San Luis Potosí, SLP.- El activista Juan Felipe Cisneros Sánchez criticó las deficiencias en los lineamientos para el manejo de los recursos destinados a las comunidades indígenas y expresó su rechazo a la designación de Mario Godoy Ramos como representante del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en San Luis Potosí, en sustitución de Martín Esteban Reyes.
Cisneros Sánchez señaló que recientemente se dieron a conocer los lineamientos del programa FAIS, mediante los cuales la Tesorería de la Federación transferirá directamente recursos a las comunidades indígenas para que los destinen a obras de infraestructura básica. Explicó que para este año el presupuesto asciende a 502 millones de pesos, de los cuales el 10% será para las comunidades, el 11% para el Gobierno del Estado y el 79% quedará en manos de las presidencias municipales.
“Al revisar los lineamientos FAIS hay deficiencias, algunas como el no considerar el registro en el catálogo de comunidades indígenas para definir si una comunidad debe ser elegible o beneficiada. Tan es así que en la asignación presupuestal de Bienestar hay localidades que no son indígenas. El catálogo de comunidades debe ser un instrumento de las instituciones para identificar al sujeto de derecho y al beneficiario de las políticas públicas orientadas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Si no, cualquiera puede entrar a los beneficios”, comentó el activista.
Agregó que también se han presentado quejas por la manera en que la Secretaría de Bienestar está gestionando los recursos del FAIS, sin tomar en cuenta las particularidades y el reconocimiento legal de las comunidades indígenas.
“Pues esta institución solo le interesa derramar los recursos, pero de manera mecánica, sin considerar la importancia de reconocer la personalidad jurídica de la comunidad que se encuentra ahora reconocida en la constitución”, señaló Cisneros Sánchez.
El activista explicó que las deficiencias en los lineamientos fueron señaladas por consejeros del Consejo Nacional Indígena en varios estados, lo que obligó al director general del INPI, Adelfo Regino, a intervenir ante la Secretaría de Bienestar para exigir correcciones. Esta situación causó tensión entre algunos funcionarios estatales de Bienestar, lo que llevó a que la secretaria de Bienestar y el INPI rindieran cuentas públicamente en una conferencia mañanera el pasado 21 de marzo.
“Dicha situación obligó a la secretaria de Bienestar y al INPI a estar de nueva cuenta en una mañanera del 21 de marzo dando cuenta a la opinión pública, mientras en privado seguía el jaloneo”, mencionó.
Cisneros Sánchez también acusó que la designación de Mario Godoy Ramos como representante del INPI en San Luis Potosí fue impulsada por la influencia política de Ernestina Godoy Ramos, quien actualmente ocupa un cargo en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
“Utilizando su posición política-administrativa, su influencia y poder; coadyuvaron para cobijar y promover la designación de Mario Godoy Ramos como representante del INPI en San Luis y prácticamente se lo están imponiendo al director general del INPI. Todo ello en franca oposición a la política de Claudia Sheinbaum que ha pugnado por poner un alto al nepotismo, bueno, tal parece que ahora lo tiene al lado de su despacho”, afirmó Cisneros Sánchez.
El activista señaló que Mario Godoy no es el único familiar de Ernestina Godoy que ocupa un cargo en la administración pública, ya que, según fuentes públicas, al menos otros cinco familiares también reciben ingresos del erario.
Además, Cisneros Sánchez aclaró que Mario Godoy no es indígena, a pesar de haberse auto adscrito afromexicano en 2018 y ahora, en 2025, como rarámuri.
“Él fue trabajador del INI, CDI en tiempos de Salinas, Fox y Calderón. Se sabe que se retiró de manera voluntaria y recibió una buena cantidad por ello. ¿Ya habrá devuelto los recursos para poder reingresar, porque la ley no permite esto?”, cuestionó Cisneros Sánchez.
