpación de profesión previsto y sancionado en el artículo 250 fracción II, inciso b) del Código Penal Federal, por la cual se endereza la presente denuncia de hechos”, detalló la empresa en el documento presentado ante la FGR.
Además, en la denuncia se señala que Navarro Sánchez habría amenazado a la empresa VEM, que tiene el contrato de arrendamiento de los terrenos en Lomas Cuarta Sección, advirtiendo que si no se construyen únicamente canchas deportivas, el contrato podría ser rescindido.
Este conflicto ha generado polémica, ya que originalmente se había acordado la construcción de canchas deportivas, pero posteriormente se reveló que en el sitio se planea construir un centro comercial. El contrato de arrendamiento establece un pago anual relativamente bajo de 3.5 millones de pesos.
